Estas son las 28 medidas que aplicará el Gobierno en salarios, presupuestos y recortes para reducir el gasto público

Ministra de Hacienda apuesta por ajustes en remuneraciones para ahorrar ¢27.500 millones el primer año

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Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, presentó este miércoles un conjunto de medidas para recortar el gasto del Gobierno Central y contener el déficit fiscal del país.

La jerarca explicó el paquete de acciones ante el plenario de la Asamblea Legislativa, en una comparecencia que inició a la 1:45 p.m. y está programa para finalizar a las 5:00 p.m.

"Ustedes (diputados) heredaron la responsabilidad de decidir el futuro de la reforma fiscal", emplazó Aguilar a los legisladores.

La Ministra señaló que el paquete de medidas para recortar y contener el gasto público, así como la aprobación de la reforma fiscal, son insuficientes para solucionar el déficit fiscal que para este año cerrará en 7,1% del Producto Interno Bruto (PIB) y para el 2019 podría llegar al 7,9% de la producción nacional.

Aguilar enumeró los factores que arrastraron las finanzas del país al déficit fiscal:

  • Una constante evolución en el surgimiento de nuevos derechos y garantías.
  • Un crecimiento sostenido del número de instituciones, hasta llegar a superar las 330.
  • Un crecimiento inercial de la masa salarial por encima del crecimiento real de la economía.
  • Destinos específicos de carácter legal o constitucional ligados a variables como el PIB o ingresos tributarios que reducen la acción pública.
  • Una reducción de la carga tributaria, tanto como resultado de tasas de crecimiento menores a las observadas en décadas anteriores (5% del PIB vs 3% del PIB), como de una transformación en la economía que refleja un mayor peso en el sector servicios.

"Por si fuera poco el aumento de la deuda no ha venido acompañado de una mejora en sus características. Mientras que en 2015 el 63,1% de la deuda estaba en colones, hoy tenemos un 59,6% en nuestra moneda. Incrementamos el portafolio con más deuda en dólares, redujimos el componente de tasa fija y su plazo promedio", señaló la titular de Hacienda.

La falta de acuerdos para aprobar una reforma fiscal en los últimos 20 años, provocó un aumento sostenido en las tasas de interés de casi 100 puntos base entre diciembre del 2015 y marzo del 2018. Las tasas ponderadas crecieron de 6,24% a 7,23%.

A esto se suma que en el 2018 el Gobierno debe enfrentar vencimientos de deuda que superan los ¢2 billones, equivalente a $3.597 millones, o bien, al 5,8% del PIB.

Estos son los recortes y acciones para contener el crecimiento del gasto público que implementará el gobierno de Carlos Alvarado. Son extractos del discurso que ofreció, este miércoles, la Ministra de Hacienda.

Cambios en salarios

1- Se decretará semestralmente un mismo monto fijo de incremento salarial para cada funcionario del Gobierno, suma que pretende evitar un crecimiento exponencial de la masa salarial y proteger los salarios más bajos. Se calculará como el resultado de aplicar el porcentaje del costo de vida al salario base más bajo.

El impacto anual de esta medida se estima en ¢12.600 millones que incluyen cargas sociales. Es una cifra equivalente a la suma de los presupuestos ejecutados por el Ministerio de Comercio Exterior (Comex) y Presidencia en el 2017.

Se exhorta a los Poderes de la República y al resto del sector público a actuar en consonancia con esta medida, la cual culminará cuándo suceda una de dos circunstancias:

- La introducción de una modificación en el expediente 20.580 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), que establezca que todos los pluses porcentuales queden definidos nominalmente, permitiendo de esta forma que las remuneraciones crezcan conforme a la inflación o.

- La aprobación de una nueva ley de empleo público.

2- A partir del 1° de junio de 2018, el monto que se paga por cada anualidad se mantendrá fijo, es decir, no tendrá crecimiento. Esta medida genera a lo largo de cuatro años un ahorro de ¢96.000 millones incluidas las cargas sociales. En el primer año el ahorro será de ¢8.264 millones, suma equivalente al presupuesto ejecutado por la Presidencia de la República en 2017.

3- Se mantiene sin variación el valor de los puntos que se asignan al incentivo de carrera profesional que reciben los empleados públicos. Para los nuevos funcionarios no se reconocerá puntos de carrera profesional por el título que exija su puesto.

El ahorro de esta medida es de ¢1.500 millones anuales, es decir, en un lapso de 4 años el ahorro superará los ¢6.000 millones.

Producto de un aumento fijo en el salario base de otros pluses, como dedicación exclusiva y prohibición, se generará un ahorro anual de ¢2.657 millones.

4- Se podrá utilizar hasta en un máximo del 25% del total de plazas vacantes, lo que significará un ahorro de ¢17.343 millones en el presupuesto del 2018. Este es un monto similar al presupuesto ejecutado por el Ministerio de Cultura en 2017. La medida se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.

5- No se autorizarán nuevas reasignaciones de puestos (por el resto de la Administración Alvarado). Se excluyen aquellas que a la fecha de la directriz que contemplará esta medida se encuentran en curso. El ahorro anual estimado es ¢2.500 millones, cifra equivalente al presupuesto de obras específicas ejecutado en 2017.

6- Se establece una nueva escala para reducir el pago del incentivo de dedicación exclusiva, para todos los nuevos funcionarios. Para Bachillerato se reduce al 10% y para Licenciatura a 25% sobre el salario base.

7- Hacienda presentó una propuesta de reforma a la ley, para que se reduzca al 30% el pago de prohibición a profesionales con el grado de bachillerato y licenciatura.

8- Para las entidades bajo el ámbito de la autoridad presupuestaria, pero fuera del Régimen del Servicio Civil, se instaurará el sistema de salario único para los nuevos empleados.

En resumen, este conjunto de medidas en remuneraciones generan un ahorro de ¢27.521 millones en el primer año y de ¢17.343 millones en plazas vacantes en el 2018.

Ajustes al presupuesto

9- Las sumas de gasto corriente (salarios y transferencias), excluidos los intereses, procesos de compra y otros compromisos adquiridos, no ejecutados al primer semestre, serán trasladas a una partida de sumas libres de asignación presupuestaria. El propósito es no realizar modificaciones presupuestarias que permitan su utilización.

10- Se reduce el presupuesto de pago de horas extra en 50%. Se estima un impacto en el presupuesto del 2018 de ¢3.295 millones. Esta medida se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.

11- Se reduce el presupuesto de publicidad en 30%, con excepción del Instituto Costarricense de Turismo. Se estima un impacto de ¢173,5 millones en el presupuesto del 2018.

12- Se reduce en 30% el gasto de viajes y viáticos al exterior. Con excepción del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Instituto Costarricense de Turismo. Esta medida generaría un impacto de ¢173,2 millones.

13- Se reduce en 50% el gasto en actividades protocolarias y sociales. Con excepción de Casa Presidencial y Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Esta medida generaría un impacto de ¢99,6 millones.

14- Se reduce el presupuesto de servicios económicos y sociales en 20%. Esta medida generaría un impacto de ¢320,7 millones y se mantendrá bajo vigilancia los cuatro años de la Administración Alvarado Quesada.

Este conjunto de medidas generará un ahorro en el presupuesto del ¢6.641,6 millones.

Presupuesto para el 2019

15- Con excepción del servicio de la deuda, pensiones y los gastos de capital, el resto del presupuesto se mantendrá con el mismo monto nominal del presupuesto aprobado en el 2018.

16- A partir del 2019 se aplicarán ¢60.000 millones por año de superávit libre para amortizar deuda.

Este grupo de medidas, junto con la aprobación del expediente legislativo (20.580) y la aprobación de una Ley de Empleo Público que empiece a regir a partir del 2020 para los nuevos financionarios, en un periodo de cuatro años, permitirá alcanzar un déficit financiero de 3% del PIB.

Otras medidas administrativas

17- No se autorizarán reestructuraciones administrativas que impliquen incremento en gastos.

18- No se autorizarán nuevos alquileres, salvo aquellos provenientes de estado de necesidad u órdenes sanitarias.

19- Se procurará que al menos 10% de los funcionarios realicen teletrabajo y se incentivará el uso de la firma digital.

20- En materia de compras públicas, no se autorizarán pagos a contrataciones realizadas fuera de la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop). Esta medida aplicará a las compras de Gobierno Central iniciadas con posterioridad a la emisión de la respectiva directriz.

21- El Gobierno emitirá una directriz que obligue a la renegociación de convenciones colectivas. Además del Ministerio de Trabajo, se integrará al Ministerio de Hacienda en la Comisión de Negociaciones.

22- Se aplicará una retención de la contribución solidaria a más de 200 pensionados de lujo del Magisterio Nacional, lo cual permitirá recaudar más de ¢2.000 millones por año.

23- El Gobierno emitirá una directriz con la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda, orientada al uso adecuado de las tecnologías de información, entre ellas el uso de la videoconferencia que permita alcanzar al menos un 15% de las reuniones de manera remota, el uso de soluciones informáticas en la nube y convenios para el uso de centros de datos con capacidad instalada.

Todas las acciones del Poder Ejecutivo antes enumeradas se plasmarán mediante decretos ejecutivos, directrices y medidas administrativas.

Proyectos de ley

Aguilar pidió a los diputados aprobar varios proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que complementaría la reforma fiscal para generar ingresos o ahorros importantes que contribuirían con la reducción del déficit fiscal.

Estas son las iniciativas de ley por las que abogó la jerarca de Hacienda.

24- Aprobar el proyecto de ley que plantea la fusión del Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito) con el Banco de Costa Rica (BCR), que le permitirá al Ministerio de Hacienda recuperar un total de ¢113.000 millones, cifra cercana al presupuesto de esta cartera.

25- Ley para el Ordenamiento de las Exoneraciones, No. Exp.19.531 y la Ley para el Uso de Mecanismos de Financiamiento en el Mercado Internacional, Nº Exp.20.535.

26- Reincorporación del apartado de destinos específicos al expediente 20.580.

27- Incorporación en el expediente 20.580 de un apartado que contemple para todo el sector público, la transformación de los actuales incentivos laborales establecidos como porcentaje del salario base, a monto nominal. Esta será una medida que coadyuve al crecimiento ordenado de la masa salarial.

28- Avanzar en la aprobación de la regla fiscal constitucional.