El Gobierno de la República logró la aprobación legislativa de cinco créditos externos de apoyo presupuestario, por $1.173 millones, en 2021. El monto se quedó lejos de las expectativas del Ministerio de Hacienda, que esperaba obtener autorizaciones por al menos $1.500 millones este año, según declaró el ministro de Hacienda, Elian Villegas, en mayo pasado.
El Ejecutivo también alcanzó otras aprobaciones crediticias de peso; sin embargo, destinadas a financiar nuevos proyectos específicos. Es decir, se aprobaron otros créditos, pero se utilizarán para invertir en nuevos gastos y no para refinanciar deuda vieja.
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Por ejemplo, la Asamblea Legislativa aprobó un crédito con el Banco Mundial, por $75 millones, para potenciar proyectos pesqueros. También avaló otro, por $300 millones, para dar liquidez al proyecto de fondo de avales y garantías, que busca destrabar opciones de crédito para empresas afectadas por la pandemia.
Para el ministro Villegas, el incumplimiento de la meta no tendrá mayores consecuencias en materia de liquidez; pero sí golpea el objetivo de disminuir aún más las tasas de interés que paga el Estado y reducir el costo de su deuda pública.
Las aprobaciones
La Asamblea Legislativa aprobó cinco créditos de apoyo presupuestario (para sustituir deuda cara por deuda barata) en 2021. Estos empréstitos alcanzaron $1.173 millones en conjunto (unos ¢756.300 millones).
De ese total, cuatro créditos se presentaron y se aprobaron este mismo año en el Congreso, por $873 millones.
Dos de esas operaciones fueron con el Banco Interamericano de Desarrollo, por $250 millones, cada una. Una de ellas, sin embargo, se desembolsaría hasta que se apruebe el proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.336).
Otra de las operaciones correspondió el convenio de financiamiento por $1.778 millones, en tres años, con el Fondo Monetario Internacional (FMI); del cual apenas se han recibido los primeros $293 millones.
El país esperaba unos $592,7 millones de ese convenio en este 2020; sin embargo, el Fondo pausó un segundo desembolso, ante el lento avance legislativo de la agenda convenida con el organismo para contener el gasto público y generar nuevos ingresos fiscales.
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Los legisladores también aprobaron un empréstito por $80 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Este se acordó como una fuente de recursos para sustituir parcialmente la deuda interna que se utilizó para financiar el programa de vacunación contra la COVID-19.
El crédito restante fue un empréstito pendiente de tramitar en 2020, por $300 millones, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
En 2020, la aprobación de financiamiento externo ascendió a los $1.380 millones, a través de cuatro operaciones crediticias. De ese total, $500 millones también correspondieron a un empréstito pendiente de 2019.
Lejos de expectativas
La magnitud de los empréstitos aprobados se quedó lejos de alcanzar las expectativas de Hacienda. El ministro Villegas afirmó, en mayo pasado, que el Gobierno buscaría acceder a por lo menos $1.500 millones en financiamiento externo este año.
Esa proyección no tomaba en cuenta créditos rezagados de 2020; es decir, el Ejecutivo se quedó $627 millones por debajo.
La baja colocación se debió principalmente a retrasos en la presentación de créditos al Congreso y su trámite en Cuesta de Moras. Según Villegas, esos retrasos responden a un proceso de aprobación legislativa costarricense que considera excesivamente lento y desgastante para cada operación.
“Nosotros a veces hacemos subastas (de deuda interna) en las que colocamos hasta $500 millones sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa; pero, cuando se trata de un crédito internacional, hay que pasar por un desgate terrible desde el punto de vista político y pérdidas de tiempo importantes, incluso por montos menores”, analizó.
Dos créditos que se esperaban para este 2021 recién se presentaron este mes de diciembre: uno por $300 millones con el BIRF (el Banco Mundial) y otro por 150 millones de euros (unos $174 millones) con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).
Esa tardanza, dijo Villegas, buscó evitar una saturación de la agenda legislativa y una mayor complejidad de las negociaciones.
El Gobierno también ya acordó otro empréstito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), por $500 millones; el cual se presentaría próximamente al Congreso.
Según el ministro de Hacienda, el país no enfrentará problemas de liquidez por no haber conseguido una mayor cantidad de financiamiento externo. Sin embargo, sí pudo haber reducido aún más sus tasas de interés y las presiones cambiarias con este.
Pudo ser peor
El escenario, sin embargo, pudo ser peor para las intenciones del Ejecutivo.
Los dos créditos recién aprobados con el BID estuvieron a punto de perderse en la corriente legislativa y recibieron su aprobación en segundo debate al filo de su fecha de vencimiento, este 20 de diciembre.
Inicialmente los empréstitos parecían encaminados al rechazo, ante las reiteradas ausencias de diputados de fracciones favorables y la oposición del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), en primer debate.
Sin embargo, una parte de la bancada rojiazul varió su postura de última hora y eso allanó el camino para la aprobación en segundo debate. Los socialcristianos accedieron a un llamado de su fórmula presidencial de cara a las elecciones de 2022, la cual les solicitó replantear su postura.
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Según el jefe de esa fracción, Pablo Abarca, el cambio también fue para “no dar el gusto” a medios de comunicaciones y personas del sector empresarial que, desde su punto de vista, buscaban “asignarles la responsabilidad”.
La fracción legislativa del PUSC reclama al Gobierno mayores reformas a nivel estatal para contener el gasto público, antes de brindarle mejores fuentes de financiamiento. No obstante, sus diputados también se han opuesto bajo distintos argumentos al proyecto de ley de empleo público, que busca reorganizar el sistema de remuneraciones del Estado.
El rechazo de los créditos con el BID habría implicado $500 millones menos en financiamiento de multilaterales en 2021. Además, pudo complicar las relaciones con el BID, según el Ministerio de Hacienda.
La Asamblea Legislativa ya había rechazado dos empréstitos similares con el organismo bajo argumentos técnicos y políticos, en 2020: un movimiento que entonces encabezó la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
Una cuarta parte
Pese al elevado aumento de la deuda pública y a la estrategia de endeudamiento externo del país en los últimos años, la proporción de este en relación con la deuda total se mantiene por debajo del 25% desde 2009.
El Ministerio de Hacienda contabilizó un acumulado de deuda pública de ¢27,1 billones hasta noviembre de 2021, de los cuales hasta ¢6,4 billones corresponden a créditos con entidades extranjeras y organismos multilaterales.
El crecimiento del financiamiento externo ha correspondido con el crecimiento de la deuda pública, en general, en los últimos años.
El Banco Central (BCCR) ha subrayado en sus distintos informes de proyecciones que los créditos con entidades multilaterales son esenciales para reducir los costos de la deuda pública del Estado, pues permiten acceder a financiamiento en mejores condiciones de plazo y tasas de interés que en el mercado local. También ha destacado su impacto positivo para cerrar la brecha de financiamiento de la balanza de pagos y dar liquidez al Gobierno Central.
El Gobierno de la República continúa estructurando créditos con entidades multilaterales y valora impulsar la emisión de eurobonos en los próximos años, por hasta $1.000 millones en cada uno de ellos, con el objetivo de reducir sus pagos en intereses y mover a más largo plazo el peso de su endeudamiento.