El futuro cercano de la ley para implementar la educación dual en el país depende de un debate en el que cada bando se atrinchera en sus posiciones.

El Gobierno, los empresarios y seis de las siete bancadas del Congreso creen que la ruta es aplicar esta modalidad mediante un convenio educativo o contrato civil.

En el otro extremo de la discusión que se dirime en la Asamblea Legislativa, está José María Villalta, diputado del Frente Amplio (FA), quien comparte criterios con los sindicatos del sector educativo. Este bando prefiere que la formación dual se ponga en marcha con un contrato de trabajo que garantice derechos laborales como seguro social y salario para los estudiantes.

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La pugna se libra en el seno de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación del Congreso, foro que aprobó el pasado jueves 14 de marzo un texto sustitutivo presentado por el Gobierno que, entre otros cambios, devuelve la figura del contrato civil al proyecto de formación dual.

Las dos posiciones sobre educación dual

El Gobierno y las fracciones legislativas apoyan un nuevo texto, pero José María Villalta pide mayor protección de derechos laborales para estudiantes.

Fuente: textos sustitutivos del proyecto 20.786.

Los legisladores trabajan sobre esta nueva versión y tramitan, una a una, las 223 mociones que se presentaron al proyecto. 147 de ellas impulsadas por Villalta.

Fuera de Cuesta de Moras, abogados laboralistas consultados por EF cuestionan los postulados del congresista del Frente Amplio y consideran que la vía correcta es el convenio educativo civil.

El bloqueo legislativo

El frenteamplista asegura que la presentación de 147 mociones a un proyecto que tiene 31 artículos no es un bloqueo ni una obstrucción como se “ha querido distorsionar”.

“Nunca ha sido mi intención obstruir o bloquear el trámite del proyecto y, de hecho, en la discusión que se lleva en la comisión va fluido, yo he defendido las mociones que considero importantes, pero el texto va caminando”, explicó Villalta.

El reglamento legislativo le permite al congresista utilizar hasta 2.205 minutos si decide usar los 15 minutos que tiene por derecho para referirse a cada una de las mociones en la comisión, sin olvidar que puede reiterarlas luego en el plenario. El trámite podría atrasarse hasta por tres meses.

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Villalta lucha por un punto en especial: que el convenio entre estudiantes y empresas privadas sea un contrato de trabajo y no un convenio civil.

“El contrato de aprendizaje, que es lo que estamos regulando, es una figura que existe en nuestra legislación desde hace mucho tiempo y es un tipo de contrato que tiene una parte educativa y una parte laboral, porque esos estudiantes no van a hacer solo una pasantía o una visita a las empresas, sino que van a prestar su fuerza de trabajo en las empresas durante un tiempo que puede superar, incluso, la media jornada”, argumentó el diputado.

Bajo la premisa de que debe existir una protección más explícita a los derechos laborales de los estudiantes, Villalta propone que las empresas paguen seguro social, que los cubran con un seguro de riesgos del trabajo y que les garantice defensa laboral en caso de denuncias o diferendos.

“El tipo de regulación que se está proponiendo tampoco es conteste con las de contratos a nivel latinoamericano y a nivel europeo. Incluso, si uno ve el modelo alemán que tanto es destacado aquí en Costa Rica, esta figura reconoce que tiene elementos de derecho laboral que no se desconocen y a los aprendices se les reconocen sus derechos laborales, hasta están sindicalizados”, concluyó el legislador.

Debatir y rebatir

El Gobierno, las seis bancadas restantes del Congreso y los empresarios privados apoyan la propuesta de impulsar un convenio educativo civil para los programas de educación dual. Consideran que es una figura más ágil que despierta el interés de las compañías.

Wagner Jiménez, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidente de la comisión que tramita el proyecto, indicó que el nuevo texto presentado por el Ejecutivo es muy completo y cuenta con la aprobación de los sectores interesados.

La educación dual ha sido señalada como una posible herramienta para mejorar el engranaje entre las entidades de formación académica y vocaciones con los empleadores, en momentos cuando la tasa de desempleo alcanzó un 12%, según las mediciones recientes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC).

Para Paola Gutiérrez, abogada de trabajo de la firma Caoba legal, el texto propone un sistema de formación, y no de trabajo, que combina la instrucción académica con la práctica, por lo que no existe una relación laboral ni de subordinación jurídica con el patrono.

“Si los estudiantes deben ser contratados a través de una relación laboral, no solo se desvirtúa completamente la razón del convenio de aprendizaje, sino que el alto costo que tendría para las empresas indudablemente las desincentivaría de participar. Un modelo de educación dual sin la colaboración de las empresas no existe”, aseguró Gutiérrez.

Para los defensores de la creación de un convenio civil la opción de enmarcar la educación dual en un contrato laboral podría abrir muchas otras prerrogativas para los estudiantes como por ejemplo ser incluidos en planilla y reconocérseles vacaciones, aguinaldo y liquidación, así como las retenciones normales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

“Si el patrono tiene que enfrentar todos esos costos y riesgos, ¿por qué va a contratar a un estudiante que no tiene experiencia ni disponibilidad a tiempo completo, al cual, además, debe dedicarle tiempo para el aprendizaje, si le saldría mejor contratar a un trabajador capacitado?”, cuestionó la abogada.

Marco Durante, jurista laboral de la firma BDS, coincide en que la figura correcta para la educación dual es el convenio civil.

“La naturaleza jurídica de la relación obrero-patronal es muy distinta a la de la modalidad dual, son dos cosas muy diferentes. El objetivo de la primera es que el patrono busca la mayor eficiencia de su empleado, pero el de la segunda, es el proceso educativo”, detalló.

El proyecto continúa su camino en el Congreso, Villalta acepta que está dispuesto a ceder y negociar, pero no cambiará su posición sobre el contrato laboral.

El Gobierno apuesta por la ley de educación dual y fijó en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública (PNDIP) la meta de graduar 250 personas en esta modalidad al 2022 como una de las acciones contra el desempleo.

La cifra es ambiciosa, sobre todo cuando entre 2013 y 2018 se egresaron 635 personas del formato dual entre estudiantes del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y del Ministerio de Educación Pública (MEP).

La apuesta está en la mesa y los diputados, sobre todo Villalta, tienen la última palabra.