Economía y Política

Reforma a empleo público ahorraría 1% del PIB anual, en primeros 10 años, con su nueva redacción

La nueva versión que se propone para el proyecto de ley busca atender los señalamientos hechos por la Sala Constitucional

La comisión de Consultas de Constitucionalidad de la Asamblea Legislativa ya recomendó una nueva redacción del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336) al Plenario legislativo, en la cual incluyó leves modificaciones –a modo de salvaguardas– para esclarecer la autonomía y la independencia de las instituciones señaladas por la Sala Constitucional.

Las estimaciones del Gobierno de la República indican que la nueva redacción del proyecto mermaría los ahorros estimados del mismo en un 0,27% del PIB anual, en promedio, durante los primeros 10 años de aplicación de la norma.

Esto ocurriría porque la normativa salarial de las instituciones independientes o autónomas ahora quedaría en sus propias manos, aunque sujeta a las regulaciones generales del proyecto de ley.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo también sostiene que la nueva redacción permitiría cumplir el compromiso de ahorro que se adquirió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través de esta reforma. El texto ahora permitiría reducir las erogaciones por planillas del Estado en un 1,04% del PIB anual, en promedio, durante los primeros 10 años.

Un 1,04% del PIB representaría unos ¢420.000 millones en 2022, según las estimaciones del Banco Central (BCCR) para la producción de ese año.

Estas proyecciones las envió el Poder Ejecutivo a los diputados de la comisión de Consultas de Constitucionalidad, el 19 de octubre, y son las más actualizadas sobre el impacto de la iniciativa.

Excluir a las instituciones autónomas o independientes de manera definitiva del ámbito de la ley hubiese implicado drenar mucho más su efecto fiscal.

La Sala Constitucional encontró vicios de fondo en el proyecto de ley de empleo público. Estos radicaron en que la iniciativa establecía una rectoría, en temas administrativos, en manos del Ministerio de Planificación (Mideplan), y el tribunal consideró que entidades como el Poder Judicial, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), las universidades públicas y las municipalidades no deberían quedar a merced del Ejecutivo.

La Sala Constitucional, sin embargo, sí determinó que era factible ordenar normas generales para todo el sector público, siempre y cuando las instituciones con independencia o autonomía constitucionales pudieran acatarlas por su propia cuenta, a través de lineamientos y direcciones internas.

Las reformas

El texto para corregir el proyecto de ley se aprobó en la comisión de Consultas de Constitucionalidad, con el visto bueno de cuatro de cinco legisladores. Ahora pasará a estudio del Plenario legislativo, que deberá decidir si acoge o no esta nueva versión.

La reforma la respaldaron Ana Lucía Delgado, del Partido Liberación Nacional (PLN); Laura Guido, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Eduardo Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN); y la independiente Zoila Volio. Solo se opuso Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

La nueva redacción –que en las próximas semanas se someterá a votación de los diputados para quedar en firme– mantiene intacto el ámbito de cobertura del proyecto. Sin embargo, indica que las entidades independientes o autónomas deberán apegarse a la normativa a través de sus propios medios.

Es decir, todo el sector público tendría que someterse a las restricciones en materia de convenciones colectivas y normar escalas salariales únicas, sin el pago de pluses salariales o incentivos de ese tipo; pero las instituciones con independencia o autonomía tendrían que hacerlo por fuera del mandato ejecutivo.

La escala salarial única que establecerá Mideplan, por ejemplo, no aplicará para los funcionarios cuyas funciones sean “exclusivas y excluyentes” de las competencias constitucionales del Poder Judicial, el Poder Legislativo, la Caja, las universidades públicas o los gobiernos locales. Estas entidades deberán decidir su modelo de remuneración única.

La presidenta de la comisión de Consultas, Ana Lucía Delgado, aseguró que el nuevo texto de ley corrige las inconstitucionalidades señaladas por la Sala IV, al mismo tiempo que permite mantener intacta la intención central de la iniciativa.

Esto se explica porque la Sala Constitucional no declaró inconstitucional el ámbito de cobertura de las indicaciones generales, afirmó la legisladora liberacionista.

La propuesta de mayoría satisfizo a la bancada oficialista, del PAC.

La jefa de fracción, Laura Guido, indicó que únicamente se colocaron las “salvaguardas especiales”, pero destacó que la iniciativa igualmente permitirá ahorrar un 0,77% del PIB anual durante los primeros 10 años, en promedio, solo por erogaciones que se eviten en el Gobierno Central (ministerios, órganos desconcentrados y Poderes de la República).

Guido subrayó que la nueva redacción aprobada por la Comisión de Constitucionalidad y que se enviará para su discusión al Plenario legislativo es el texto que finalmente fue “posible”, en relación con la carta constitucional.

Si los diputados hubiesen optado por recomendar la exclusión total de los trabajadores de instituciones autónomas e independientes, el Mideplan estima que el ahorro del proyecto habría caído a un 0,5% del PIB anual, en promedio, durante los primeros 10 años de la norma.

El socialcristiano Pedro Muñoz fue el único diputado que se opuso a la propuesta de corrección. Aseguró considerar que la nueva redacción tendría problemas técnicos. Asimismo, envió una carta a la Presidencia legislativa en la que indicó que va a enviar su propia recomendación al Plenario, distinta a la propuesta mayoritaria.

El trámite

A partir de la votación en el foro legislativo de Consultas de Constitucionalidad, este miércoles 20 de octubre, se empezó a descontar un plazo de al menos ocho días hábiles para que se reactive la discusión legislativa del proyecto de ley de empleo público en el Plenario legislativo.

Los 57 diputados deberán decidir, en una sola sesión, si acogen o no las recomendaciones de cambio hechas por la mayoría de la comisión de Consultas de Constitucionalidad (la nueva redacción).

La diputada Guido, del PAC, aseguró que no deberían existir mayores inconvenientes para una votación favorable en ese sentido.

Si el Plenario decide acoger los cambios, entonces el proyecto tendría que enviarse a consulta obligatoria de instituciones, por un período de diez días hábiles más.

Este proceso será crucial para el futuro de la iniciativa de ley. Una de las entidades a consultar será la Corte Suprema de Justicia, y si esta determina que la nueva versión del proyecto ya no afecta el funcionamiento y la organización del Poder Judicial, entonces el texto ya no requeriría de 38 votos sino de mayoría simple (la mitad de los legisladores presentes más uno).

La diputada presidenta del Congreso, Silvia Hernández, del PLN, explicó que es por esta complejidad de los trámites que el proyecto aún está en pausa. La iniciativa se empezará a discutir nuevamente hasta el mes de noviembre, cuando arranquen las sesiones extraordinarias del Congreso.

El Gobierno se comprometió con el FMI a implementar una reforma al empleo público con un impacto fiscal de entre el 0,5% y 0,8% de la producción. El presidente del BCCR y gobernador del país ante el organismo, Rodrigo Cubero, señaló que la aprobación de la iniciativa es un compromiso “formal” con el Fondo, como parte del programa de financiamiento convenido por $1.778 millones en tres años.

La redacción de la iniciativa que ahora se plantea supera esa expectativa, según el Gobierno de la República. Sus estimaciones se basan en datos suministrados por la Secretaria Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) y del Ministerio de Educación Pública (MEP).

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.