La nueva versión del proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas de Capital (22.801) que el Gobierno de la República envió al Congreso, tras el rechazo de un primer texto de la iniciativa en la comisión de Asuntos Jurídicos, modificó sus pretensiones en relación con su propuesta de gravar el salario escolar del sector público.
El nuevo texto del proyecto mantiene la propuesta de tasar con el Impuesto sobre la Renta el décimo cuarto desembolso mensual que reciben los trabajadores estatales, además de sus 12 salarios mensuales y su aguinaldo. Sin embargo, ahora lo haría solo en aquellos casos que superen ¢1 millón.
La versión inicial del proyecto planteaba cobrar el gravamen sobre la mensualidad adicional como ya ocurre con cualquier otro aporte salarial; es decir, a partir de los ¢842.000.
Según el Gobierno, esto permitiría mantener el 70% de los salarios escolares intactos.
El Gobierno estimaba que accedería a ¢43.000 millones anuales adicionales con su planteamiento inicial de gravar todos los salarios escolares con un aporte superior a ¢842.000. Hasta el momento, no ha brindado nuevas estimaciones con el cambio del nuevo proyecto.
El cambio
Con la intención inicial del Gobierno, el Impuesto sobre la Renta se habría aplicado a los salarios escolares con la misma escala gradual que se aplica a cualquier salario.
Esta cobra un 10% sobre el exceso de ¢842.000 y hasta los ¢1,24 millones; un 15% sobre el exceso de ¢1,24 millones y hasta los ¢2,17 millones; 20% sobre el exceso de ¢2,17 millones y hasta los ¢4,34 millones; y 25% en adelante.
El cambio propone que el monto exento sea mayor en ¢158.000.
El salario escolar se creó en 1994 como un aumento salarial extraordinario, durante la administración del expresidente José María Figueres. Sin embargo, su exoneración del Impuesto sobre la Renta se creó hasta 2008, bajo la figura de no sujeción al gravamen, a través de un proyecto de ley impulsado por el dentonces diputado socialcristiano José Luis Vásquez.
El proyecto de ley 22.801, en tanto, es parte de la agenda de ajuste fiscal que persigue el Gobierno de la República, en el marco de su programa de financiamiento convenido con le Fondo Monetario Internacional (FMI) de $1.778 millones en tres años.
Además de la propuesta de reinstaurar el gravamen de renta al salario escolar, el texto pretende aumentar en 5 puntos porcentuales (p.p.) las tarifas de varias remesas y subir en 2,5 p.p., por un período de 24 meses, la tasa sobre las rentas y ganancias de capital (relacionadas con inversiones, alquileres, ventas de propiedades y similares).
La actual administración aboga por eliminar la exoneración del salario escolar desde 2020; sin embargo, no ha encontrado mayor eco en el Congreso. En la comisión de Asuntos Jurídicos, un grupo mayoritario abogó por mantener la exoneración.
Ahora el Gobierno espera encontrar un mejor escenario, contar con mayor suerte y que la Presidencia legislativa remita el proyecto a otro foro legislativo, con otra composición.