Los diputados aprobaron la tarde de este lunes 24 de agosto el préstamo rápido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por $504 millones (¢364.400 millones), el 90% de este dinero se dirigirá a financiar las necesidades presupuestaria del Gobierno y el 10% restante a amortizar la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Con 37 votos a favor y 15 en contra, el plenario legislativo autorizó el contrato de crédito con el organismo multilateral en primer debate.
La votación en segundo debate se programó para el jueves 27 de agosto, ese día el proyecto necesitará el respaldo de al menos 38 legisladores.
El empréstito se trasladará del Fondo al Banco Central de Costa Rica (BCCR), que es el agente del Estado ante ese organismo internacional, y posteriormente se transferirá al Ministerio de Hacienda.
El Gobierno asegura que el financiamiento no representa mayor gasto con respecto al que se incorporó en el Presupuesto Nacional 2020, sino que corresponde a un cambio de fuente de recursos para reestructurar los gastos que ya existen sin la necesidad de emitir títulos valores en el mercado doméstico.
Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), recordó que si el empréstito con el FMI no se aprobaba, el Ejecutivo tendría que colocar deuda interna cuatro veces más cara, lo que se traduciría en ¢100.000 millones más en pago de intereses durante los próximos cuatro años.
Originalmente el proyecto de ley 22.018 le otorgaba el 100% del monto del crédito internacional al Gobierno para apoyo presupuestario durante la atención de la crisis del coronavirus. Sin embargo, el pasado 4 de agosto los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios aplicaron modificaciones al texto.
Los principales cambios se hicieron en el artículo 2 en el cual se definió que el 90% del préstamo será utilizado para dotar de recursos al Ministerio de Hacienda con el objetivo de evitar la emisión de deuda interna que puede generar presiones en el mercado doméstico en momentos de crisis.
En ese mismo artículo los legisladores introdujeron un ajuste para que el 10% del empréstito se destinen a la CCSS con el objetivo de reducir la deuda del Estado con esa institución en una coyuntura donde se requieren más recursos para fortalecer los servicios de salud.
Pablo Heriberto Abarca, diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se opuso al crédito porque considera que existe falta de claridad en la ruta de reactivación económica del Gobierno.
“Pueden aprobar todos los empréstitos que quiera, pero no sé cómo van a pagarlos, porque como el sector productivo tiene los negocios cerrados no hay recolección de impuestos y no sé hasta dónde les va a alcanzar que les sigan prestando”, comentó el legislador.
Silvia Hernández, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios donde se tramitó el proyecto, recordó que el Ejecutivo enfrenta serias deficiencias en su ruta, primero a obtener el préstamo rápido y después hacia la negociación de un acuerdo de giro con el FMI para acceder a $2.250 millones.
“El Gobierno llega a la mesa de negociación con poca claridad sobre las grandes reformas que se necesitarán para que el préstamo sea aprobado. Hay una coordinación improvisada con las distintas fuerzas políticas y sociales del país. No hay visión sobre las finanzas públicas después del 2021″, aseveró la economista.
Nueva negociación
El Ejecutivo iniciará en setiembre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para concretar un Stand-by Arrangement (SBA) que le permitirá acceder a $2.250 millones en tres años para reestructurar la deuda pública, reducir el déficit fiscal y “sanear” las anquilosadas finanzas del Estado.
Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gabinete, confirmó a EF que esperan arrancar las conversaciones con el Fondo en setiembre, tras el aval de la Asamblea Legislativa al préstamo rápido por $504 millones que también otorgará ese organismo multilateral al país.
“Durante setiembre ya se estaría retomando ese diálogo, tan pronto se apruebe esta modalidad de financiamiento rápido. Esperamos iniciar las negociaciones de esta modalidad (SBA) que es de más largo alcance para poder garantizar su aprobación lo antes posible a sabiendas de los vencimientos y de que tenemos necesidades 14,8% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2021″, apuntó la jerarca.
Garrido detalló que el acuerdo con la entidad internacional necesitará consensos con las fracciones legislativas y con otros sectores del país.
De acuerdo con la titular del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), el acuerdo de derecho de giro con el Fondo será un puente entre la actual y la próximo administración, por eso es necesario que todos los actores políticos se sienten a la mesa a conversar.
El Ejecutivo tiene claro que la negociación del convenio de Stand-by también va a necesitar el respaldo de otros sectores como cámaras empresariales y sindicatos. Como parte de esa estrategia, el Gobierno abrió un periodo de recepción de ideas y propuestas, mediante una página web, para recibir iniciativas que contribuyan con el diálogo ante el ente multilateral.
El pasado 17 de julio, Krishna Srinivasan, subdirectora del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, advirtió a los diputados, en una carta, que el atraso en el trámite del primer crédito ponía en riesgo la futura negociación del SBA.
La respuesta de Srinivasan surgió tras varias consultas enviadas por los diputados Silvia Hernández, Ana Lucía Delgado y Gustavo Viales, del PLN, quienes, entre otros puntos, preguntaron a la institución si el Instrumento Rápido de Financiamiento (RFI, por sus siglas en inglés), era una condición para buscar un convenio de Stand-by.
El Fondo aclaró que si se retrasa el RFI también se pondrán en riesgo otros empréstitos de apoyo presupuestario que están ligados a este.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó, el pasado 23 de junio, un préstamo por $250 millones que se girará hasta que Costa Rica apruebe el del Fondo.