Costa Rica obligará a sus funcionarios públicos a vacunarse contra la COVID-19 y permitirá que los patronos de empresas privadas también impongan la inmunización a sus trabajadores.
La decisión la tomó la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), apenas un día después de que la Universidad de Costa Rica (UCR) anunció de que lo haría por su cuenta con sus propios trabajadores y, más tarde, con sus alumnos (para acceder a actividades presenciales en 2021).
La decisión la comunicó el Ministerio de Salud a través de un comunicado de prensa, con base en variables epidemiológicas como la cantidad de casos COVID-19, la mortalidad por la enfermedad, la circulación incrementada de la variante delta y la elevada ocupación hospitalaria.
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Sobre este último punto, aseguró que las cifras de internamiento se ven “impactadas en mayor medida por pacientes que no se encuentran vacunados”.
Un reciente estudio que publicó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) determinó que hasta ocho de cada 10 pacientes en unidades de cuidados intensivos (UCIs) son personas que no tienen su esquema completo.
Para tomar la decisión también se tomó en cuenta la disminución en la afluencia a la campaña de vacunación para primeras dosis, indicaron las autoridades.
Recientemente el país desarrolló una campaña masiva para colocar primeras dosis a personas que aún no las tienen (llamada ‘Vacunatón’), en la cual se esperaban utilizar unas 500.000 unidades. Sin embargo, a pesar de las distintas estrategias y de que incluso se visitaron hogares, apenas se lograron emplear menos de la mitad, según informaron las autoridades a medios locales.
“A estos factores se le suman la importancia de promover que los centros de trabajo públicos y privados sean lugares más seguros y la necesidad de disminuir las posibilidades de interrupción de servicios y labores en centros de trabajo a raíz de posibles contagios”, redactó la cartera, sobre la nueva disposición.
Según detalló el Ministerio, la obligatoriedad de la vacuna se determinará vía decreto y este se firmará en los próximos días.
Julio Castilla, presidente de la Cámara de Comercio, adelantó que la organización está de acuerdo con la medida, siempre y cuando la totalidad de costarricenses con posibilidad de conseguir trabajo tengan la oportunidad de aplicarse la vacuna.
“Tenemos que entender que nuestra libertad termina donde empieza la de los demás”, indicó el representante.
Salud informó de que la previsión inicial es que el decreto empiece a regir a partir del 15 de octubre.
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Decisión no es nueva, se amplía
Costa Rica ya había establecido desde febrero pasado la obligatoriedad de vacunación para los funcionarios del Ministerio de Salud, la CCSS y la Cruz Roja Costarricense. También para aquellos que trabajadores de la red de servicios de atención directa en primera línea del Instituto Nacional de Seguros (INS).
Esta disposición fue llevada a análisis de la Sala Constitucional, a través de 13 recursos de amparo que recientemente resolvió ese tribunal. Sin embargo, los magistrados indicaron que la Sala ya había dicho desde su resolución 19433-2020 que “el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legitimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”.
No obstante, esta indicación respondió únicamente sobre los casos en concreto de funcionarios en primera línea de atención. Es decir, es previsible que se presenten nuevos reclamos para el conocimiento del organismo, a partir de la nueva medida.
Salud indicó que, en caso de incumplimiento en las entidades públicas, será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional.
La CCSS informó al periódico La Nación de que había abierto 35 procesos disciplinarios internos, hasta el 20 septiembre pasado.
La obligación para funcionarios de salud de la CCSS únicamente exceptuó a aquellos que, “por contraindicación médica debidamente declarada, no les sea posible recibir la vacuna”.
Medida internacional
Consultados para una reciente publicación de EF, especialistas en derecho de las firmas Grant Thornton y BLP indicaron a este medio que la obligatoriedad de la vacunación es posible de justificar, siempre y cuando existen argumentos científicos sólidos.
No obstante, también señalaron que se deberían establecer los criterios específicos para garantizar a la población el acceso oportuno a las inmunizaciones.
“Para establecer restricciones la vacuna debería estar habilitada para todas las personas”, comentó Mario Hidalgo, socio legal de Grant Thornton.
La medida que adoptará Costa Rica sigue los pasos ya aplicados por Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden confirmó desde este 9 de septiembre que ordernará la vacunación o la aplicación de testeos semanales para todos los empleados de empresas con más de 100 trabajadores; y extendió una obligatoriedad de inocularse a todos los empleados federales y quienes trabajen en centros hospitalarios.
La tendencia estadounidense ha sido dejar en manos de las empresas e instituciones la vacunación de sus trabajadores, en lugar de establecer lineamientos para que las personas accedan o no a establecimientos de uso común, como bares o restaurantes.
Esta última es una tendencia que se ha seguido más en países europeos, a pesar de manifestaciones en su contra que han sido masivas en Francia, por ejemplo.
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