No es un secreto. Los gobiernos del Partido Acción Ciudadana (PAC) hacen todo lo que está en sus manos para evitar la revuelta social en las calles, no les gustan las huelgas ni el ruido mediático que generan.
Para sostener esta afirmación es oportuno revisar los datos y los hechos.
El Gobierno de Luis Guillermo Solís -primero del PAC- fue una administración que redujo los niveles de conflictividad social y cosechó un relativo ambiente de paz, al menos con pocas huelgas y manifestaciones en las calles. Así lo confirman los datos del Informe Estado de la Nación 2017.
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Carlos Alvarado, segundo presidente del PAC, ha hecho lo posible por mantener ese ambiente de paz. Su episodio más conflictivo tuvo lugar el pasado 4 de julio cuando los taxistas bloquearon algunas rutas nacionales para pedir medidas contra Uber.
En pocas horas, el Ejecutivo cerró un pacto escrito con ese gremio para atender una serie de demandas y evitar nuevos problemas en las vías del país. El asuntó concluyó el pasado 4 de setiembre cuando el Gobierno “instó” a Uber a abandonar sus operaciones en Costa Rica hasta que se apruebe una normativa para los servicios de transporte de la economía colaborativa.
Los sindicatos han sido bastante tolerantes con el segundo gobierno del PAC. Algunas voces apuntan a que la presencia de Marvin Rodríguez, líder sindical de carrera, como segundo vicepresidente de la República, ha ayudado a atenuar la relación entre el Ejecutivo y los gremios.
Desde hace varias semanas Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y otros líderes sindicales de entidades descentralizadas y sector educativo empezaron a acusar una reducida voluntad de Alvarado de dialogar directamente con ellos.
Los ánimos empezaron a atizarse el 30 de mayo, cuando el Gobierno anunció 28 medidas para recortar el gasto público. La mayoría de estas acciones están dirigidas directamente a contener el pago de anualidades, pluses y otros beneficios salariales de los empleados del Estado.
Eso sí, el Gobierno trató de posponer para dentro de un año la presentación de un proyecto de ley de empleo público para cambiar la estructura salarial de los trabajadores del Estado y llevarlo a un modelo de sueldo único. Sin embargo, las negociaciones en el Congreso aceleraron la propuesta.
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Las bancadas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) dieron el apoyo al Gobierno para aprobar la reforma fiscal, pero a cambio, pidieron que se acelere el recorte del gasto en salarios con una ley de empleo público que tendrá que llegar a la Asamblea Legislativa antes de que termine el 2018.
La situación se tensó más y los sindicatos ya no pudieron resistir: la huelga que arranca este lunes 10 de setiembre parece inminente. Los líderes gremiales creen que es el momento para dar un golpe de autoridad.
Pulso añejo, nuevos actores
El pulso entre el Gobierno y los sindicatos es bastante añejo. Los gremios no quieren que se les reduzcan los beneficios, los pluses ni los salarios, pero, según ellos, sí están a favor de una solución al problema fiscal que está atando el crecimiento económico, la producción, el empleo y la capacidad de vivir mejor en el país.
El gobierno de Carlos Alvarado tiene claro que esta es la última oportunidad para arreglar las cosas -o al menos intentarlo-. La intensa negociación que se fragua en Cuesta de Moras debe dar como resultado la aprobación de la reforma fiscal con aumento en los ingresos tributarios mediante la aplicación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y ajustes en renta, pero también tendrá que generar ahorros en el gasto corriente (salarios y pensiones).
La Administración Alvarado Quesada ya dio señales de querer ahorrar -más de las que emitió Luis Guillermo Solís-, es obvio que va a enfrentar fricciones, malestar, manifestaciones y huelgas.
La olla de presión social en Costa Rica abre espacios para que las cosas se revuelvan y los sindicatos saben sacar provecho del asunto.
Los bloques sindicales Patria Justa y Bussco anunciaron una semana completa de huelga que arranca este lunes 10 de setiembre con paralización de servicios en hospitales y clínicas, suspensión de clases en escuelas y colegios, y la no recolección de basura en los 82 cantones del país.
Este sábado 8 de setiembre, los líderes de los taxistas emitieron una confusa convocatoria de huelga para ese gremio a partir del lunes a las 9:00 a.m. en una caravana que iniciará en el Paseo Colón y concluirá en la Asamblea Legislativa.
Gilberth Ureña, dirigente de los taxistas, aseguró que los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos del Congreso les “declararon la guerra” y están a favor de Uber, por eso hicieron el llamado a taxistas, porteadores, busetas y estudiantes para que apoyen su movimiento, que coincide -casualmente- con el de los sindicatos.
Carlos Alvarado envió una carta a los gremios sindicales la semana pasada para abrir un espacio de diálogo y negociación con el objetivo de que depongan la huelga.
“Les solicito comprender, con fundamento en su responsabilidad como líderes de buena parte de los grupos que están en riesgo, la situación crítica que enfrenta el país y la necesidad de que ese proyecto avance. Nadie quiere una inflación galopante, una pérdida real de salarios o un incremento de la pobreza y el desempleo”, aseveró el mandatario en la misiva.
Los sindicatos mantienen sus planes y la huelga va. EF solicitó a los encargados de prensa de los gremios las agendas o detalles sobre la dinámica de la próxima semana, pero ofrecieron información general bajo la aclaración de las cosas podría variar y los planes no están completamente establecidos.
Los sindicatos de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) también se unirán a la huelga y podrían paralizar las operaciones del puerto Hernán Garrón en Moín.
Durante la gira del presidente Alvarado por Limón, el pasado 31 de agosto, el Gobierno firmó una directriz para trasladar empleados de Japdeva a otras entidades públicas por el inicio de operaciones de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), manejada por la concesionaria holandesa APM Terminals y que implicará una reducción en la planilla del actual puerto Hernán Garrón.
Pese a las buenas intenciones del Ejecutivo por mitigar la noticia para los empleados de Japdeva, la iniciativa despertó la molestia de los sindicalistas quienes decidieron sumarse a la huelga de este lunes.
El mismo camino lo seguirán los trabajadores sindicalizados de la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) por lo que se podría dar desabastecimiento de combustible durante la próxima semana.
El plan de los sindicatos es generar la mayor afectación posible en los servicios públicos para que el Gobierno se vea presionado a ceder ante algunas de sus demandas.
Desde el Ejecutivo, las diferentes instituciones, anunciaron planes de contingencia como contratación de personal extra para cubrir servicios de salud en hospitales y de operaciones en el puerto de Moín. El Ministerio de Seguridad también puso a todos los cuerpos policiales del país a disposición para levantar bloqueos en carretera.
Adiós a la paz social
Los gobiernos del PAC priorizan el diálogo social, los espacios de consulta pública y la negociación como herramientas para evitar huelgas y manifestaciones.
El Programa Estado de la Nación (PEN) cuenta con una base de datos de manifestaciones sociales que se nutre desde 1992. La investigación, incluida en el Informe Estado de la Nación 2017, detalla que las protestas sociales se redujeron en el periodo 2014-2016, es decir, durante el gobierno de Solís.
Entre enero y diciembre del 2016, se contabilizaron 323 protestas en todo el país -incluye movimientos pequeños y grandes-, esta cifra es menor al promedio histórico de manifestaciones que es de 395 por año.
Sin embargo, la disminución en los niveles de protesta social inició en el 2014, de manera coincidente con el inicio de la Administración Solís Rivera.
El país no vivía dos años consecutivos de reducción de las acciones colectivas desde el periodo 2004-2006. En ese año, se dieron fuertes reacciones sociales a la decisión del Gobierno de otorgar la revisión técnica vehicular a una empresa privada.
La última oleada de protestas sociales ocurrió entre enero y julio del 2014. Durante esos siete meses consecutivos se registraron niveles por encima del promedio mensual de 33 acciones colectivas y en uno de esos meses se superaron las 77 protestas, cifra a partir de la cual el evento se considera de intensidad extrema.
La disminución en el número de manifestaciones entre 2014 y 2017 no se debe a otra cosa más allá que la colaboración de todos los sectores de la sociedad.
El PEN documentó que los empresarios, los sindicatos y la ciudadanía en general disminuyeron sus protestas, en parte por un acercamiento sistemático con diferentes instancias del Gobierno que facilitaron el diálogo.
"El Gobierno propició el uso de mecanismos institucionales para atender las demandas de la población y llegar a acuerdos", señaló el Informe Estado de la Nación 2017.
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Los investigadores analizaron la serie de tiempo e hicieron una descomposición de los datos registrados, para lo cual tomaron a los 25 actores sociales y los dividieron en seis grandes grupos: trabajadores públicos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios, sector estudiantil, otros trabajadores y ciudadanía.
Del análisis se desprende que hubo un descenso en las acciones colectivas de todos los grupos entre 2016 y 2017, pero cada uno tiene un comportamiento diferente.
Los trabajadores públicos protestan con mayor intensidad y lo hacen entre momentos de relativa calma y coyunturas específicas, por ejemplo, la reforma fiscal que se dirime en el Congreso.
La ciudadanía no tiene una organización tan estable como los sindicatos y tiende a utilizar más las manifestaciones callejeras.
Mientras que los empresarios reportaron un incremento en sus protestas y acciones colectivas a finales del 2011 y principios del 2012 por temas de tarifas y reformas al régimen de zonas francas, pero a partir de enero del 2015 este grupo se redujo a mensajes políticos y expresiones públicas en medios de comunicación.
La reforma fiscal es, sin duda, un ajuste que incomoda a todos los sectores de la sociedad porque los obliga a pagar más impuestos y generaría cambios en los beneficios que han disfrutado durante décadas los trabajadores públicos.
Si la reforma tributaria no se aprueba, el país continuará su avance hacia en una debacle financiera que en unos meses no tendrá más remedio y solo podrá encontrar la solución en un abrupto y doloroso ajuste económico.
