Como presidente del Poder Judicial, Fernando Cruz ya tuvo que lidiar con varios puntos de polémica: la entrega de un presupuesto con cero crecimiento nominal para el 2019, impulsar varias comisiones que buscan cambiar el funcionamiento estructural del Poder y el avance de la ya aprobada reforma de pensiones del Poder Judicial.
A esto se le suma que los diputados lo acusaran de “adelanto de criterio” en relación con una eventual consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto fiscal, que al cierre de esta edición -jueves 11 de octubre- los diputados no habían hecho.
EF conversó con el magistrado sobre su responsabilidad ante esa posible consulta y los cambios que busca impulsar desde su puesto.
Recientemente estuvo usted en la Asamblea Legislativa, ¿cómo le fue con los diputados?
Fue una sesión interesante donde me interrogaron sobre el proyecto de presupuesto del Poder Judicial del 2019. Me pareció que fue un buen diálogo. Expliqué que el presupuesto del Poder Judicial va con un cero crecimiento dadas las circunstancias fiscales que enfrenta el país.
Le pregunté que cómo le fue en la Asamblea, porque después de lo ocurrido el viernes -la aprobación en primer debate de la reforma fiscal- los ojos están puestos en la Corte, a donde en teoría tendría que venir ahora el proyecto fiscal. ¿Ya ustedes recibieron esa consulta?
El viernes pasado se recibió la consulta a Corte Plena, pero todavía no he tenido noticias de que se haya recibido la consulta facultativa de 10 diputados sobre el proyecto. Son dos consultas. La consulta que viene al Poder Judicial, a Corte Plena y otra sería si hay 10 diputados que formulan una consulta facultativa que hasta el momento -martes 9 de octubre- no la han planteado.
Prácticamente todos los jefes de fracción opinaron que usted debía inhibirse de dar un voto. ¿Va a inhibirse de emitir un criterio cuando la reforma fiscal llegue a la Sala IV?
En primer lugar sería una inhibitoria muy extraña porque todavía no hay consulta, si es la consulta facultaría. Tendría que valorar. Me parece en todo caso que lo que yo dije no tenía nada que ver con valoraciones constitucionales, sino que hice unos comentarios sobre los efectos prácticos que podían estar en el proyecto fiscal, pero no recordaba que estuvieran. Ponerle un límite específico a los salarios de algunos funcionarios, eso podía tener un efecto pero mis consideraciones fueron estrictamente prácticas. No tenían que ver con consideraciones de forma o de fondo constitucionales.
Según lo que han declarado los diputados de que usted adelantó criterio con su declaración en sesión de Corte Plena, sea como sea que vote, podría verse criticado.
Bueno, pero es que usted parte de un supuesto equivocado de que yo adelanté criterio.
No. Le digo lo que dicen los diputados. Ellos son los que dicen que usted adelantó criterio.
Bueno esa es una opinión de ellos. Incluso podrían recusarme, plantear una recusación. Yo no veo por el momento.
Dado que para ellos ya eso fue un adelanto de criterio, sea como sea que usted vote, va a ser criticado. ¿Qué significa eso para usted?
Bueno lo que me ha pasado siempre con mis criterios. En el 2012 no fui electo porque a muchos diputados no les gustaban mis votos. Ya sobre eso estoy acostumbrado. Si hubiera realmente un adelanto de criterio, ya eso es otra cosa. En materia constitucional hay una gran flexibilidad en materia de adelanto de criterio, dada la naturaleza de lo constitucional.
“Don Luis Paulino Mora sobre eso tenía una posición muy flexible y amplia. Él decía que se podía pronunciar en Corte (Plena) sobre temas consultados y luego en la Sala (Constitucional) podía pronunciarse sobre el mismo tema. Porque en Corte lo hacía por un deber jurídico impuesto y en otro como magistrado constitucional.
“Yo no suscribo totalmente ese criterio, solo digo que hay para todos los gustos en relación con la interpretación”.
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Usted dijo: “Si usted le pone un límite a los miembros de los supremos poderes los que están en la carrera fiscal podrían llegar a ganar más que los que están en los 20 salarios eventualmente. Si usted le pone ese límite muchos que están en carrera podrían no tener interés de venir a la magistratura” Esto es, según los diputados, un adelanto de criterio.
No, no puede ser porque no hay ninguna valoración constitucional. Es un tema hipotético de qué podría pasar, porque si se da una dicotomía o un contraste entre lo que es la carrera fiscal y la carrera judicial y lo que sería los salarios de miembros de de los supremos poderes. No veo ahí que hayan problemas de constitucionalidad.
También ha sido muy criticado el tema de los salarios del Poder Judicial, a pesar de que hay diferencias muy grandes entre ciertos puestos. ¿Por qué es tan importante que se mantengan ese tipo de incentivos?
Yo no dije que se mantuvieran, yo lo que dije fue nada más consecuencias prácticas de una regla pero nada más. No dije que tenían que mantenerse o no darse. Yo no dije nada de eso.
¿Cuán políticas son las decisiones de la Corte y de los magistrados que la integran?
Siempre habrá algún sesgo político, por supuesto. La Constitución es un documento que está a caballo entre lo jurídico y lo político. Cuando usted define una serie de límites, ¿qué es un estado social? ¿Hasta donde llega? Todo eso son valoraciones políticas y los magistrados nos movemos, principalmente los constitucionales, en concepto de contenido indeterminado.
¿Cómo se están resolviendo los problemas de la institución, como los fondos de pensiones o las remuneraciones?
Yo asumí con un compromiso de implementar 10 reformas. En el tema de las remuneraciones hace un mes, le dimos la tarea a don Fernando Castillo que lo pidió, para hacer una revisión de los rubros salariales. En el plazo que está, dos meses y medio, no da como para decir que haya un efecto trascendental pero sí hay una intención.
“Tengo un proyecto para poder destacar aún más el tema de la celeridad en la resolución de los juicios”.
¿Podría detallarme más sobre esos 10 puntos?
Me parece muy trascendente el tema de la carrera fiscal. Son 500 funcionarios abogados cuyo ascenso no está bien definido y depende mucho del Fiscal General.
"Lo que pasó en el Ministerio Público y que a mi juicio muchos fiscales se quedaron callados sobre cosas que no estaban bien hechas, se dio porque ellos tienen una vinculación muy fuerte con el mando del Fiscal General. El proceso de los ascensos, salvo los fiscales auxiliares, es muy discrecional del jerarca.
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¿Qué otros temas ha impulsado?
Hay otra comisión que tiene que ver con todo el funcionamiento y estructura de la Corte Plena. Además, una reducción de las competencias de Corte Plena.
"Esta es una comisión muy importante porque yo creo que los jueces y juezas de la cúpula tienden a ser muy conservadores. O sea, la gente habla de la boca para afuera de la reforma pero de la boca para adentro es otra cosa.
“Hay otra que creo que es muy lejana y es que se debe modificar bastante la forma en la que se eligen a los magistrados en el Parlamento. En torno a esto las ideas han llovido a diestra y siniestra, y hay una resistencia muy grande a que la Asamblea racionalice más los criterios bajo los que se eligen los magistrados. Ahí hay problemas”.
¿Ahí pesan más los intereses políticos?
Mucho. Y a veces ese interés político es muy difícil de definir. Estamos discutiendo las reglas sobre conflictos de interés y limitaciones. Es un reglamento que lo estamos discutiendo y es muy importante, porque define conflictos de interés que afloraron en los problemas con don Celso, pero que no había una definición clara. Si usted define ciertas reglas entonces la persona no puede decir después que no sabía.
¿Hay magistrados que han logrado quedarse sin méritos?
Bueno yo no me atrevería a decir eso de ningún magistrado o magistrada de ahora, pero si le puedo decir una cosa. Hay una gran cantidad de candidatos a magistrados y magistradas que tienen unos currículums envidiables y nadie dice por qué son excluidos.
“Por ejemplo, por qué un candidato que tiene estudios en Alemania, que tiene publicaciones, que tiene una carrera intachable como juez no fue electo o no fue tomado en cuenta. No se certifica por qué lo excluyeron. Hay una indeterminación en los criterios que usan los diputados para definir eso. Casi en cada concurso, cambian el reglamento. Si por ejemplo, la entrevista vale un 40% es demasiada discrecionalidad para que usted pueda excluir a cualquiera. Ya en el pasado a gente le pusieron un cero para que no quedara”.
¿Cree que eso fue lo que pasó en su caso?
Ya me habían electo pero lo que le puedo decir es que yo propuse mi nombre desde el año 87 y muchas veces.
¿No les dan retroalimentación cuando los excluyen?
No, no, no. ¿Que le digan a uno por qué no? No, ese es un sueño de opio. No, eso nunca.
Bajo la premisa de que se tienen que reducir gastos en toda la administración pública, ¿hay medidas específicas que ustedes van a plantear en el Poder Judicial para contener el gasto?
Ya se asumieron. No se si más de 130 medidas en el presupuesto reflejado del 2019 para reducir el gasto. Lo que pasa es que hay una limitación para reducirlo.
"Puedo decir que puedo reducir el gasto y le bajo los salarios a las personas que ya están ganando pero eso no se puede hacer. Hay una inflexibilidad que llega a un 85% o 90% para hacer esas reducciones. Podría decir que no invirtamos más en vehículos pero entonces cómo hacen las investigaciones. O podría decir que sale muy caro la medicatura forense o las autopsias y que mejor quitemos eso.
“Cuando se habla de reducir algo me parece que se asume algo que no está probado y es que hay un dispendio excesivo y alocado del gasto. Eso no está probado”.
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¿Cómo los afecta a ustedes que la ciudadanía tenga una mala percepción del Poder Judicial?
Bueno, hay una confluencia de factores. Ha habido una crisis en las finanzas del Estado y eso ha traído cuestionamientos a los salarios que ganan los funcionarios, principalmente los magistrados. Eso nos debilita mucho.
“Estaba el tema de pensiones que parece que las personas no se han enterado que eso ya se enfrentó y se resolvió. Se le puso un límite a las pensiones. De los últimos 20 años laborados se saca un promedio de la pensión. Hay un límite a las pensiones altas, con un tributo que llega al 50%. Es decir, que en eso la Asamblea actuó con una firmeza muy grande”.
¿Cómo quitarse ese estigma de que los empleados judiciales están en un Olimpo?
El estigma cae sobre todos los empleados públicos, por las convenciones colectivas y porque ganan más que los empleados privados. Es un estigma difícil pero en eso la prensa ha tenido un gran papel. También hay que preguntarse si en el sector privado se pagan buenos salarios. Eso no se ha planteado. Tampoco se ha planteado que este es un país con cinco, siete, ocho años según los informes del Estado de la Nación de tener un crecimiento de la inequidad social y la desigualdad. Eso tampoco se ha planteado. Y la desigualdad no es culpa de los empleados públicos.
Este Poder particularmente es una de las instituciones con más inequidad salarial.
Por supuesto, eso es cierto. Pero eso no se puede homologar para lo del país. Lo del país es un poco distinto.
Muchas veces se ha hablado de que los salarios del Poder Judicial tienen que ser competitivos para evitar que las personas puedan caer en corrupción.
Ese no es un buen argumento. El argumento para mí es reconocer los méritos y las capacidades de esa persona y que por eso le resulte atractivo, siendo muy capaz y preparado, estar en la judicatura. Todo tiene sus límites dependiendo de las aspiraciones que uno tenga. No es para evitar la corrupción. Eso puede ser colateral. Para mí es que sea competitivo para que haya jóvenes que quieran entrar a una carrera judicial que requiere una carrera de años.
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¿Cómo califica el trabajo de la Emilia Navas, fiscal general?
Yo creo que en primer lugar no debo opinar sobre el trabajo de ella. Si yo opino, puede ser que de alguna manera pueda incidir en su independencia. Ella debe tener su máxima independencia para que haga lo que debe hacer y los controles deben funcionar. Si hubiera algo sancionable yo lo llevaría a Corte y se lo diría. Fuera de eso el silencio. Dicen que el mejor árbitro es el que no se nota. El mejor fiscal es el que no se nota.
En caso de que llegue esta consulta -sobre la reforma fiscal- a la Sala Constitucional, ¿cuánto tiempo tiene la Corte para resolver?
La consulta a Corte Plena tiene que estar resuelta de mañana (miércoles 10 de octubre) en ocho. La otra, a partir de que llegue, tiene un mes.