Por: Carlos Cordero Pérez.   5 agosto
El propósito del proyecto Hacienda Digital es digitalizar y automatizar tanto procedimientos internos como los servicios a los ciudadanos y contribuyentes. (Foto Rafael Pacheco / Archivo)
El propósito del proyecto Hacienda Digital es digitalizar y automatizar tanto procedimientos internos como los servicios a los ciudadanos y contribuyentes. (Foto Rafael Pacheco / Archivo)

En el Ministerio de Hacienda un ciudadano debe registrarse en 20 sistemas distintos, una parte de los 59 plataformas de esta institución.

Con la implementación de la factura electrónica aumentaron de 90.000 a 400.000 los contribuyentes, que generan a su vez millones de comprobantes y realizan sus declaraciones cada mes. Para un cruce de datos se hace casi en forma manual.

“Se tienen los datos, pero no se procesa la información”, dijo Alicia Avendaño, directora de tecnología de información de Hacienda.

El Poder Ejecutivo planteó a la Asamblea Legislativa esta semana el préstamo para financiar la modernización de los sistemas del ministerio, conocido como Hacienda Digital (No. 22.016).

Se trata de un crédito de $156,6 millones con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), perteneciente al Banco Mundial, para mejorar la recaudación, el control de la evasión y la elusión fiscal, la gestión aduanera y del gasto, la administración de presupuestos, y los ahorros a los ciudadanos, entre otros.

De ser aprobado por los diputados en estos dos meses de agosto y setiembre, los primeros frutos de la iniciativa se verían a finales del 2022, cuando se tengan módulos que puedan sustituir sistemas actuales, para ir concluyendo a principios de 2024.

Alicia Avendaño, directora de tecnologías de información del Ministerio de Hacienda, dijo que la resistencia cultural al cambio será un reto y está comtemplada en el proyecto. (Foto Mayela López / Archivo)
Alicia Avendaño, directora de tecnologías de información del Ministerio de Hacienda, dijo que la resistencia cultural al cambio será un reto y está comtemplada en el proyecto. (Foto Mayela López / Archivo)
Bomba de tiempo

Hacienda tiene varios sistemas principales: administración tributaria (Siiat), administración financiera (Sigaf) y aduanas (Tica), que tienen una edad promedio de 19 años. El Sigaf fue implementado en 1994.

Ese fue el año en el cual la Selección Nacional no participó en el Mundial de Futbol en Estados Unidos, aquí se empezaron a dar cursos de HTML para desarrollo de páginas web, había 30 entidades usando la red CRNet y empezaba a comercializarse los servicios de Internet en Costa Rica.

Los sistemas padecen obsolescencia crónica. Para que los contribuyentes paguen el Impuesto al Valor Agregado (IVA) el monto debe estar disponible en la entidad bancaria, lo que implica cargar las declaraciones. Antes eso se hacía en un día; ahora, con el aumento de contribuyentes, tarda tres días.

La desintegración es patética. En la Dirección General de Tributación hay seis softwares sin integración.

Si se quiere conocer la información actualizada del manejo del efectivo o de la deuda de 83 entes que están en Caja Única, simplemente se deberá esperar.

Ni siguiera hay integración entre los sistemas de los dos responsables de aprobar y gestionar los presupuestos públicos: el Ministerio de Planificación y el Ministerio de Hacienda.

Los sistemas están desactualizados y son rígidos. Tampoco hay suficiente personal especializado en herramientas avanzadas.

Todo eso facilita que, por ejemplo, que algunos importadores ni declaren, ni paguen los impuestos.

“Hace un año, cuando asumí, lo primero que hice fue evaluar los sistemas”, dijo Avendaño. “Le dije a doña Rocío (Aguilar, entonces ministra de Hacienda) que esto es una bomba de tiempo”.

Lo fácil

El proyecto de Hacienda Digital plantea digitalizar los procedimientos administrativos. Los contribuyentes y ciudadanos podrán utilizar las plataformas para hacer las declaraciones, tener acceso a sus expedientes y obtener copias certificadas.

La idea es que no tengan que trasladarse a ninguna oficina de Hacienda, se eliminen las filas, se simplifiquen los trámites y se tengan procesos y sistemas en línea interoperables, orientados por la experiencia del usuario y la protección de datos.

Con la información de ventas disponible, Hacienda le reporta a cada contribuyente cuándo debe pagar cada mes y éste no debe estar llenando declaraciones.

Es un cambio de paradigmas de cómo funciona Hacienda, a través de la innovación y el uso de tecnologías avanzadas: big data, inteligencia artificial, analítica, aprendizaje de máquina y blockchain.

Con blockchain, por ejemplo, se puede realizar la gestión de la información de importaciones y exportaciones, así como intercambiarla con los países destino o de origen de la mercadería, garantizando la integridad e inalterabilidad del dato.

Avendaño advierte que el proyecto abarca lo tecnológico y también plantea el cambio de procesos y cultural. “Son tres dimensiones”, señaló. “Lo más fácil es lo tecnológico”.

La modernización permitirá el análisis de información y lo que Avendaño llama “la gobernanza del dato”: quién y para qué realiza una consulta.

Propósitos
Estos son los objetivos del proyecto:
Implementar sistema de administración financiera integral con soluciones informáticas robustas.
Incrementar el cumplimiento tributario con herramientas tecnológicas para automatizar procesos tributarios centrales y mejorar los servicios a los contribuyentes.
Automatizar los controles y procedimientos de despacho aduaneros para propiciar el comercio y mejorar el entorno empresarial sin comprometer la recaudación de ingreso.
Integrar los sistemas de información del Ministerio de Hacienda con el fin de generar reportes e indicadores para la toma de decisiones de alto nivel.
Fortalecer el entorno institucional y operativo, promoviendo su interoperabilidad, adopción de mejores prácticas, renovando sus esquemas de conectividad y seguridad.
Fuente: Asamblea Legislativa, Proyecto No. 22.016
Para cuándo

La próxima semana se empezará a diseñar la “arquitectura empresarial” y los términos de referencia para la licitación internacional (que se realizaría cuando el financiamiento esté aprobado por los diputados).

La “arquitectura empresarial” abarca la identificación de procesos, incluyendo los que son transversales o atraviesan varias áreas, direcciones y entidades; el intercambio de información y los requerimientos tecnológicos (de servicios en la nube y de conectividad).

Aparte del enfoque a experiencia de usuario (que sea sencillo y simple), las aplicaciones deberán poderse usar en diferentes dispositivos (multicanalidad).

“El retorno de la inversión es de 143%. Lo principal son los ahorros para los ciudadanos y la administración”, dijo Alicia Avendaño, directora de tecnologías de información del Ministerio de Hacienda.

En esta fase se define la arquitectura propiamente tecnológica: el flujo y el organigrama de uno a dos sistemas que integrarían todas las funcionalidades, incluyendo muchas de las que hoy no se puede ni soñar programar en los sistemas actuales.

Las plataformas estarían integradas con el sistema de compras públicas (que también será sometido a una revisión, ajuste o cambio) e implicaría el uso masivo de la firma digital, expediente del contribuyente y con una muralla de seguridad y plan de continuidad.

Si el crédito es aprobado en estos dos meses, en noviembre se tendrían los términos de referencia y se podría adjudicar ocho mes después (julio de 2021).

La propuesta es que el desarrollo se realice con las llamadas metodologías ágiles y se vayan entregando módulos (los primeros podrían estar a finales de 2022) que, como en un lego, sustituyan sistemas en funcionamiento.

El proceso estaría concluido a finales del 2023 o principios del año que sigue, pero se contempla más tiempo (seis años en total) para tener holgura y sostenibilidad en el tiempo.

En el proyecto se plantea que el crédito tendría un impacto marginal en el endeudamiento público e insiste en el posible efecto en ahorros y recaudación.

Ese efecto sería mayor al del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), que –según la Contraloría General de la República– generó un ahorro del 0,9% del Producto Interno Bruto y podría ser entre 1,23% y 1,55% si se incorporan procedimientos pendientes.

“Hicimos estimaciones con datos reales y el retorno de la inversión es de 143%. Lo principal son los ahorros para los ciudadanos y la administración”, enfatizó Avendaño.