La tecnología ha cambiado la dinámica de la relación entre la Administración Tributaria y los contribuyentes. En los últimos años hemos visto una evolución de los instrumentos de información tributaria, a partir de los cuales se alimentan las bases de datos de la administración. Hemos pasado de las obligaciones de presentación física –en papel– a una serie de nuevas formas inmateriales a través de plataformas digitales. Se controlan más fácilmente los movimientos financieros de los contribuyentes, y se depende más en la información obtenida directamente de este y de parte de terceros, que de procesos físicos de auditoría.
Si bien dichas plataformas están aún en desarrollo, lo cierto es que las obligaciones de cumplimiento fiscal de los contribuyentes son cada día mayores: facturación electrónica (junto al nuevo Cabys), AMPO, Registro de Beneficiario Efectivo, presentaciones de las declaraciones por medio de ATV y muchas más. Por ello, las empresas –y en general todo contribuyente– deben poner especial atención a sus prácticas de cumplimiento fiscal, dado que ellas mitigan el riesgo de una eventual auditoría y un posible ajuste de parte de la Dirección General de Tributación.
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Recientemente se presentó el proyecto de “Hacienda Digital para el Bicentenario”, con un costo superior a los $150 millones, el cual se financiaría con ayuda del Banco Mundial. Con este proyecto, el Ministerio de Hacienda pretende modernizar su actual plataforma tecnológica, a fin de avanzar en la unificación de los 59 sistemas de información que posee. Cabe destacar que la Administración Tributaria ejecuta seis de esos sistemas de información, los cuales complementa con procesos manuales que le permiten interconectar unos con otros.
Los contribuyentes deben ejecutar un enfoque preventivo en sus prácticas fiscales, dado que hay que considerar el nuevo escenario: altas sanciones por incumplir en el suministro de información o por errores materiales. Adicionalmente hay que sumarle la enorme arbitrariedad y agresividad de una Administración Tributaria sedienta de recaudación. Ante esta situación, las empresas deben fortalecer sus prácticas internas, identificando el proceso de obtención de toda la información necesaria desde la perspectiva fiscal. Por ello, los procesos agresivos de asesoría fiscal, deben dar paso a procesos preventivos que promuevan la protección reputacional de la empresa y sus accionistas, así como el efectivo cumplimiento de las obligaciones fiscales.