El Gobierno de la República anunció, este 14 de marzo, que impulsará hasta siete de medidas para “aliviar el golpe de las alzas de los combustibles” en la economía nacional. Los precios de las gasolinas, el diésel y otros derivados del petróleo han subido vertiginosamente en las últimas semanas y aún no terminan de absorber el impacto de las tensiones geopolíticas por la invasión de Rusia en Ucrania.
Este es un factor que llevó el precio internacional del petróleo por encima de la barrera de los $100 por barril en las últimas semanas, incluso muy cerca de los $130 por algunos momentos.
Actualmente, los precios de los principales combustibles en el país son de ¢822 por litro de gasolina súper, ¢804 por litro de gasolina regular y ¢724 por litro de diésel. Estos números todavía siguen debajo de los máximos históricos de 2008 (de ¢1.118, ¢1.102 y ¢1.106, trayendo los registros a valor presente); sin embargo, se esperan mayores alzas en las próximas semanas.
A inicios de este mes de marzo, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) pidió incrementos de ¢57 por litro de gasolina súper, ¢56 por litro de regular y ¢53 por litro de diésel que ya se aplicaron y, recién el pasado 11 de marzo, pidió la autorización a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para aplicar nuevas alzas adicionales de hasta ¢87, ¢85 y ¢121 a finales de mes.
EF revisó una por una todas las propuestas del Gobierno y realizó este resumen sobre el impacto real que se espera de ellas sobre el precio final de los combustibles.
Según el economista José Luis Arce, de FCS Capital, las medidas que impulsa el gobierno tendrían un bajo impacto en los precios finales de los productos y tampoco parecen ir suficientemente bien dirigidas a los sectores que más se verán afectados.
1. Crédito fiscal temporal
El Gobierno informó de que propondrá establecer “créditos fiscales” transitorios para el pago del impuesto sobre la renta a los sectores productivos del transporte de carga, el transporte remunerado y las actividades agrícolas, de modo que puedan descontar un monto por cada litro de combustible que consuman en sus declaraciones del impuesto sobre la renta.
Ellos podrían deducir hasta ¢81,75 por cada litro utilizado de gasolina súper, ¢78,15 por cada litro de gasolina regular y ¢92,4 por cada litro de diésel. Para ello, tendrían que documentar todas sus compras de combustible a través de facturas electrónicas.
Esta medida, sin embargo, no tiene un impacto directo sobre los precios de los combustibles generales. Más bien representaría un beneficio para estos sectores productivos específicos.
La idea es generar un beneficio para la operación de estos grupos y que eso se traduzca en menores precios para las personas y sectores que dependen de ellos.
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Sin embargo, el economista José Luis Arce explicó que no existe garantía de que ello vaya a ocurrir. “Como hablamos de un crédito fiscal que se usa para pagar impuestos al cierre de un determinado período, las empresas hoy, a la hora de fijar mis tarifas, no saben exactamente si van a tener utilidades y si ese crédito fiscal finalmente les va a valer algo”, subrayó.
Desde su punto de vista, la medida finalmente podría tener un efecto que le permita a las empresas de mayores ingresos aumentar sus márgenes de ganancia, pero no mucho más que eso. De hecho, recordó que los aumentos en los costos operativos de las empresas de sectores regulados igualmente se traducirán en incrementos tarifarios, tarde o temprano.
2. Congelamiento del impuesto único sobre los combustibles
El Gobierno de la República anunció también que dará prioridad al proyecto de ley que presentó a la corriente legislativa, desde el 28 de febrero pasado, para suspender por 12 meses los aumentos ordinarios del impuesto único a los combustibles.
Estos incrementos se realizan de forma automática, cada tres meses, en relación con el crecimiento o decrecimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación.
Esta medida tampoco ayudaría a reducir el precio de las gasolinas por sí misma, pero sí a contenerlo, aunque ligeramente.
El gravamen actualmente es de ¢272,5 por litro de gasolina súper, ¢260,5 por litro de gasolina regular y ¢154 por litro de diésel, según la escala más actualizada de la Ley de Simplificación y Eficiencias Tributarias (8.114). También es de ¢25,25 sobre el búnker y de ¢24 sobre el gas licuado de petróleo, entre otros derivados del petróleo que importa Recope.
En el caso de las gasolinas representa alrededor de un 35% del costo final y en el caso del diésel cerca de un 20%. En otras palabras, el congelamiento aplicaría únicamente para esas proporciones y el resto, principalmente afectado por el precio internacional de los combustibles, seguiría a expensas del comportamiento de ese factor.
La última actualización del gravamen se desarrolló en febrero pasado, a partir de la variación del IPC entre octubre y diciembre de 2021 (1,81%). Eso representó incrementos de ¢4,75 por litro de gasolina súper y regular, y de ¢3,75 en el caso del diésel.
La próxima actualización está programada para el mes de mayo, a partir de la variación de los precios entre diciembre de 2021 y marzo de este 2022.
Las variaciones trimestrales del impuesto suelen ser pequeñas; sin embargo, son más altas cuando existen shocks nacionales o internacionales que elevan la inflación.
Eso ocurre actualmente. Por un lado, la reapertura económica permitida por la evolución de la pandemia y la escasez de algunas materias primas ya empujaban los indicadores mundiales de precios al alza desde finales de 2020. Por otro, se suma el impacto reciente de la guerra entre Rusia y Ucrania, un conflicto cuyo impacto ya ha sido alto y del que se desconoce todavía su duración definitiva.
3. Reducción de ingresos de Recope
El Ejecutivo también planteó una reducción del 80% del margen de Rédito para el Desarrollo.
Esta es una medida que sí permitiría bajar el precio de las gasolinas y el diésel; pero de manera limitada en comparación con los incrementos recientes.
El margen de Rédito para el Desarrollo representa solo una pequeña porción del margen de utilidad de Recope en la estructura de precios de los combustibles, el cual actualmente representa el 6% de la estructura de las gasolinas súper y regular (¢47 por litro) y un 7% del diésel (¢48 por litro).
Según publicó el diario La Nación, el margen de Rédito para el Desarrollo equivale solo a unos ¢18 colones por litro de gasolina súper y regular, y a ¢19 en el caso del diésel. Un recorte del 80% en el mismo apenas equivaldría a reducciones de unos ¢15 por litro en todos los casos.
Recope señaló estar de acuerdo con esa rebaja, pero por un tiempo transitorio. “Obviamente esto es una medida de corto plazo, porque si fuera de largo plazo, pues la empresa básicamente tendría que cerrar todos sus proyectos”, afirmó Alejandro Muñoz, presidente de la entidad, al periódico La Nación.
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4. Reducción de otros márgenes
La propuesta del Gobierno también reduciría en un 25%, de manera temporal, los márgenes de ganancia por la venta y el transporte de combustibles.
El margen de las estaciones de servicio actualmente representa un 7% de la estructura de precios de las gasolinas súper y regular; y un 8% en el caso del diésel. En todos los casos, hablamos de unos ¢57 por litro de combustible.
Por otra parte, el margen de flete de transportistas es de un 2% en todos los productos: alrededor de unos ¢14 por litro.
Reducir esos rubros también implicaría una caída directa en el costo de los combustibles, pero el efecto también sería limitado.
Una reducción del 25% implicaría la baja de unos ¢14 por litro de combustible en el margen de ganancia de las estaciones de servicio y unos ¢3,5 por litro el flete de transportistas.
Las medidas no solo tendrían un impacto bajo en los precios de los combustibles, sino que además ya cuentan con la oposición del sector de las gasolineras, que se siente afectado. La Cámara de Empresarios del Combustible afirmó este mismo 14 de marzo que la reducción sería “un golpe fulminante” para el sector, que ya de por sí sufrió de sobremanera en 2020 por la pandemia de COVID-19 y las restricciones de movilidad.
“El esfuerzo que estamos haciendo sería para un máximo de ¢20, pero eso sería un golpe fulminante para muchas estaciones de servicio que no se han logrado”, afirmó el director ejecutivo de la cámara, José Miguel Masís, en declaraciones recogidas también por La Nación.
4. Eliminación de gastos de Recope
El Gobierno también plantea la eliminación de un aporte que realiza actualmente Recope al “fondo de ahorro y garantía de los trabajadores”. Esto, señaló el Ejecutivo, permitiría reducir costos administrativos de la entidad y que pueda contribuir al control del precio de los hidrocarburos.
La medida, sin embargo, no representa un impacto directo en los costos de los combustibles. Más bien genera una expectativa de que ese mayor margen en la disponibilidad de recursos de Recope le permita trasladarlos a favor de la población.
Publicaciones de diversos medios en los últimos años han señalado que el financiamiento de este fondo ha representado erogaciones anuales de entre unos ¢2.000 millones y ¢3.000 millones para Recope en los últimos años; los cuales se cargan de forma indirecta en el precio de los combustibles.
6. Empréstitos internacionales
Además de todas estas medidas, el Gobierno de la República dijo que abogará por la aprobación de dos empréstitos con entidades multilaterales que actualmente están en el Congreso: uno es por $300 millones con el Banco Mundial (expediente legislativo 22.830) y otro es por 150 millones de euros (unos $165 millones) con la Agencia Francesa de Desarrollo (expediente legislativo 22.831).
Según el gobierno, el ingreso de esos recursos al país le permitirían “aliviar las presiones” sobre del tipo de cambio, a través de una mayor disponibilidad de dólares en la economía nacional.
Esto afecta el precio de los combustibles, pero de forma indirecta. Como el país compra sus combustibles en dólares al mercado internacional (principalmente a Estados Unidos), las pérdidas por diferencias cambiarias se suelen trasladar a los costos finales de los productos que vende la Refinadora.
No obstante, no se trata de una medida con impacto directo para la baja en los precios, sino para su eventual contención.
7. Cálculo de precios y tarifas
El Gobierno también aseguró que instruirá a Aresep para que considere “preferiblemente” los precios efectivamente pagados por Recope para la importación de los productos derivados del petróleo, “tomados de las facturas o documentos de embarque (Bill of Lading o BL) u otras fuentes confiables”, a la hora de establecer las tarifas.
Esta disposición busca que el precio se ajuste lo más posible a los costos reales de compra de Recope en el mercado internacional.
José Luis Arce explicó que esa medida se toma porque Recope usualmente utiliza los precios de mercado en lugar de los precios de compra, con el objetivo de tener flujo de caja para sus compras inmediatas de combustible.
“Es como si uno tuviera una pulpería y está vendiendo un paquete de tortillas”, explicó. “Cuando uno fija el precio de esas tortillas no debe pensar solo en el precio que pagó por ese paquete, sino el precio que le va a costar el paquete del mes entretente, porque uno necesita ese flujo de caja para comprarlo”, subrayó.
Sin impacto directo en tarifas
El Gobierno de la República presentó este paquete de medidas, este 14 de marzo, justo horas después de que la Cámara Nacional de Transportes (Canatras) y la Confederación Nacional de Asociaciones de Desarrollo (Conadeco) advirtieron sobre la necesidad de “intervenir” la estructura de precios de los combustibles para evitar un impacto mayor en las tarifas de los usuarios y en la continuidad operativa de las mismas empresas de transporte.
Un aumento de los precios de los combustibles por encima de los ¢1.000 por litro, señalaron las representaciones, podría implicar hasta un “paro técnico” de servicios.
También se manifestó con preocupación el Consejo de Transporte Público (CTP). El ente regulador afirmó, a través de otro comunicado de prensa, que el aumento en el precio de los combustibles se trasladaría sí o sí a las tarifas que pagan los usuarios; pero que, si eso ocurre tarde, podría implicar la “paralización” del servicio por la disminución en el flujo de caja de las empresas del sector.
Arce considera que las medidas planteadas por el Gobierno no van dirigidas a reducir los precios del consumidor y que parecen poco efectivas para ayudar a las personas que más necesitan un empujón en este momento. Desde su punto de vista, habría que actuar con más calma a pesar de la alta volatilidad de las últimas semanas.
“Es cierto que los precios que vienen ahora, en abril, van a ser precios que se calculen con los costos internacionales de las últimas dos semanas, que estuvieron por encima de los $110, $120 y $130 por barril”, comentó; “pero ya el precio anda cerca de los $100 nuevamente y esto puede hacer que en el mes de abril paguemos precios de los combustibles muy altos, pero que en mayo haya una baja muy importante, si las cosas siguen como van”.
Para Arce, sería más razonable aplicar ayudas focalizadas, como subsidios tarifarios para evitar un incremento en los costos del transporte público, más allá de si suben o bajan las tarifas.
La vicepresidenta ejecutiva de Canatrans, Silvia Bolaños, realizó la solicitud de que se le suspenda el cobro del impuesto único a los combustibles al sector transportista, al menos por unos meses. Sin embargo, esta medida no ha sido contemplada.
Desde el punto de vista de la entidad que representa, eso tendría un impacto mínimo en las finanzas públicas; pero “sí representaría un ayuda enorme para el 56% de los costarricenses que utilizan el autobús”.
La administración Alvarado Quesada informó de que ya comunicó los detalles de sus propuestas a los jefes de fracción de la Asamblea Legislativa. Algunas de ellas deberán pasar por el análisis del Congreso.