/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/7YEL5RFCZJG5JLAQZDPK3G35G4.JPG)
En una controvertida sesión del plenario legislativo, este sábado, los diputados aprobaron en segundo debate dos proyectos de ley que inyectan dinero al Gobierno en su búsqueda de recursos para atender la emergencia provocada por el coronavirus.
A primera hora el Congreso aprobó, con 49 votos favor, la iniciativa que autoriza al Instituto Nacional de Seguros (INS) a transferir ¢75.000 millones de su capital acumulado al Ministerio de Hacienda.
El segundo expediente que recibió el aval legislativo es el préstamo por $380 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Este proyecto recibió el apoyo de 43 legisladores y el rechazo de nueve.
El crédito internacional estaba originalmente destinado a financiar el plan de descarbonización del Gobierno, pero las necesidades de recursos provocadas por el impacto del coronavirus hicieron que el Ejecutivo redireccionara el dinero para atender la emergencia sanitaria y para pagar la deuda pública.
Tras un intenso debate en el pleno legislativo, los diputados acordaron modificar el artículo 3 del texto para destinar $60 millones “a mitigar el efecto de la rebaja en la base mínima contributiva” que afectará la posición financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
En la sesión legislativa de este sábado, el plenario tenía tiempo de resellar la iniciativa −en segundo debate− para que se publicara en el diario oficial La Gaceta antes de las 2:30 p.m., de lo contrario, Costa Rica se exponía a perder esa posibilidad de financiamiento con el BID y la AFD.
Las largas intervenciones de los diputados pusieron presión y retrasaron el camino del empréstito, que finalmente recibió el aval poco después de las 2:00 p.m.
“Otra vez votamos contra el reloj, estamos un sábado votando un proyecto por la urgencia. La pregunta que uno se hace es: ¿por qué a este Gobierno le encantan estas carreras, y le encanta jugarse estos riesgos? (...), El tema de fondo es que el Ejecutivo no escucha, porque no le viene en gana o porque no tiene una hoja de ruta clara”, aseguró Yorleny León, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), en su intervención en el pleno.
María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), recordó que las finanzas públicas antes de la pandemia eran preocupantes y después del impacto del coronavirus la situación se agrava mucho más.
“Antes del COVID-19 esperábamos una recuperación de las finanzas públicas, pero los datos nos muestran una realidad muy diferente. Ahora más que nunca debemos poner nuestro empeño en usar los recursos de la manera más racional y eficiente posible. No nos podemos dar el lujo de desperdiciar un sólo colón”, zanjó.
La otra fuente de recursos que recibirá el Gobierno para afrontar la emergencia sanitaria es un traslado de capital por ¢75.000 millones procedente de INS.
Este tema también desató un acalorado debate en el Congreso día atrás.
El monto aprobado este sábado se destinará exclusivamente para financiar los bonos Proteger que entrega el Ejecutivo en dos modalidades de ¢62.500 y ¢125.000.
La preocupación de los congresistas antes de la aprobación del proyecto en primer debate, este viernes 15 de mayo, se centró en la posibilidad de incluir opciones para que el INS se recapitalice a corto plazo. Elián Villegas, presidente ejecutivo del INS, aseguró que esas modificaciones no eran necesarias.
El expediente aprobado le permite al INS capitalizar los recursos entre 2020, 2021 y 2022 a la reserva de reparto del artículo 205 del Código de Trabajo.
También fija un plazo de tres años durante los cuales la entidad no deberá hacer la contribución del 10% de sus utilidades, tal y como lo establece el artículo 80 de la Ley de Protección del Trabajador.
“Lo que buscamos es fortalecer a la institución para que pueda trasladar estos recursos al Estado y ayudar en la emergencia, pero sin comprometer el patrimonio del INS para evitar que en el futuro caiga en problemas de solvencia”, indicó Silvia Hernández, diputada del PLN.
El proyecto de ley abre la posibilidad de que si el INS logra recapitalizar el dinero transferido al Gobierno antes de tres años, se dejarían de aplicar los mecanismos establecidos en los transitorios.