Costa Rica es una verdadera olla de presión. Una huelga minimizada por el Gobierno durante los primeros días calentó los ánimos en Limón, la noche de este martes, y en las afueras de la Asamblea Legislativa, la tarde de este miércoles.

Miles de citas perdidas en los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), cientos de aulas de escuelas y colegios vacíos y algunos servicios del Estado que se prestan a medias. Las consecuencias no son tan terribles como lo habían anunciado los sindicatos la semana anterior -durante su llamado a huelga-, pero las hay.

Mientras todo esto ocurre, la noche del pasado lunes 10 de setiembre, en una discreta y casi inadvertida sesión de trabajo, la Comisión Especial de Reforma Fiscal aprobó las últimas mociones de revisión al proyecto y concluyó el trabajo. El plan de ajuste de ingresos y gastos pasó a la Secretaría del Directorio Legislativo para su redacción final y podría llegar en un mes al plenario.

Así las cosas, las posiciones a favor y en contra de la reforma fiscal atizan los ánimos en el país y reviven un sentimiento no tan viejo -ni olvidado- en la sociedad costarricense: el de la polarización.

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Hace apenas cinco meses los aires electorales partieron al país entre Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Fabricio Alvarado, del Partido Restauración Nacional (PRN). El candente proceso presidencial, sin duda, dejó cicatrices sociales que todavía no sanan.

El nuevo debate conlleva el nacimiento de dos bandos: quienes apoyan la reforma fiscal que impulsa el Gobierno con el apoyo del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) frente a quienes se oponen a esta iniciativa por los ajustes a los impuestos y el recorte al gasto corriente, principalmente en salarios y pensiones.

EF ofrece cinco hechos para comprender la huelga, el avance de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en el Congreso y la posición del Gobierno.

1- Alarma sindical

Tras un leve periodo de calma de cuatro meses, los dos bloques sindicales más grandes del país crearon una nueva alianza para llamar a huelga a los empleados públicos y a todas las personas que se oponen a la reforma fiscal que impulsa el Gobierno.

Patria Justa, bloque liderado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) e integrado por agrupaciones del sector salud, municipalidades e instituciones del Gobierno Central, se unió con el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO), que recoge a sindicatos de educación principalmente, para crear la Unión Sindical y Social Nacional.

Esta organización de sindicatos convocó a una huelga nacional a partir del pasado lunes 10 de setiembre con manifestaciones regionalizadas durante ese día y el martes y con una marcha para este miércoles que arrancó a las 9:00 a.m. en la estatua de León Cortés, en La Sabana y llegó al Congreso antes de mediodía.

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Los sindicatos convocaron la marcha para oponerse a la reforma fiscal del Gobierno y para defender los pluses, anualidades y beneficios salariales que encarecen el gasto corriente del Estado y que dificultan el rango de acción del Gobierno cada año.

2- Gobierno baja el tono

Los sindicatos pretendían dar un golpe de autoridad con la huelga. La semana pasada anunciaron afectación en las atenciones de salud de la CCSS, suspensión de clases en escuelas y colegios, paralización de servicios básicos, escasez de combustible y cierre de los puertos de Moín.

El pasado domingo 9 de setiembre, el presidente de la República, Carlos Alvarado, le abrió las puertas a los sindicatos para dialogar y negociar, siempre y cuando, depusieran el llamado a huelga.

En cadena nacional, el mandatario advirtió a los gremios que el Gobierno no permitiría bloqueos de carreteras ni suspensión de servicios esenciales y así ocurrió. La noche del domingo, la Fuerza Pública tomó las instalaciones de los planteles de combustible de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y los puertos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).

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La movida del Ejecutivo golpeó las intenciones de afectación que habían proyectado los líderes sindicales. Casa Presidencial también bajó el tono ante las protestas, se encargó de resaltar -mediante múltiples comunicados de prensa- la lista de instituciones públicas que se mantienen operando en pleno y solo aceptó efectos negativos en el Ministerio de Educación Pública (MEP) y la CCSS.

De hecho, Alvarado solamente estuvo presente en la conferencia de prensa del lunes para ofrecer un primer balance de situación frente a la huelga. La atención a los medios del martes estuvo a cargo de ministros y presidentes ejecutivos de instituciones públicas, pero el gobernante no participó.

3- Reforma fiscal avanza

El lunes 10 de setiembre al final del primer día de huelga, los diputados de la Comisión Especial de Reforma Fiscal terminaron su labor y pasaron el proyecto de ley a la Secretaría del Directorio para la redacción final con el objetivo de que llegue al plenario legislativo en poco menos de un mes.

Tras un complejo proceso de negociación, el Gobierno logró que la reforma fiscal saliera menos drenada de la comisión legislativa, aunque sufrió recortes importantes, sobre todo en las intenciones de gravar algunos bienes y servicios con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia, considera que no existe una reforma fiscal perfecta, pero está satisfecho con el texto que salió de la comisión.

La primera reforma fiscal presentada por este Gobierno pretendía recaudar ¢562.000 millones por año, pero fue rechazada por la Comisión Especial. Luego llegó el texto sustitutivo con aspiraciones de obtener ¢468.000 millones anuales.

Con los cambios a probados, Hacienda perdió ¢68.000 millones de los ¢468.000 iniciales. Los ajustes más sensibles se dieron en canasta básica (¢36.000 millones), educación privada (¢27.000 millones) y otras exenciones (¢5.000 millones).

4- Crisis financiera nacional

Costa Rica está a las puertas de entrar en una crisis financiera y esa alarma viene de organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El déficit fiscal alcanzará un preocupante nivel del 7,2% del Producto Interno Bruto (PIB) al final del 2018 y podría crecer hasta el 7,5% de la producción nacional para el cierre del 2019.

El gasto destinado al pago de la deuda pública será del 53,5% para el próximo año, situación que estrujará la asignación de recursos en el Presupuesto Nacional 2019.

Las calificadoras de riesgo esperan que la reforma fiscal se apruebe este año como única señal para evitar una degradación de la deuda soberana del país. Si estos organismos internacionales bajan la nota, Costa Rica tendrá serias dificultades para obtener dinero prestado y pagar sus obligaciones básicas como salarios, pensiones y transferencias.

Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, señaló que el único camino para evitar una crisis fiscal es la aprobación de la reforma que se tramita en el Congreso.

El proyecto de ley es insuficiente para subsanar la situación financiera del país, pero al menos ofrecerá un aumento en los ingresos mediante los ajustes en el IVA y la renta y reducción en los gastos con cambios en la estructura salarial del sector público.

5- ¿Vientos de diálogo?

Todavía es temprano para saber hasta dónde llegará la huelga convocada por los sindicatos. En el Gobierno informaron que todavía no se han concertado acercamientos con los líderes del movimiento para negociar una salida.

Los gremios son tajantes y exigen al Ejecutivo que retire la reforma fiscal del trámite legislativo. En Casa Presidencial ya rechazaron -categóricamente- esta posibilidad y aseguraron que sostendrán hasta el final el proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

El pasado 30 de julio, Albino Vargas, secretario general de ANEP y un grupo de líderes sindicales entregaron al Gobierno una propuesta de reforma fiscal elaborada por ellos mismos. Esta iniciativa no proponía ningún recorte a los salarios públicos, pluses y anualidades, considerados como los principales disparadores del gasto del Estado.

Los astros finalmente se alinearon en el Congreso y una inédita unión de fuerzas entre las fracciones del PAC, PLN y PUSC permitió llevar el proyecto de reforma fiscal al escalón final para ser sometido a discusión y votación en el plenario legislativo.

Alvarado mantiene las puertas de su Gobierno abiertas al diálogo con los sindicatos y los líderes gremiales parecen querer dar un golpe de autoridad con la huelga. Eso sí, el movimiento ahora enfrenta el reto de no diluirse entre el fin de semana y la fiesta patria del 15 de setiembre.