La situación de las finanzas del Gobierno sigue siendo delicada aún con la entrada en vigencia de la reforma fiscal. La deuda roza peligrosamente su límite natural del 60% y las medidas de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635) alcanzan para contener el crecimiento del gasto, pero –por el momento– no para recortarlo hasta hacerlo sostenible.

La venta de activos del Estado es una tema casi tabú en Costa Rica, sin embargo un incremento en la relación entre las obligaciones del Gobierno y el tamaño de la producción nacional podría poner sobre el tapete la discusión: ¿qué se podría vender?

La idea no es nueva, pero sí polémica. Fue traída a la mesa de discusión hace varios años, pero los tiempos y las realidades eran muy distintas. Eso lo entiende bien Miguel Ángel Rodríguez, abogado, economista y expresidente de la República (1998-2002).

La propuesta debe ser vista con cuidado. La venta de activos o instituciones estatales en medio de una delicada situación fiscal y de una desaceleración económica podría desencadenar complejas negociaciones entre el Gobierno –interesado en obtener la mejor renta posible– y los clientes, dispuestos a exigir ciertas condiciones y beneficios jurídicos adicionales.

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El otro reto versa sobre la complementación de acciones. Para que la privatización de activos tenga sentido, el Ejecutivo debe hacer ajustes que permitan reducir el gasto y esos cambios vendrán con la aplicación de la regla fiscal, con los límites a los pluses salariales y con una reforma efectiva del empleo público.

Las joyas de la abuela

Pero, ¿cuáles son esas instituciones o empresas públicas que podrían venderse para generar recursos frescos que permitan capitalizar las arcas del Estado?

Entre las 319 entidades del aparato estatal se vislumbran algunas opciones, según consultas de EF a economistas. El Banco de Costa Rica (BCR) y el Instituto Nacional de Seguros (INS) son las primeras dos en saltar del joyero.

Ambas instituciones son empresas estatales que desarrollan actividades en mercados en competencia y que reportan buenos resultados financieros.

Estas son las dos primeras joyas en las que pensó Miguel Ángel Rodríguez, quien agregó que esos recursos deberían destinarse para capitalizar la seguridad social del país.

“No hay que hablar de vender, ese fue un error que yo cometí en mi campaña y en mi gobierno. Se trata de cambiar activos, de cambiar el patrimonio del Estado por uno más conveniente. Deberíamos vender un banco del Estado y el INS”, señaló el exmandatario.

En el horizonte también aparecen otras entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

Estos órganos podrían representar una mayor complejidad política por la naturaleza de sus negocios, por el arraigo social del que gozan y por la gran cantidad de empleados que concentran en sus planillas.

Uno de los puntos a favor de la venta de un banco del Estado es que la llegada de un nuevo competidor al sistema financiero nacional ayudaría a bajar los costos de la intermediación financiera y, por ende, tendría efectos positivos en el acceso a crédito para el sector privado.

“Vender el BCR debería ser una opción cercana, en una licitación pública internacional con el requisito ineludible de que el comprador sea un un banco internacional de primer orden para que venga a meter competencia de verdad al país”, comentó Eli Feinzaig, economista.

Vender cuando valen

El ICE atraviesa una compleja situación de vulnerabilidad financiera, el diferencial cambiario y el cierre del proyecto Diquís, en el que se invirtieron ¢87.351 millones entre 2007 y 2017, dejó en una difícil posición a una de las empresas públicas más sólidas del país.

“En Costa Rica por tratar de cuidar las joyas las perdemos, vea lo que pasó con el Banco Anglo Costarricense y con el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). La medida de vender una institución tiene que estar orientada a generar un ahorro con sentido y a reactivar la economía”, agregó Feinzaig.

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Mientras que el proceso para determinar cuáles órganos vender, cerrar o transformar debe estar acompañado de un amplio estudio técnico que justifique la decisión y que permita definir con claridad cómo se invertirán los recursos.

Ese es el llamado que hacen las voces desde la Asamblea Legislativa para someter a debate la posibilidad de tomar medidas como la venta de instituciones en tiempos de estrechez fiscal.

La otra posibilidad es la comercialización de algunos activos o de otras entidades cuyos negocios son más pequeños, como, por ejemplo, la Fabrica Nacional de Licores (Fanal) y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer). Aunque las ganancias que podrían generar estas transacciones serían sustancialmente más pequeñas.

Mientras que otras entidades que tuvieron valor en el pasado, como el caso de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), ahora no se pueden vender por la reducción paulatina de su actividad económica y su inflexibilidad para adaptarse a nuevos negocios.