Los diputados aprobaron la tarde de este jueves el segundo presupuesto extraordinario 2020 con un aumento en la deuda pública por ¢17.730 millones para evitar los recortes a las asociaciones de desarrollo comunal y al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). Además, se dejan intactas las transferencias a los cantones productores de banano.
El proyecto de ley permitirá financiar los bonos Proteger y otros subsidios con ¢90.000 millones que se repartirán entre personas afectadas económicamente por la pandemia. El Ejecutivo presionó durante las últimas semanas por este dinero.
El plan que envió el Ministerio de Hacienda al Congreso proponía un recorte al gasto público por ¢327.974 millones, pero también incrementos el algunos rubros por ¢132.000 millones para atender la pandemia en el frente sanitario, económico y social.
La diferencia entre la reducción y el incremento de gastos deja un recorte neto por ¢195.517 millones, así lo certificó la Contraloría General de la República (CGR).
Tras dos días de intensas discusiones en el plenario legislativo, los diputados finalmente dieron su aprobación, en primer debate, al proyecto de ley 22.080 con 48 votos a favor y uno en contra.
Durante la sesión de este jueves se aprobó la moción 34 que obliga al Gobierno a emitir bonos de deuda en el mercado interno por ¢2.800 millones para cubrir los recursos de las asociaciones de desarrollo comunal y por ¢14.000 millones para compensar los recortes al Banhvi.
La moción contó con el respaldo de una parte de congresistas de los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC) y algunos independientes.
Laura Guido, diputada del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC), cuestionó esta decisión porque golpea el planteamiento original del presupuesto que envió el Gobierno y porque considera que el Banhvi es una institución obsoleta que tiene muchos problemas para ejecutar sus recursos.
Ana Lucía Delgado, congresista del PLN, recordó al plenario que la situación fiscal de Costa Rica para este año es muy complicada y por eso deben ser muy estratégicos en la selección de los rubros donde deben ir los recursos.
“Los datos que respaldan un presupuesto vienen sujetos a requerimientos y notas por parte del Ministerio de Hacienda a las diferentes instituciones. Hay que poner en perspectiva los datos del contexto de este proyecto, por primera vez tenemos una caída en los ingresos de ¢1,2 billones y una deuda superior al 60%”, apuntó.
Mientras que Silvia Hernández, legisladora liberacionista y presidenta de la Comisión de Hacendarios, se opuso a votar moción que aumenta el límite de endeudamiento interno para destinar recursos a las asociaciones de desarrollo comunal y al Banhvi.
Hernández recordó que la precaria situación de las finanzas públicas obliga un manejo responsable frente a una coyuntura inédita marcada por la pandemia.
La discusión para mantener los recursos a las asociaciones de desarrollo comunal provocó una ruptura en las filas de Liberación Nacional. Esta bancada había acordado apoyar las recomendaciones emitidas por Hernández y Delgado, quienes analizaron el proyecto de ley en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
Sin embargo, un grupo de congresistas verdiblancos encabezado por Roberto Thompson apoyó la devolución del dinero a estas organizaciones de base comunal.
Con la moción 34 se revierte el recorte de ¢2.800 millones que el mismo pleno legislativo aprobó la tarde del miércoles 22 de julio, es decir, apenas un día antes de la aprobación del presupuesto extraordinario.
El plenario acordó reintegrar ¢930 millones a las municipalidades de los cantones donde se cultiva banano para exportar.
Este ajuste se aprobó por medio de una moción impulsada por José María Villalta, del Frente Amplio (FA) y Pedro Muñoz, del PUSC.
La idea surgió porque Elian Villegas, ministro de Hacienda, reconoció que los ingresos por el impuesto al banano no sufrieron ninguna reducción hasta ahora por el impacto del coronavirus en la economía.
El dinero se devolverá a los ayuntamientos por medio de la inclusión de una partida al programa de administración central del Ministerio de Gobernación y Policía, esta entidad deberá emitir bonos en el mercado doméstico para repartir los ¢930 millones a los cantones productores.
Los recursos serán percibidos por las municipalidades de Osa, Parrita, Sarapiquí, Talamanca, Pococí, Matina, Limón y Guácimo.
El proyecto de ley, que ahora debe ser aprobado en segundo debate pactado para el 28 de julio, plantea una reducción de ingresos corrientes por ¢1,28 millones para este año. La contracción se debe a una menor recaudación de tributos como el del Valor Agregado (IVA), renta, importaciones y propiedad de vehículos entre otros.
Este escenario considera una brecha entre los ingresos y gastos por ¢1,07 billones que deben cubrirse con diferentes fuentes de dinero.
Hacienda propone tres acciones para cerrar esa necesidad de recursos: incrementar el límite de endeudamiento a ¢663.000 millones, recortar el gasto público en ¢195.517 millones y usar ¢217.000 millones del préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Dinero para bonos
El presupuesto destina ¢90.000 millones para financiar los bonos Proteger y otros subsidios que se entregan a personas afectadas económicamente por la crisis ocasionada por la pandemia.
¢75.000 millones provienen de una transferencia del Instituto Nacional de Seguros (INS) para destinar ese dinero a los bonos Proteger.
También se pagarán ¢45.800 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con recursos provenientes de un préstamo del BID y la AFD, de ese monto ¢3.000 millones se utilizarán para pensiones del Régimen No Contributivo dirigidas a adultos mayores en condición de pobreza.
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El pasado lunes 20 de julio, la Corte Plena analizó el presupuesto extraordinario y determinó que los recortes planteados por el Gobierno afectan el funcionamiento del Poder Judicial.
La posición de los magistrados obliga a una votación con 38 votos favorables para aprobar el proyecto de ley en segundo debate.
14 de los 22 altos jueces apoyaron el informe presentado por la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial en el que se señalaron varios argumentos sobre el impacto que tendría el ajuste presupuestario.
El texto planteaba inicialmente un recorte de ¢2.500 millones para el 2020, pero la suma creció a ¢5.147 millones, lo que implicaría reducciones de pagos de cargas sociales, limpieza y vigilancia, horas extras, publicación de edictos, entre otros rubros.
Emilia Navas, fiscala general de República y Wálter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mostraron su preocupación frente a las propuestas del Ejecutivo ya que implicaría tomar decisiones drásticas sobre la continuidad de algunos servicios.