Tras el dictamen final de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley marco de empleo público (21.336), el Gobierno de la República anunció que buscará la “pronta” aprobación definitiva de la iniciativa que, entre otros objetivos, pretende establecer una escala salarial única para el sector público y eliminar los esquemas de incentivos monetarios o pluses actuales.
El Gobierno destacó el aval constitucional que recibieron la fijación de un salario único y la imposición de limitaciones a las convenciones colectivas, a pesar de que los altos jueces sí encontraron inconstitucionalidades relacionadas con la rectoría administrativa del Ministerio de Planificación (Mideplan) sobre varias entidades que gozan de autonomía o independencia de poderes.
Sobre los siguientes pasos para alcanzar una votación final de la iniciativa, el Gobierno consideró que se deben realizar “algunas correcciones técnicas, para ajustar el texto a lo señalado por la Sala”; pero puntualizó que “todas son factibles”.
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La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, aseguró que el Gobierno valorará la sentencia completa de la Sala Constitucional una vez esté lista y que luego mantendrá cercanía con las fracciones legislativas para lograr la aprobación del texto “en el menor plazo posible”.
El Ejecutivo aseguró que el aval constitucional a la escala salarial única y a las restricciones sobre convenciones colectivas representan “los elementos centrales para generar un ahorro sustancial”, e impregnan “razonabilidad y justicia en las remuneraciones a lo interno del sector público, así como entre éste y el sector privado”.
La jerarca de Planificación, Pilar Garrido, además añadió que para la aplicación de estas normas no se requiere la rectoría del Mideplan, sino que cada institución, incluso las independientes o autónomas, deberían aplicarlas por su cuenta.
Según dijo, estas medidas no requerirían reglamentación más allá de la propia ley, y serían ”de plena aplicación para todas las instituciones bajo el ámbito general de cobertura del proyecto (todas menos las empresas en competencia y el Cuerpo de Bomberos)”.
Si existe acuerdo para realizar las correcciones señaladas por la Sala Constitucional, los diputados pueden enmendar los aspectos señalados como inconstitucionales. Es decir, pueden eliminar los aspectos relacionados con la rectoría administrativa del Mideplan sobre el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las universidades públicas, las municipalidades y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que gozan de distintos grados de autonomía o independencia.
Los legisladores disponen de diversos procedimientos reglamentarios para realizar estos cambios al proyecto; por ejemplo, pueden atender los señalamientos a través de correcciones en la comisión permanente de Consultas de Constitucionalidad.
En esta comisión se pueden realizar cambios a los textos de ley, aunque únicamente en relación con lo señalado por la Sala sobre los mismos.
Esa es la vía por la que opta la bancada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), cuya jefa de fracción, Laura Guido, comentó a EF que en el transcurso de la semana se deberá dar “lectura detallada” de la situación y un “diálogo constante en conjunto con las fuerzas políticas” para determinar “los cambios necesarios y la ruta a seguir” en ese foro.
Otra opción para realizar cambios es retrotraer el proyecto a primer debate y enviarlo de nuevo a su comisión dictaminadora, donde podría recibir propuestas de modificación nuevamente; sin embargo, esta decisión podría dilatar mucho más el proceso.
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PLN y Nueva República acuerpan
La jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), María José Corrales, estimó como un punto esencial que la Sala no encontró vicios de procedimiento en el trámite del proyecto. Al igual que el Gobierno, también enfatizó en que se valida la instauración de un mecanismo que regule el empleo público y sus particularidades de compensación.
“Aspectos como el hecho de que se pueda establecer un esquema de salario global, que se puedan fijar topes salariales o regular las convenciones colectivas son temas amparados por nuestra Constitución, y son relevantes para disminuir las disparidades salariales”, valoró, a través de una comunicación oficial suministrada por su despacho.
“Al menos mayoritariamente”, dijo la jefa de la principal bancada de oposición, el PLN sigue apoyando el trámite de la “necesaria” reforma.
La presidenta legislativa, Silvia Hernández, también del PLN, consideró que el texto debería pasar a la comisión de Consultas de Constitucionalidad, la cual debería ser la encarada para ajustarlo según lo dispuesto por los magistrados, y luego enviarlo para que se vote nuevamente en primer debate.
La liberacionista Ana Lucía Delgado, presidenta de ese foro, dijo a EF estar de acuerdo con esto; pues realizar este tipo de trámites es competencia de la comisión que dirige, según el reglamento legislativo, la Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
El vocero del bloque independiente Nueva República, Jonathan Prendas, opinó en la misma dirección. Dijo que al menos en su grupo consideran que los vicios señalados no son “sustantivos”, por lo que podrían corregirse en el foro que dirige Delgado.
Pablo Abarca, jefe de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), aseguró que su fracción sí pujará para reenviar el proyecto a comisión dictaminadora de Asuntos de Gobierno y Administración (que él mismo dirige), pues considera que se necesita un esfuerzo de negociación más amplio en ese foro.
El PUSC apenas aportó uno de sus siete votos disponibles para aprobar el proyecto, el día en que se dio su discusión en primer debate.
El Partido Restauración Nacional (PRN) todavía no se pronuncia oficialmente sobre el fallo de la Sala, ni sobre los siguientes pasos que debería seguir el proyecto.
Hasta antes de la votación en primer debate, el Gobierno estimaba disponer de los 38 votos necesarios para que el texto se apruebe definitivamente en su segundo debate. En primer debate, cuando apenas requería 29 respaldos, el texto recibió 32 votos positivos y 15 en contra; sin embargo, ese día faltaron 10 legisladores de diversas fracciones.
El recuento del oficialismo contemplaba la mayor parte del PLN, del PAC, del PRN, del bloque Nueva República y de diputados de fracciones minoritarias o independientes, al menos hasta ese momento.
A pesar de los señalamientos de inconstitucionalidad en relación con la rectoría de Mideplan, el proyecto ahora podrá continuar con su trámite en el Congreso. La Sala Constitucional no determinó fallos procedimentales de los diputados que anularan su avance.
Esto deja con vida al proyecto, que es considerado una pieza clave dentro del ajuste de las finanzas públicas del Estado. El proyecto además es fundamental dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un programa de financiamiento por $1.778 millones en tres años, para lo cual el Gobierno se comprometió a aplicar una serie de medidas para la estabilización de la deuda pública en el corto plazo.
“(El empleo público) es un factor que pesa mucho en la recaudación fiscal y que absorbe casi un 50% de ella. Es decir, se lleva la mitad de los impuestos que pagamos”. recordó en una recienta entrevista con EF el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
Las estimaciones del Ministerio de Hacienda dan cuenta de que el Gobierno Central podría ahorrarse hasta un 0,66% del PIB y un 0,95% del PIB con la aprobación del plan de empleo público, en 2022 y en 2023, en conjunto con la aplicación de otra serie de medidas de contención de gasto a nivel administrativo (sin contar el efecto de la regla fiscal incluida en la Ley 9635).