Diputados aprueban de manera definitiva la reforma al empleo público, plan clave para el acuerdo con el FMI

La iniciativa contó con el respaldo de dos tercios del total de diputados: el mínimo requerido para su aprobación

Este artículo es exclusivo para suscriptores (3)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.


Ingrese a su cuenta para continuar disfrutando de nuestro contenido


Este artículo es exclusivo para suscriptores (2)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.


Este artículo es exclusivo para suscriptores (1)

Suscríbase para disfrutar de forma ilimitada de contenido exclusivo y confiable.

39 diputados aprobaron de manera definitiva, este lunes, el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336); el cual establece un nuevo modelo de remuneraciones para el sector público, sin el pago de pluses salariales y una serie de limitaciones para la negociación de convenciones colectivas.

La iniciativa es una de las reformas estructurales pactadas por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para sanear sus finanzas en el corto plazo y se planteó como un objetivo “formalmente obligatorio” para la continuidad del programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años, según explicó en entrevista con EF el presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador del país ante el organismo, Rodrigo Cubero.

El gobierno estima en un ahorro promedio del 1,05% del PIB anual, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.

La votación en segundo debate contabilizó el respaldo de 39 legisladores y 13 se manifestaron en contra. Otros cinco estuvieron ausentes.

El respaldo de 39 congresistas, dos tercios de la cámara de diputados, fue un voto superior al mínimo requerido para la aprobación del texto legal.

A favor votaron:

  • Partido Liberación Nacional (PLN): Silvia Hernández, Carlos Ricardo Benavides, Luis Antonio Aiza, Luis Fernando Chacón, Wagner Jiménez, Paola Valladares, Ana Lucía Delgado, María José Corrales, Jorge Fonseca, Yorleny León, Karine Niño, Gustavo Viales, David Gourzong, Aida Montiel y Roberto Thompson
  • Partido Acción Ciudadana (PAC): Laura Guido, Catalina Montero, Nielsen Pérez, Víctor Morales, Luis Ramón Carranza, Carolina Hidalgo, Mario Castillo y Enrique Sánchez
  • Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Erwen Masís, María Inés Solís y José María Guevara
  • Partido Restauración Nacional (PRN): Giovanni Gómez, Xiomara Rodríguez, Mileyde Alvarado, Carlos Avendaño y Eduardo Cruickshank.
  • Partido Republicano Social Cristiano (PRSC): Otto Roberto Vargas
  • Bloque independiente Nueva República: Marolin Azofeifa, Nidia Céspedes, Ignacio Alpízar, Carmen Chan, Jonathan Prendas y Harllan Hoepelman.
  • Independientes: Zoila Volio

En contra lo hicieron:

  • Partido Liberación Nacional (PLN): Franggi Nicolás y Daniel Ulate
  • Partido Acción Ciudadana (PAC): Welmer Ramos
  • Partido Unidad Social Cristiana (PUSC): Pedro Muñoz y Óscar Cascante
  • Partido Integración Nacional (PIN): Walter Muñoz y Silvia Patricia Villegas
  • Independientes: Edgar Jovel Álvarez, Paola Vega, Dragos Dolanescu, Erick Rodríguez y Shirley Díaz
  • Frente Amplio (FA): José María Villalta

Estuvieron ausentes la independiente Ivonne Acuña, los restauracionistas Melvin Núñez y Floria Segreda, y las socialcristianas Aracelly Salas y María Vita Monge.

La votación llegó después de una discusión sumamente corta, en la que solo intervinieron legisladores opuestos al plan como José María Villalta, del FA; Welmer Ramos, del PAC; la independiente Paola Vega; y el también independiente Edgar Jovel Álvarez, afín al candidato a la Presidencia, Rodrigo Chaves, del nuevo Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

También llegó después de una serie de recesos y rompimientos de quorum que permitieron la llegada al plenario del liberacionista Gustavo Viales, quien no estaba presente cuando se interrumpió el debate de la iniciativa y cuyo parecía decisivo para inclinar la balanza en favor del proyecto al momento de su votación.

Además de las nuevas regulaciones en materia salarial y de convenciones colectivas, el proyecto pone topes a la acumulación de vacaciones y establece nuevos permisos una serie de licencias y permisos como garantías para los empleados del sector público (por paternidad, cuido y maternidad especial) como beneficios para los trabajadores del sector estatal.