Meses de atraso en la emisión de reglamentos han transformado en desasosiego, la inicial esperanza con que los empresarios de sectores más golpeados por la pandemia, recibieron la aprobación de tres leyes que vendrían a abrir nuevas oportunidades para sus negocios.
La tardanza crea incerteza jurídica, falta de credibilidad, y denota desinterés por parte del Poder Ejecutivo según reclaman los propulsores de la Ley de Impulso a las Marinas Turísticas y Desarrollo Costero (9.977); la Ley para Atraer Trabajadores y Prestadores Remotos de Servicios de Carácter internacional (10.008); y la Ley de Comercio al Aire Libre (10.126).
La ley de marinas acumula 11 meses desde que fue publicada en el diario oficial La Gaceta —23 de abril de 2021—sin sus tres reglamentos. El transitorio primero de la legislación obligaba al Poder Ejecutivo a elaborar la normativa en un plazo máximo de seis meses posterior a su publicación.
El reglamento para la atracción de nómadas digitales a Costa Rica sigue sin publicarse pasados ocho meses desde que el presidente Carlos Alvarado firmó la ley (13 de julio de 2021). Dos meses tenía el Ejecutivo, para emitir el reglamento y poner en práctica los beneficios para el sector turismo.
Estos antecedentes oscurecen el panorama para la Ley de Comercio al Aire Libre, firmada en enero de este año y cuyos reglamentos deberían estar listos en julio. La legislación tiene la particularidad de que las 83 municipalidades del país deben intervenir en esta normativa, de acuerdo a sus necesidades.
“Hay un gran reto porque son 83 municipalidades en el país y cada una tiene sus necesidades, sin embargo, deben existir instituciones del Poder Ejecutivo, por ejemplo el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), apoyando este proceso. No se trata de emitir 83 reglamentos”, precisó Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien presentó la iniciativa a la Asamblea Legislativa.
Para Mailyn Núñez, asesora legal de la Cámara de Comercio de Costa Rica tener el reglamento a tiempo es fundamental para contar con la seguridad jurídica debida.
La legislación costarricense deja un “vacío” en cuanto a las consecuencias de no emitir un reglamento en el tiempo estipulado, y es que no existe sanción alguna para los funcionarios que no cumplen con el plazo dispuesto por ley.
“Esta es una de las grandes discusiones que nosotros tenemos. Todas las leyes establecen un plazo para ser reglamentadas, y se da la oportunidad, a quién corresponda, para tener el espacio necesario para detallar”, señaló Thompson.
Sin sentido de urgencia
Para quienes esperan aprovechar las oportunidades prometidas por estas leyes, los retrasos en la publicación de los reglamentos demuestran una desconexión de las entidades públicas con las necesidades del sector productivo.
“Cada día que pasa es una pérdida de dinero para la reactivación económica, la recuperación de las zonas costeras y la atracción de inversión”, recalcó Rubén Acón, presidente de Cámara Nacional de Turismo (Canatur).
La cámara envió una carta en semanas recientes a los Ministerios de Salud, Seguridad y a la Dirección General de Migración y Extranjería para solicitar una reunión con las cabezas de las entidades, sin embargo, no les contestaron ni el recibido.
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Además, personas cercanas al proceso como el diputado Carlos Ricardo Benavides, propulsor de la legislación, señalan que la propuesta de reglamento incluye la solicitud de requisitos como documentos apostillados o legalizados de difícil cumplimiento, incluso escritos expedidos en otros países que son de carácter privado.
“Son requisitos que no deben cumplir otras categorías de no residentes en el país, requisitos que no cumplen nunca los turistas que ingresan y permanecen en el país. No se les exige nada de eso. Hay una falta de comprensión de los objetivos de la ley”, manifestó Benavides, quien es miembro de la bancada del Partido Liberación Nacional.
Ante la consulta de este medio sobre la situación de este reglamento, la oficina de prensa de Migración se limitó a señalar que la consulta debía realizarse a Presidencia. Al cierre de esta edición, el departamento de prensa de Casa Presidencial señaló que las consultas de EF sobre el avance de estas normas aún está “en gestión”.
Algunas de las entidades involucradas, señalan que el proceso para la creación de cierta normativa implica muchos pasos y consultas.
Óscar Villalobos, director ejecutivo de la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT) había explicado en una nota publicada por este medio que, la dirección de mejora regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio ahora solicita que los textos sean más participativos y que se consulte a los sectores involucrados, por lo que ese plazo (de seis meses) es insuficiente para finiquitar el proceso.
“Se espera que (los reglamentos) estén listos y firmados antes del cambio de gobierno, para no tener ningún inconveniente. Creemos que sí lo podemos lograr”, había indicado Villalobos.
Grethel Fernández, directora ejecutiva de la Asociación Costarricense de Concesionarios de Marinas Turísticas (CRMAR), afirmó que tanto CRMAR como otras organizaciones interesadas, como el Clúster de Turismo del Pacífico Central se unieron a la CIMAT desde el año pasado, para redactar las normas de mayor urgencia.
Sin embargo, al día de hoy, no cuentan con una versión final aprobada por la Comisión Plenaria de esta entidad adscrita al Instituto Costarricense de Turismo (ICT). EF también intentó obtener la versión del ICT, mas no se obtuvo respuesta.
“Se sigue trabajando en esta redacción y esperamos que con la ayuda de la Dirección Legal del ICT y el ministro de Turismo, en las próximas semanas tengamos un documento final aprobado”, dijo Fernández.
Limitación de los beneficios
Pese a la falta de seguridad jurídica, la Marina Flamingo, la de Pez Vela y Bahía Golfito continúan con sus planes de inversión y expansión con la creación de áreas residenciales, la generación de empleo y un aumento de su capacidad para recibir más mega yates.
Pedro Abdalla, director general de Marina Bahía Golfito y vicepresidente de la Asociación de Marinas de Costa Rica, explicó que este atraso ha impactado directamente la tan esperada actividad del charteo en Costa Rica.
“El entusiasmo ante esta noticia fue tal que, Marina Bahía Golfito empezó a recibir solicitudes de que deseaban trasladar parte de esa actividad a Costa Rica en temporada alta (noviembre 2021 a abril 2022). Lamentablemente, debido a la no aprobación del reglamento, se imposibilitó esta acción, lo cual no solo fue decepcionante por la posibilidad de nuevos ingresos para el país, sino también porque Costa Rica pierde credibilidad ante una industria tan fuerte y grande a nivel mundial”, manifestó Abdalla.