Economía y Política

Diputados dieron primer golpe a agenda con FMI con portazo a proyecto sobre exoneraciones

El proyecto pretendía, entre otras cosas, tasar con renta el salario escolar recibió una férrea oposición, hasta su rechazo, en la comisión de Asuntos Jurídicos

Los diputados de la Comisión de Asuntos Jurídicos dieron un primer golpe a la agenda convenida por el Gobierno de la República con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con un voto de mayoría, recomendaron archivar el proyecto de Ley de Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste en Tarifas de Rentas de Capital (22.369).

Entre otras modificaciones, este proyecto pretendía eliminar la exoneración del Impuesto sobre la Renta de la que actualmente goza el salario escolar. Esta es la décimo cuarta mensualidad salarial que únicamente reciben los trabajadores del sector público.

La discusión sobre este punto fue medular para el destino del proyecto. Si bien los legisladores de la comisión de Asuntos Jurídicos habían eliminado esa intención del texto de ley, a través de una moción del diputado José María Villalta, del Frente Amplio (FA); un grupo de tres diputaciones decidió rechazar la totalidad de la iniciativa, por temor a que luego se reintegrara de nuevo.

Esos diputados fueron el propio Villalta; Franggi Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN); y la independiente Paola Vega. Los tres dijeron al Gobierno que votarían favorablemente el proyecto únicamente si se comprometía a desistir de ese gravamen, lo cual fue rechazado por la administración.

Este rechazo es un golpe directo al acuerdo convenido entre el Gobierno de la República y el FMI, para un programa de financiamiento por $1.778 millones, en tres años.

Este acuerdo se aparejó con una agenda de ajuste fiscal de corto plazo, la cual incluyó cinco proyectos que pretendían aumentar la recaudación en un 1,17% del PIB, para el año 2023. De ese total, el expediente recién rechazado aportaba un 30%.

El proyecto

Inicialmente, la inciativa rechazada por la comisión de Asuntos Jurídicos pretendía aumentar en 5 puntos porcentuales (p.p.) las tarifas del Impuesto sobre la Renta a las remesas y eliminar la exoneración existente desde 2008 para el salario escolar del sector público.

Eliminar esa exoneración permitiría cobrar renta a todos los salarios que superan los ¢862.000 en la función pública (como ya ocurre con cualquier otra remuneración existente). Solo ese movimiento le habría generado al Estado unos ¢43.000 millones anuales, según las estimaciones de Hacienda.

Asimismo, el proyecto planteaba eliminar las tarifas reducidas de las que hoy gozan sectores como cooperativas y solidaristas, entre otros, en materia de pago por rentas de capital. En otras palabras, se planteaba que estos sectores pagaran tasas del 15%, como ya corre con alquileres y rentas en bancos públicos y privados, por ejemplo.

Por último, la iniciativa proponía subir la tarifa a las rentas de capital, en 1,5 p.p., por un período de dos años. De este modo, se planteaba situarlas en un 16,5%, de forma extraordinaria, por ese lapso.

No obstante, el paso por la comisión de Asuntos Jurídicos drenó la mayor parte de estas medidas.

Primero, el Poder Ejecutivo cedió a posturas de algunos sectores y de los propios diputados, y desistió de gravar con tasas regulares a las rentas de capital asociadas a cooperativas y similares. Asimismo, suprimió el aumento de 5 p.p. a dos tipos de remesas: las relacionadas con reaseguros, reafianzamientos y primas de seguros; y las referentes a la utilización de películas, grabaciones, discos, historietas y noticias internacionales, entre otros.

Por último, los diputados hicieron cambios por cuenta propia y eliminaron el gravamen de renta al salario escolar, una última estocada al texto de ley que ya para entonces había sido disminuido.

El rechazo posterior de la iniciativa solo implicó un golpe final a la misma.

¿Y ahora?

El Gobierno de la República aseguró que no desistirá de impulsar este proyecto de ley y que lo presentará nuevamente ante la Asamblea Legislativa.

Según indicó la ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, el nuevo texto contemplaría “las observaciones presentadas durante el proceso de tramitación en comisión”, pero insistiría en gravar el salario escolar.

“Vamos a reiterar la necesidad de eliminar la exoneración al salario escolar. Mantenerla provocaría una caída en los rendimientos esperados en un 0,12% del PIB”, detalló.

Esa cifra corresponde a unos ¢43.000 millones anuales, aproximadamente.

El salario escolar se creó en 1994, como un aumento salarial, durante la administración del expresidente José María Figueres. Sin embargo, su exoneración de renta se aprobó hasta 2008, a través de un proyecto de ley impulsado por el diputado socialcristiano José Luis Vásquez, bajo el mecanismo de “no sujeción” al gravamen.

Esto generó una desigualdad ya no solo entre las formas de pago de trabajadores públicos y privados (por la mensualidad adicional de los primeros), sino también en cuanto a la cantidad de impuestos que deben pagar unos y otros.

Como el proyecto se presentará nuevamente, ahora podría ser analizado por otra comisión. Así lo recordó en entrevista con EF la diputada Carolina Hidalgo, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Esta decisión la tomará la Presidencia legislativa, que actualmente está en manos de la liberacionista Silvia Hernández. Ella es la persona encargada de delegar los proyectos de ley a las comisiones que estime pertinentes.

El ministro de Hacienda, Elian Villegas, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa a asumir el nuevo proyecto con “responsabilidad”.

Reclamos cruzados

En la comisión de Asuntos Jurídicos, la votación fue amplia en contra del proyecto.

A favor solo votaron la oficialista Carolina Hidalgo y Wagner Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN).

En contra se aliaron Franggi Nicolás y Jorge Fonseca, del PLN; Pedro Muñoz, de Unidad Social Cristiana (PUSC); Mileidy Alvarado, de Restauración Nacional (PRN); José María Villalta, del Frente Amplio (FA); y la independiente Paola Vega.

Durante la discusión de la iniciativa, los diputados de oposición que votaron para archivar el proyecto criticaron la falta de acercamiento del Poder Ejecutivo al Congreso para viabilizar la agenda con el FMI.

La liberacionista Franggi Nicolás, presidenta del foro de Jurídicos, acusó falta de manejo y capacidad para dialogar; mientras que la independiente Paola Vega –quien hasta hace pocas semanas todavía era parte de la fracción oficialista– dijo percibir “ausencia de negociación”.

Vega también defendió su postura en contra de gravar el salario escolar en defensa de “la clase trabajadora” y pidió enfocar los esfuerzos recaudatorios en grupos de mayores recursos.

En 2018, los legisladores ya aprobaron una reforma tributaria, la cual incluyó nuevos gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para servicios.

La visión fue muy diferente para la diputada Hidalgo, del PAC. Ella señaló que la falta de voluntad fuemás bien de los diputados.

Criticó especialmente la postura de Villalta, Vega o Nicolás, quienes condicionaron avanzar con el proyecto a que el Gobierno desistiera de gravar el salario escolar.

Los demás diputados que rechazaron el proyecto alegaron diferencias de fondo generales con la iniciativa y, en su mayoría (con excepción del liberacionista Fonseca), también fueron parte del grupo que abogó por mantener exenta de renta la décimo cuarta mensualidad salarial del sector público, cuando se votó dicha decisión en el foro.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.