Economía y Política

¿Certificados de vacunación como requisito para eventos masivos y otras actividades en Costa Rica?, esto es lo que sabemos

El Gobierno desarrollará planes piloto de actividades masivas en los que exigirá la vacunación completa de asistentes

El Gobierno de la República anunció, este 28 de septiembre, que aplicará nuevos planes pilotos para impulsar actividades culturales masivas, de hasta 2.500 personas, en Parque Viva. También facultó la asistencia de hasta 5.000 personas, como plan piloto en asuntos deportivo, para el partido de las eliminatorias mundialistas entre Costa Rica y El Salvador que se desarrollará en el Estado Nacional este mes de octubre.

La noticia llegó acompañada de un requisito: las personas que deseen asistir a estas actividades deberán contar con su esquema de vacunación completo contra la COVID-19 (con dos dosis).

Estos planes pilotos luego podrían extenderse para otras actividades similares, según las autoridades, y ponen sobre la mesa la discusión de si es o no legalmente factible en Costa Rica que se exija la vacunación como requisito para acceder a eventos masivos o espacios específicos, como bares o restaurantes.

La duda se coloca sobre la mesa en un momento especial para Costa Rica, que hoy encuentra una mayor disponibilidad de vacunas pero con caídas en la asistencia a las campañas de vacunación cuando aún falta por inocular a un grupo de casi un millón de personas mayores de 12 años.

La última campaña que realizó la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para colocar primeras dosis, bajo el nombre de ‘Vacunatón’, incluso proyectaba colocar 500.000 unidades en 10 días; pero finalmente solo alcanzó a cubrir a 195.598 personas en ese período.

Exigir la vacunación o pruebas negativas de COVID-19 para acceder a establecimientos comerciales y eventos específicos ya es una práctica que se realiza en distintos países del mundo, en los que hay disponibilidad suficiente de inmunizaciones. Por un lado, ha servido para reactivar actividades comerciales en medio de la pandemia y, por el otro, para que más personas acudan a vacunarse.

La posibilidad de instaurar un sistema similar en Costa Rica ya la dejó entrever el presidente de la República, Carlos Alvarado, desde agosto pasado. En aquel entonces mencionó que los ‘pases sanitarios’ son parte de las medidas que estarán bajo análisis técnico de la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), que deberá determinar si es o no posible su implementación y de qué manera.

Pese a estas declaraciones, el Ministerio de Salud aseguró a inicios de este mes ante una consulta de EF que la medida todavía no se contempla.

Especialistas en Derecho aseguraron a EF que este tipo de medidas se pueden implementar, siempre y cuando se justifiquen sólidamente con argumentos científicos. No obstante, advirtieron que se deben tomar en cuenta diferentes consideraciones, para evitar que se vulneren derechos fundamentales de las personas.

La decisión de establecer un ‘pase sanitario’ o cualquier medida relacionada con salud pública es potestad de la administración pública de cualquier país, siempre y cuando que se justifique debidamente.

Esto explica por qué se avalan la restricción vehicular sanitaria, los horarios para negocios específicos y la obligatoriedad de que el personal de salud se vacune, entre otras medidas que se han implementado durante la pandemia de COVID-19 para frenar la movilidad de personas o disminuir la posibilidad de contagios.

Mario Hidalgo, socio legal de Grant Thornton, explicó en entrevista con EF que algo similar se podría interpretar en materia de ‘pases sanitarios’. Sin embargo, aseguró que para que una medida de este tipo sea aplicable debe haber suficiente disponibilidad de vacunas para garantizar a la población el acceso al requisito que se le pide.

En caso contrario, deben establecerse medidas razonables remediales para aquellas personas que no puedan tener acceso. “Para establecer restricciones la vacuna debería estar habilitada para todas las personas (a las que se imponga como requisito)”, comentó.

Por su parte, para el especialista en derecho público de la firma BLP, Francisco Obando, el punto crucial de la discusión está en la justificación científica de la medida o las medidas que se propongan. Según indicó, se debe justificar que la población vacunada realmente sea “menos infectiva” para reconocerles mayores libertades.

“Antes de la discusión jurídica, estimo de trascendental valor lo que la ciencia pueda decir al respecto”, puntualizó.

Hasta el momento, la obligatoriedad de la vacunación en Costa Rica para acceder a actividades específicas solo se ha planteado en los planes pilotos antes expuestos, para eventos deportivos y artísticos. Sin embargo, las autoridades han advertido que estos planes son pruebas que luego podrían generalizarse para el mismo tipo de actividades (según la experiencia de cada uno).

La medida de un ‘pase sanitario’ se implementa en distintos países para alcanzar dos objetivos. Por un lado, una menor posibilidad de contagio en la vida cotidiana de las personas y, por el otro, como un incentivo para que las personas indecisas acudan a inmunizarse.

Hasta este 20 de septiembre, Costa Rica contabilizaba 3,3 millones de personas que ya cuentan con al menos una dosis, pero 1 millón de la población meta de este 2021 (todos los mayores de 12 años) todavía no acudían a los centros de vacunación.

El país no ha tomado medidas para establecer pases sanitarios todavía; sin embargo, este 28 de septiembre anunció que impondrá la vacunación como un requisito para funcionarios públicos y que permitirá al sector empresarial hacerlo, por su cuenta, para sus empleados.

Uno de los primeros países en solicitar la utilización de certificados de vacunación para poder ingresar a eventos masivos fue Francia. Ese país impulsó la medida como una forma de alentar la vacunación y reactivar muchas de sus actividades comerciales.

Este movimiento fue avalado apenas el pasado 5 de agosto por el Consejo Constitucional de ese país. Este determinó que el requisito que se trata de una “conciliación equilibrada” entre la protección de la salud pública y las libertades individuales.

La solicitud del certificado está activa desde este 9 de agosto (aunque para grandes eventos de ocio y cultura se aplicaba desde el 21 de julio) y en términos prácticos establece que las personas interesadas deben aportar una prueba negativa de COVID-19, un certificado de vacunación completa o un dictamen de recuperación para asistir a bares, restaurantes, servicios de transporte o eventos masivos, entre otros.

Estas disposiciones ocasionaron una oleada de protestas masivas. Decenas de miles de personas se han manifestado por semanas consecutivas, aunque las autoridades aseguran que el efecto ha sido positivo en los niveles de vacunación y la afluencia a las marchas ha caído con el tiempo.

En otros países, como Estados Unidos, la tendencia ha sido dejar el asunto en manos de las empresas e instituciones. En muchas de ellas se exige la vacunación a sus trabajadores.

Además, este 9 de septiembre, el presidente Joe Biden ordenó la vacunación o la aplicación de testeos semanales para todos los empleados de empresas con más de 100 trabajadores; y extendió la obligatoriedad de vacunación para todos los empleados federales y trabajadores de centros hospitalarios.

Países como Reino Unido e Italia también aplican medidas, entre otros territorios europeos con amplia cantidad de inmunizaciones.

Además de en este tipo de cuestiones, los certificados de vacunación se utilizan en mayor medida como requisito para viajes aéreos. En la mayoría de países se ha adoptado el uso de este documento en lugar de los comunes testeos negativos o cuarentenas.

El abogado Obando hizo énfasis en que cualquier país que desee implementar este tipo de medidas debe plantearlo cuidadosamente.

Por ejemplo, consideró que los niveles de vacunación completa que existen en Costa Rica hasta este 20 de septiembre (un 38,8% de la población, último corte) podrían considerarse bajos para generar tratos especiales, de manera generalizada, para personas totalmente vacunadas.

Al igual que Hidalgo, el abogado razonó que es necesario analizar si la decisión de vacunarse o no depende exclusivamente del individuo, o si hay factores de política pública o logísticos que se lo impidan (como requisitos excesivos, falta de dosis o similares).

En cuanto a la imposición de medidas por cuenta propia en centros comerciales y similares, Obando aseguró que sería una decisión “cuestionable a día de hoy”; pues carecería de un sustento normativo y científico específico para el caso costarricense.

Según Hidalgo, la vacunación obligatoria contra la COVID-19 en todos los ámbitos es una discusión que sigue pendiente en Costa Rica. “Por ahora parece que nadie quiere asumir esa decisión política (...) Si yo parto de la premisa de que hay un contagio de carácter generalizado y de que esta enfermedad provoca la muerte yo podría exigirle a la gente que se vacune, sin que se aleguen razones religiosas, ideológicas y demás argumentos”, afirmó.

Nota del redactor: Esta nota se publicó el 9 de septiembre y se actualizó el 28 de septiembre, ante el anuncio del Gobierno de que se exigirá la vacunación para empledos del sector público y para acceder a eventos culturales y deportivos específicos.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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