Son ¢377.079 millones de colones. El 1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país que se utilizará para la atención de la emergencia financiera consecuencia de la crisis sanitaria causada por el nuevo coronavirus, pero también de manera importante en reducir el impacto de la deuda pública.

El Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020 (21.918) presentado por el Poder Ejecutivo, incluye dinero de cuatro fuentes distintas.

Organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), dan una parte y otra gran porción proviene de reasignaciones. El Gobierno juega a reordenar el gigante rompecabezas del gasto público sin quitar ninguna pieza, moviendo más de ¢84.000 millones de los tres poderes, a subsidios.

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Mientras tanto, la comisión legislativa encargada de analizar el proyecto de está a la espera de una solicitud concreta: cómo se garantizará el manejo adecuado de los recursos públicos que se entreguen en subsidios para las familias afectadas por el apagón económico.

La comisión tiene como fecha límite el próximo lunes 20 de abril para dictaminar el texto. Según la presidenta de esta y diputada de Liberación Nacional (PLN) Ana Lucía Delgado, corren para que sea antes.

1, 2, 3…

Producto de la emergencia, “los hogares, las empresas y el Gobierno, todos están sufriendo una caída drástica de sus ingresos que tenían para financiar gastos fijos”. Así resumió el impacto económico del coronavirus, el ministro del Hacienda, Rodrigo Chaves.

En ese escenario, el Gobierno presentó el primer presupuesto extraordinario del 2020. La petición de recursos, tal y como la plantea Hacienda, está dividida para dos grandes áreas: la crisis y la deuda. Mientras la primera se dejaría según la propuesta el 40,4% de los recursos el restante 59,6%, unos ¢224.600 millones, estarían destinados a sustituir fuentes de financiamiento.

El dinero destinado a la atención de la emergenciarecibe su principal aporte de la reasignación de gastos. De acuerdo con la exposición hecha por Chaves ante la mesa de trabajo de presupuesto de la Asamblea Legislativa, los tres poderes de la República aportarían de sus planes de gastos ¢84.600 millones. De este dinero, ¢82.200 millones serían designados para subsidios a familias y los ¢2.400 millones restantes se le asignaron al Ministerio de Salud.

Después está la deuda. La caída de la recaudación, producto de la moratoria de algunos impuestos y de la desaceleración del sector productivo va a hacer que el estado tenga que pedir prestado para pagar deudas más inmediatas.

El objetivo, de acuerdo con Chaves, es lograr cumplir con las responsabilidades, sin estrujar al sector privado y con intereses bajos.

El presupuesto ordinario aprobado para el 2020 es financiado en un 48% con endeudamiento y ese mismo presupuesto incluye ¢2 billones para amortizar deuda vieja, es decir, préstamos nuevos para pagar compromisos viejos. Sin embargo, de acuerdo con Chaves, la autorización de endeudamiento no garantiza la captación de los nuevos recursos a una tasa razonable.

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En ese escenario Hacienda puso sus ojos en el préstamo de la CAF que financiaría la totalidad del monto que el Gobierno pretende utilizar para cambiar deuda cara por deuda barata; en total, ¢224.000 millones.

Finalmente, el presupuesto también pone sobre la mesa la flexibilización de la regla fiscal por un monto de ¢227.000 millones únicamente para las instituciones que están atendiendo la emergencia en la primera línea. Específicamente, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, Bomberos e Inciensa.

¿Cuánto hay para subsidios?

El presupuesto extraordinario contempla la suma total de ¢150.000 millones en subsidios. De ese dinero saldrá el capital para el plan Proteger, con el que el Gobierno pretende entregar a las personas afectadas montos mensuales de ¢62.500 para las personas con reducción de jornada y de ¢125.000 para quienes fueron despedidos, con suspensión de contrato laboral o trabajadores independientes, temporales o informales afectados por el COVID-19.

Este dinero proviene de ¢66.000 millones del préstamo de la CAF, ¢82.200 millones de resignación de gasto del Gobierno y ¢1.804 millones de Cancillería, provenientes de impuestos consulares que se han recogido.

Los ¢150.000 millones iniciales se distribuirán en dos instituciones. ¢132.900 millones corresponderán al MTSS y los ¢17.100 serán de administración del IMAS.

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El monto total para Proteger podría aumentar hasta ¢275.000 millones en caso de que el Congreso apruebe los proyectos de transferencias de dinero del Instituto Nacional de Seguros a Hacienda, que aportaría ¢75.000 millones más, y la iniciativa de fijación de precios de los combustibles, con un máximo de ¢50.000 millones.

Reasignación de ¢84.000 millones

El redireccionamiento de fondos por poco más de ¢84.500 millones lo ejecutará el Gobierno en diferentes frentes:

• ¢19.400 millones corresponden a la suspensión del aumento salarial de los empleados públicos para el 2020.
• ¢15.200 millones son producto del congelamiento de 4.953 plazas del Estado por seis meses.
• ¢11.300 millones son derivados de la eliminación del pago de la anualidad de los empleados públicos en el 2020.
• ¢17.000 millones provienen de otros recortes derivados de los tres puntos anteriores.
• ¢13.000 millones provienen de transferencias a instituciones públicas.
• ¢8.700 millones son de recortes en gasto operativo.

En detalle los recortes de las instituciones corresponden a un 1,30% del presupuesto total divididos de la siguiente manera:

Avance legislativo

El sentimiento generalizado entre los diputados, de acuerdo con Delgado, está en que se tienen que fiscalizar los subsidios con el objetivo de que exista “transparencia, orden y eficiencia, para que los más necesitados sean los que tengan los subsidios”.

La comisión legislativa ha hecho distintas observaciones al Gobierno de las que esperan tener claridad, antes del lunes. Lo primero es que se establezca vía reglamento una definición completa del criterio de selección de los beneficiarios, manejo de rendición de cuentas, detalle de los responsables de fiscalización y divulgación de los subsidios, entre otros aspectos

“Son fondos públicos. Temeos que resguardar que la asignación de estos recursos vaya a las personas que más lo necesitan”, declaró Delgado.

La contralora de la República, Marta Acosta, también insistió durante una mesa de trabajo con los legisladores, en la importancia de que el Gobierno clarifique estos temas antes de que el presupuesto avance.

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Aunque el Ejecutivo proyecta la entrada de más recursos para destinarlos a subsidios, el dinero que provendrían de proyectos como el de combustibles, anualidades y transferencias del INS no pueden contarse como disponible hasta que sean leyes aprobadas. Este es otro de los puntos en los que llaman la atención, tanto los diputados como la Acosta.