Por: María Luisa Madrigal.   30 agosto
Con un monto de ¢10,5 billones, el Presupuesto Nacional para el 2020 logró superar la barrera que le exige la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635). Fotografía: John Durán
Con un monto de ¢10,5 billones, el Presupuesto Nacional para el 2020 logró superar la barrera que le exige la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635). Fotografía: John Durán

Con un monto de ¢10,5 billones, el Presupuesto Nacional para el 2020 lograría superar la barrera que le exige la regla fiscal aprobada en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635).

En el papel, el Gobierno no podía permitir que el gasto creciera más de un 4,6%. El documento entregado por la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, a los diputados en la Asamblea Legislativa, refleja un crecimiento del 3,9% en ese rubro.

Debido al nivel de endeudamiento del país, el crecimiento del gasto queda –según las disposiciones de la ley– no podría sobrepasar el 75% del crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) nominal de los últimos cuatro años (4,6%).

El crecimiento de los gastos corrientes propuesto en el plan de gastos del Gobierno Central es el menor desde el 2010. Si del monto de gasto se eliminan los intereses, entonces se reflejaría una variación porcentual decreciente, de acuerdo con Aguilar.

Incluso en el monto total, el presupuesto sorprendió al mostrar una variación interanual de -4,3% respecto al año anterior, en total son ¢466.743 millones menos. En contraste, el proyecto del 2019 creció más de un 11% en relación con su predecesor, principalmente empujado por el servicio de la deuda.

“No solo hay un cumplimiento fiel de la regla fiscal, sino que lo cumplimos con holgura”, declaró la ministra.

Para lograr el cumplimiento de la regla fiscal se tomaron en cuenta varios factores, de acuerdo con Aguilar.

El principal ajuste fue pasar parte de las transferencias corrientes a transferencias de capital, ya que la reforma permite “desenganchar” el crecimiento de algunas de estas, de acuerdo con el capítulo de responsabilidad fiscal.

Específicamente, del monto total de la transferencia que se realizará para el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) al menos ¢70.000 millones deberá destinarse para gasto de capital, de acuerdo con Aguilar.

Ottra transferencia de aproximadamente ¢6.000 millones correspondiente al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) que se deberá ejecutar únicamente en gasto de capital. Además, la institución deberá trasladarla al MEP, según declaró la ministra.

Después entran en juego las remuneraciones. La reforma fiscal condiciona el crecimiento de esta partida presupuestaria. Al aumentar a menor ritmo, ayudó a que el gasto se ubicara por debajo del techo que dicta la regla.

En comparación con el año anterior, el rubro crecería un 1,1%.

En la última década las remuneraciones de los empleados públicos registraron crecimientos anuales de dos dígitos como se refleja en los presupuestos del 2012 - 2013 y 2014 - 2015.

Otros números del presupuesto

La propuesta de egresos presentada por Hacienda también logra disminuir el déficit presupuestario de un 8,1% registrado en 2019 a un 7,8% de aprobarse sin cambios el proyecto de ley.

Por entidad

El monto asignado para el MEP sigue sin alcanzar el 8% del PIB que se le debe asignar de acuerdo con las previsiones de la Constitución Política.

Según el texto elaborado por Hacienda, el MEP recibiría en el 2020 un total de ¢2,6 billones. El monto equivale a un 6,9% de la producción nacional. Si se analiza la división del presupuesto por entidad, este ministerio recibe la mayor cantidad de dinero solo superado por el servicio de la deuda.

El monto dedicado a educación pública en relación con el PIB viene en caída desde el 2017, cuando alcanzó el 7,8% de la producción.

El presupuesto asignado a la Presidencia de la República disminuye en un 73,8%. En el 2019 este rubro había crecido en casi 300% por la asignación Fondo de la Comisión Nacional de Emergencias de ‎¢46.000 millones.

Sin embargo, no todo son disminuciones. El Tribunal Supremo de Elecciones obtuvo una asignación de ¢16.423 millones más respecto al 2019. El dinero es necesario para la realización de las elecciones municipales de febrero del 2020.

Además, el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah) recibiría ¢10.369 millones más que en el 2019, para un crecimiento de 7,9%. Este incremento se justifica por la presencia de un programa de bono comunitario.

Otro rubro que percibe un incremento importante es el de los regímenes de pensiones que alcanzarían una asignación de ¢1,12 billones, para un crecimiento de 6,4% respecto al 2019.