La pandemia de covid-19 llevó la tasa de desempleo de Costa Rica a un histórico 24% en junio de 2020. La apabullante cifra la anunció el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) la mañana del 6 de agosto de ese año y, solo unas horas más tarde, el Gobierno de la República corrió a presentar en conferencia de prensa un proyecto estrella, con la promesa de aliviar al doliente sector empresarial que hacía aguas para mantener sus puestos de trabajo.
La medida era el Fondo de Avales y Garantías: una propuesta que pretendía facilitar opciones de crédito para empresas que se comprometiesen a retener sus planillas.
En total, el Gobierno usaría unos $300 millones provenientes de un empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) –que al final fueron $270 millones por un traslado de $30 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social– para respaldar hasta un 75% de los avales y las garantías de operaciones crediticias que necesitaran las empresas para fondearse o reestructurar sus deudas, y seguir operando con normalidad.
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Sin embargo, el proyecto pasó de ser una promesa para el sector productivo, repetida en todos los escenarios por las autoridades de la administración Alvarado Quesada como una especie de oasis en medio del desierto, a una idea vacía.
A pesar de la existencia de leyes aprobadas para aplicar el sistema de respaldo para garantías, ni la administración anterior (Carlos Alvarado) ni la actual (Rodrigo Chaves) avanzaron para reglamentarlo. Por el contrario, el actual presidente Chaves ya anunció su intención de enterrar el proyecto por completo y cambiar el destino de los recursos. El mandatario señaló que enviará un proyecto a la Asamblea Legislativa en ese sentido, el cual dejaría sin efecto al fondo de avales.
Dos años después de su anuncio, el fondo de apoyo crediticio para las empresas es solo una ley desoída y poco más que eso.
Incumplimiento legal
La Asamblea Legislativa, aunque muy tarde, aprobó el financiamiento para el fondo de avales a mediados de 2021. Al tratarse de un crédito externo, tenía que contar con el visto bueno de al menos 38 diputados en el Congreso. En enero de este 2022, la Asamblea Legislativa también dio su visto bueno para laLey de Creación del Fondo Nacional de Avales (10.106), la cual proveía el andamiaje legal necesario para poner en marcha la iniciativa.
La aprobación de ambas leyes parecía dejar en firme el fondo de avales. No obstante, el Poder Ejecutivo hizo caso omiso a la obligación legal de continuar con su trámite. La Ley 10.106le daba un plazo de 30 días para realizar la debida reglamentación de la norma.
En febrero de 2021, la exministra de Planificación, Pilar Garrido, estimó que echar a andar el proyecto a lo sumo tardaría dos meses; pero luego la situación fue totalmente distinta.
El expresidente Carlos Alvarado afirmó el 12 de enero, durante la firma de la ley de avales, que el fondo se trataba de una oportunidad única que no podía desaprovecharse. En una audiencia con los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios del cuatrienio pasado, dos meses después, el entonces ministro de Hacienda Elian Villegas afirmó que el reglamento estaba en etapa de confección y que luego saldría a consulta pública; pero el trámite no llegó a buen puerto hasta el cierre de esa administración.
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Después del traspaso de poderes, además, el nuevo Gobierno se apartó de inmediato de continuar con la iniciativa. Desde el 4 de junio pasado, con menos de un mes en el cargo, el presidente Rodrigo Chaves había dejó entrever su intención de eliminar o al menos reformar completamente el fondo de avales como fue concebido, a pesar de la existencia ya mismo de una ley para implementarlo. El mandatario afirmó en conferencia de prensa que “no iba a permitir” esa inversión y que le parecía poco más “un regalo” a los bancos que cualquier otra cosa.
Este 20 de julio, el presidente anunció oficialmente que enviará al Congreso un proyecto de ley con la intención de cambiar el destino de los $270 millones otorgados por el BCIE. Según argumentó, el crédito fácil para las empresas ya no sería necesario porque la pandemia ya pasó y empujar el fondo para préstamos fáciles implicaría destinar el dinero de todos los costarricenses a financiamiento privado sin necesidad de subsidio.
En una audiencia con los diputados de la Asamblea Legislativa, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, afirmó que evaluaba usar los $270 millones ociosos para pagar gastos del gobierno. Según dijo, es dinero que se podría emplear como el de cualquier otro empréstito con organismos multilaterales, para evitar el pago de más deuda interna, en peores condiciones de plazos y tasas.
La administración todavía no envía una propuesta oficialmente al Congreso, pero el presidente Chaves advirtió en conferencia de prensa de que el trámite está en marcha. “(El fondo de avales) No es la mejor política pública para el pueblo de Costa Rica”, sentenció.
En la Asamblea Legislativa, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión de Hacendarios aseguró que el Congreso revisará la propuesta que envíe el Poder Ejecutivo y que solo accederá a realizar un cambio de destino de los recursos si logran convencer a los legisladores de que “no hay necesidad de invertir en apoyo a las empresas”.
“Habría que valorarla, porque usar esos $270 millones para apoyo presupuestario sería no avalar capital de trabajo y liquidez de empresas, especialmente mipymes. Tenemos que evaluar si lo que dice el ministro es así y cuáles serían los objetivos de reactivación económica. De lo contrario, si no es así, corresponde que el Poder Ejecutivo reglamente ley del fondo de avales y transfiera recursos para el uso que fue aprobado”, dijo la congresista Paulina Ramírez al periódico La Nación.
Un trámite atropellado
Desde su presentación hasta su aprobación en el Congreso, el trámite legislativo del fondo de avales fue atropellado. Discusiones sobre el porcentaje a cubrir con el dinero del BCIE de los avales para las empresas o sobre la entidad que finalmente sería la encargada de administrar el dinero hicieron de la discusión legislativa un viacrucis de año y cinco meses, a pesar de que todas las partes se decían de acuerdo con la intención.
La versión final de la norma planteó que los avales cubrirían hasta un 75% del monto principal solicitado por las empresas a las entidades financieras y que los recursos serían administrados por el Ministerio de Hacienda, las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Unidad Técnica del Fondo Especial para el Desarrollo de las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas (Fodemipyme).
El 50% de los recursos, decía la redacción final de la norma, debía destinarse a empresas con 100 empleados o menos y todos los beneficiarios, al mismo tiempo, debían garantizar a cambio un buen récord crediticio previo a la crisis sanitaria, no poseer una morosidad mayor a los 60 días, haber sido afectados por la pandemia y mantener sus niveles de empleo durante el tiempo de la operación crediticia.
En el año 2020, durante la pandemia, las patentes municipales a negocios cayeron hasta un 12% en la región Chorotega y un 11% en el Caribe, según determinó el Programa Estado de la Nación en su informe de 2021. En las regiones Brunca, Central Periférica, Huetar Norte, Pacífico Central y la GAM las caídas fueron de 8%, 6%, 4%, 3% y 1%, respectivamente.
Las estimaciones iniciales del Gobierno con la propuesta eran que la inversión beneficiaría a unas 18.000 empresas, aproximadamente.
Los recursos para el fondo de avales fueron desembolsados por el BCIE a Costa Rica desde el 22 de abril pasado, según indicó la propia entidad multilateral en aquel momento. Además, el dinero ya fue incluido en el Presupuesto Nacional de 2022, a la espera de la apertura del fondo.
Sin embargo, ahora la iniciativa pende de un hilo y parece extinguirse. La Ley 10.106 señaló que el fondo de avales solo podría otorgar recursos mientras se mantuviese vigente la declaratoria de estado de emergencia nacional generada por la pandemia del covid-19 o bien, durante los 18 meses siguientes a la entrada en vigencia de la norma. Ese último plazo se cumplirá en agosto de 2023. Para entonces ya habrán pasado tres años desde el anuncio del proyecto.