El Poder Ejecutivo firmó este lunes 11 de octubre el decreto n° 43249-S que exige la vacunación contra el COVID-19 en el sector público y faculta a los patronos del sector privado a solicitarla a sus empleados.
El decreto será publicado la noche de este mismo lunes en el diario oficial La Gaceta, pero entrará a regir a partir del 15 de octubre, según informó Casa Presidencial mediante un comunicado de prensa.
“Será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra la COVID-19”, indica el decreto.
Para Paola Gutiérrez, abogada de derecho laboral de Caoba Legal, el texto refuerza la facultad de los patronos pero recuerda que la obligatoriedad no es automática, sino que debe establecerse a través de una normativa interna.
De acuerdo con Gutiérrez, el decreto insiste en que hay leyes suficientes para sostener dicha obligación y abre la puerta para aplicar sanciones a los trabajadores que, injustificadamente, no se coloquen la vacuna.
El texto no ahonda en cuáles podrían ser esas sanciones, pues queda a discreción del patrono.
“Estos lineamientos se mantienen lo suficientemente amplios para que cada empresa e industria defina los parámetros de vacunación que mejor convenga a sus intereses”, comentó Daniel Valverde, socio especialista en derecho laboral de Ecija Legal.
Valverde agregó que la recomendación es que cada empresa realice una valoración interna inicial para identificar los riesgos que tiene su población laboral.
El decreto permite excepciones para aquellas personas que presenten una contraindicación médica que no les permita inmunizarse. Aunque el decreto no aclara si el comprobante debe venir de un médico privado o de uno de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la abogada recomendó que se acuda a esta institución debido a la seriedad del tema.
“Con este decreto se refuerza el hecho de que no es una posición correcta pensar que la vacunación obligatoria en el país no tiene fundamento legal”, finalizó Gutiérrez.
Esta nota se actualizó a las 5:50 p.m.