EscucharLos diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron en segundo debate el proyecto de ley para sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea.
Se trata de una iniciativa que reforma la Ley del Impuesto sobre la Renta (7.092) para evitar que algunos contribuyentes se libren de pagar impuestos por una porción de sus ganancias en el extranjero; pero que, según el Ministerio de Hacienda, también incluye una nueva “exoneración” para algunas empresas.
La votación en segundo debate se llevó a cabo este 7 de septiembre, con un resultado de 29 diputados a favor y 16 en contra. Sin embargo, aún no recibe la firma definitiva por parte del presidente Rodrigo Chaves y sigue bajo amenaza de veto por parte del Poder Ejecutivo.
A favor votaron los congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Partido Liberal Progresista (PLP) y el Partido Nueva República (PNR); mientras que en contra se manifestaron los legisladores oficialistas del Partido Progreso Social Democrático y los del Frente Amplio (FA). A estos últimos solo se sumó el liberacionista José Joaquín Hernández: el único diputado que rompió la línea de su bancada.
Según los cálculos de Hacienda, la supuesta “exoneración” que se habría aprobado con el proyecto reduciría los ingresos esperados por el Estado en unos ¢21.287,2 millones, provenientes de una serie de procesos de reclamación que se mantienen en curso.
También, dice Hacienda, se eliminaría el sustento jurídico para cobrar otros ¢9.254,3 millones anuales, a partir de la eventual entrada en vigencia de la enmienda.
¿De qué se trata esta nueva reforma al Impuesto sobre la Renta y a quiénes afecta? EF le explica los detalles de la iniciativa.
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El proyecto
El proyecto de ley se planteó con la idea de sacar a Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal de la Unión Europea (UE).
Costa Rica entró en esa lista en febrero pasado, luego de que ese bloque de naciones determinara que la legislación del país permite una doble no imposición a personas físicas y jurídicas por sus ganancias en el exterior, cuando hacen inversiones pasivas.
Específicamente, el impuesto de renta se cobraría a las “empresas de papel” y no a aquellas que demuestren tener una actividad económica real en Costa Rica, con personal, infraestructura y riesgos de operación.
Las rentas pasivas son aquellas que una persona recibe sin participar activamente para ello. Tal es el caso de inversiones financieras o bursátiles, ganancias de capital, alquileres, entre otras.
El punto del conflicto
No obstante, subsanar ese vacío no fue lo único que planteó el proyecto de ley finalmente.
El texto agregó una aclaración al artículo primero de la Ley de Impuesto sobre la Renta sobre un tema que ha generado polémica en los últimos años.
Específicamente, la reforma señaló que Hacienda ahora tendría que entender por rentas “de fuente costarricense” solo las que se generen exclusivamente en el territorio nacional, y que “deberá entenderse el territorio nacional según los límites geográficos establecidos en el artículo 5 y artículo 6 de la Constitución Política”.
Este cambio parece sencillo, pero impediría que el Ministerio de Hacienda siga cobrando el impuesto sobre la renta a empresas formales por sus ganancias en el extranjero, cuando hayan sido generadas con recursos obtenidos dentro del país.
Según declaraciones del ministro Nogui Acosta, podría decirse que entonces se aprobaron “dos proyectos de ley” en un mismo expediente; “una propuesta para sacar a Costa Rica de la lista gris y un proyecto que creó una exoneración para las rentas extraterritoriales de las empresas costarricenses”. El jerarca se refirió con esas palabras sobre el proyecto este 8 de septiembre, en el programa Nuestra Voz que transmite en Radio Monumental.
“Tal vez la gran preocupación que tenemos nosotros es que en algún momento había la posibilidad de que a ciertas empresas, que realizan su actividad empresarial en Costa Rica y que hacen inversiones en el exterior, le estábamos pudiendo cobrar impuestos sobre esas inversiones y ayer (tras la votación) eso quedó cerrado. A mí me parece que eso lo tenemos que discutir, que era una discusión que no tenía que plantearse en este tema de la “lista gris”
— Nogui Acosta, ministro de Hacienda
Posición contraria
Acosta argumentó que el cambio se trata de “una exoneración injusta”, con efectos “para un grupo de empresas con muchísimo poder económico”. Sin embargo, los diputados que defienden el cambio consideran que se trata de una simple aclaración a la Ley del Impuesto sobre la Renta.
Desde su punto de vista, el Ministerio de Hacienda utiliza actualmente un criterio errado para cobrar este tipo de tributos a ganancias obtenidas en el extranjero, sin que realmente tenga una base suficiente en la legislación nacional para ello.
“Escuché al ministro de Hacienda decir en una entrevista radial que ellos usan un concepto diferente de ‘territorio nacional’; pero no, señores, acá no se hace lo que a cada quién se le pega la gana”, opinó el diputado Eliécer Feinzaig, jefe de fracción del Liberal Progresista, durante la discusión del proyecto. “Para eso existe la Constitución Política y ni la Sala Constitucional, ni mucho menos el Ministerio de Hacienda, pueden decir que rentas generadas en otros territorios puedan ser gravadas”, añadió.
La posición de Feinzaig también la defienden profesionales de firmas especializadas en derecho tributario como Grant Thornton, Deloitte o ICS Abogados en Costa Rica. No obstante, la posición actual de Hacienda ha sido respaldada por fallos de la Sala I y de la Sala Constitucional.
De hecho, la Sala Constitucional rechazó una serie de acciones de inconstitucionalidad que presentaron los bancos Promerica, Lafise y BAC Credomatic, en un fallo de octubre pasado.
“Es evidente, entonces, que si la empresa accionante es una empresa domiciliada en Costa Rica, su fuente productora de renta es costarricense y el capital invertido en el extranjero es costarricense, (y) los rendimientos obtenidos forman parte de los ingresos gravables de la empresa en Costa Rica, pues existe una vinculación económica entre los ingresos producidos en el extranjero y la fuente productora de la empresa domiciliada en Costa Rica”, redactaron los magistrados.
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El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirma que el proyecto de ley genera una "exoneración injusta" en favor de contribuyentes que hoy deben pagar renta por ingresos en el extranjero. (Rafael Pacheco )
El impacto fiscal
Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, difundidas por el diputado Jonathan Acuña del Frente Amplio, el gobierno podría perder unos ¢21.287,2 millones de recaudación del impuesto de renta con la reforma legal recién aprobada por los diputados.
Ese dinero corresponde al que Hacienda ya busca cobrar a través de 25 procesos de reclamación a contribuyentes que no han pagado, precisamente por considerar como erróneas las interpretaciones de la Dirección General de Tributación y de los tribunales sobre el concepto de ganancias “de fuente costarricense”.
Asimismo, Hacienda estimó que podría perder hasta unos ¢9.254,3 millones anuales por impuestos que ya no podría reclamar si se pone en marcha la reforma.
Para llegar a ese número, el Ministerio utilizó como base que se aplique una tasa del 30% a los créditos registrados en la balanza de pagos por concepto de rentas de inversión en cartera.
Según redactó el diputado Acuña, esa es la disyuntiva que planteaba el texto. “Debemos decidir: ¿está bien quitar ese impuesto a grandes capitales (si, quitar, porque con las reglas vigentes deben pagar ya)?”, escribió en la red social X (antes Twitter).
La amenaza de veto
El presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, evitó adelantar si vetaría o no el proyecto de ley. “Va a ser una decisión muy difícil, la cual no voy a anticipar”, dijo el 6 de septiembre pasado, un día antes de la votación en el Congreso.
No obstante, el ministro Acosta ya se había manifestado a favor del veto, pues consideró que sería lo más “responsable”.
La decisión definitiva la tendrán que tomar ambas autoridades y está en el aire.
El texto se aprobó de manera definitiva el 7 de septiembre pasado y el gobierno tiene un plazo de 10 días hábiles para decidir si lo firma o si lo objeta, una vez que lo haya recibido.
De ser vetado por el Gobierno, los diputados deberán rechazar el proyecto, modificarlo y aceptar las observaciones del Ejecutivo, o intentar conseguir una votación favorable de 38 congresistas para omitir las recomendaciones que eventualmente haga el Ejecutivo.
¿Y la “lista negra”?
Que Costa Rica se mantenga o no en la “lista negra” de la UE es, precisamente, el problema de fondo.
La Unión Europea realizará a mediados de mes su última revisión semestral de cumplimiento o incumplimiento de los cambios tributarios que pidió a Costa Rica para salir de la lista de “no cooperantes” y, si la administración decide vetar el proyecto, los diputados tendrían que tomarse unas cuantas semanas adicionales para corregir lo planteado por el organismo internacional.
En otras palabras, es posible que no encajen los tiempos para arreglar la situación oportunamente.
Desde el punto de vista de Hacienda, vetar el proyecto sería la mejor decisión —aunque eso implique seguir en la lista negra otros cuantos meses.
“Creo que en la vida uno tiene que asumir responsabilidades, y si esa responsabilidad significa que debamos permanecer en la lista negra, entonces lo haremos”, dijo el ministro Acosta, el 1.° de septiembre pasado.
Pese a esas declaraciones, tras la aprobación del texto en segundo debate, el jerarca suavizó su postura y afirmó a la prensa que el gobierno analizará la situación y buscará hacer “lo que sea más conveniente para el país”.
Consecuencias negativas
Entre otras consecuencias negativas de estar en la lista de no cooperantes, el ministro Acosta afirmó al periódico La Nación en febrero pasado que la Unión Europea prohíbe canalizar dinero de varios fondos mediante entidades de países incluidos en la lista, y que se exigen requisitos de información más estrictos para las multinacionales con actividades en ellos.
Asimismo, dijo que los países de la Unión Europea podrían agregar medidas defensivas de carácter fiscal contra las operaciones en Costa Rica, como no considerar deducibles los gastos de empresas incurridos en el país, realizar auditorías reforzadas y pedir más información a los contribuyentes.
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