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Los créditos pasarán a discusión legislativa en las próximas semanas. Por tratarse de endeudamiento externo, requieren la aprobación de al menos 38 congresistas. (Foto: Maynor Solís | Asamblea Legislativa) (Asamblea Legislativa)
El Ministerio de Hacienda enfrenta un rezago en la tramitación de su agenda de créditos de apoyo presupuestario negociados con organismos internacionales, una piedra angular en la estrategia del Ejecutivo para reducir el peso de la deuda y oxigenar sus finanzas.
En 2020 se proponía acceder a créditos por unos $2.475 millones, según recogió el Informe de Política Monetaria a octubre de ese año. Sin embargo, finalmente solo pudo concretar la aprobación de $1.380 millones en créditos (un 55,7% del total disponible).
El 43,3% restante corresponde a los dos créditos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $495 millones que no superaron el trámite en Cuesta de Moras y otros dos financiamientos todavía en estudio. Estas son las operaciones con el Congreso el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por $300 millones cada una.
El ministro de Hacienda Elian Villegas aseguró a EF que, si bien los créditos con el BIRF y el BCIE se planificaron para 2020, su aprobación es igual de importante en este 2021.
“Es importante irlos sacando, precisamente para que se puedan aprobar los créditos nuevos del Banco Mundial y del BCIE, que ya están, pero antes hay que sacar estos”, detalló Villegas.
El ministro aseguró que la intención de Hacienda es captar entre $1.500 millones y $2.000 millones en nuevos créditos con organismos internacionales este año, además de los que quedaron por tramitar del año pasado.
De ese total, solo los dos primeros desembolsos del convenio con el FMI (por unos $592 millones) ya están en trámite legislativo. La proporción restante se buscará a partir de créditos que ya fueron aprobados por organismos internacionales –como dos empréstitos recientemente acordados con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $500 millones– o que están en proceso de estructuración.
“Son créditos que estamos por enviar al Congreso o que en algunos casos estamos terminando la negociación. Con el Banco Mundial estamos cerrando las condiciones de un crédito, con el BCIE y la AFD estamos en conversaciones. Son varias opciones que están avanzadas pero en las que falta hacer el cierre, firmar y enviar a la Asamblea”, aseguró.
BCCR descuenta aprobaciones
El presidente del Banco Central (BCCR), Rodrigo Cubero, indicó en entrevista con EF que las previsiones de crecimiento económico del país ya descuentan la aprobación de los montos de crédito externo que cuantifica Hacienda. Por eso, aseguró, un eventual rechazo de cualquiera de ellas más bien se analiza como “un factor de riesgo”.
El jerarca del emisor recordó que las previsiones de endeudamiento externo suponen menores pagos por tasas de interés y menores presiones para el mercado interno de crédito.
Los créditos con organismos multilaterales ofrecen tasas de interés hasta tres o cuatro veces menores que las ofrecidas en el mercado interno, y además ayudan a reducir la presión del Estado sobre la disponibilidad de recursos para el sector privado.
Si Hacienda tiene que financiarse únicamente en el mercado interno, disminuye la disponibilidad de recursos, presiona las tasas de interés, paga más por su endeudamiento y, eventualmente, traslada ese efecto al resto de la población.
“(Estas aprobaciones) reducirían la presencia del Gobierno en el mercado local y eso impacta a la baja las tasas de interés que el Gobierno tiene que pagar sobre su propia deuda y los intereses que tienen pagar los costarricenses por sus propios créditos (...) si no se aprueban, podría impactar a la baja la proyección del crecimiento económico y al alza la proyección del déficit fiscal”, afirmó Cubero.
El Ministerio de Hacienda estimó que en 2020 tuvo necesidades brutas de financiamiento equivalentes a un 13,5% del PIB. Parte de esas necesidades, exacerbadas por la pandemia del COVID-19, se llenaron con remanentes de créditos más viejos ($309 millones) y de la colocación de eurobonos que realizó el país en 2019 ($994 millones).
Para 2021, proyectó necesidades brutas de financiamiento también por un 13,5% del PIB.
Cerca de aprobación
Tres créditos internacionales ya llegaron al Plenario legislativo y hacen fila para su aprobación final en el Congreso. En conjunto, permitirían al Ministerio de Hacienda acceder a unos $1.192 millones este año, en condiciones más blandas de las que actualmente encuentra en el mercado local.
El primero que llegó fue el convenio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para una Facilidad de Servicio Ampliado (SAF), por $1.778 millones, en tres años. De ese monto, una tercera parte (alrededor de $592 millones) se recibiría este 2021.
Los otros dos créditos se tramitan bajo una misma autorización de endeudamiento, y corresponde a dos operaciones por $300 millones, cada una, con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Las operaciones se acumularon para su aprobación en la Asamblea Legislativa después de que se dictaminaron positivamente en la Comisión de Asuntos Hacendarios, que aceleró su discusión y votación durante la última semana de abril.
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Los diputados tienen en agenda la discusión y votación de dos expedientes de aprobación para financiamiento. Ambos requieren el voto favorable de al menos 38 legisladores. (Foto: Asamblea Legislativa) (Asamblea Legislativa)
La previsión del Gobierno es que las operaciones sean aprobadas en las próximas semanas, de modo que se puedan utilizar los recursos para el pago de deuda pública y para apoyo presupuestario.
El crédito con el FMI se destinaría íntegramente para el pago de deuda pública; mientras que el financiamiento del BIRF destinaría para apoyo presupuestario y recambio de deuda interna (en un 90%), y el resto para inyectar $30 millones a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Por último, el crédito con el BCIE serviría para financiar el Fondo de Avales y Garantías, una medida que impulsa el Gobierno y sigue bajo análisis del Congreso, para flexibilizar la adquisición de financiamiento de empresas afectadas por el coronavirus que requieren crédito.
Pese a que los tres recibieron dictámenes unánimes en la Comisión de Asuntos Hacendarios, –un indicio de que existe alto nivel de consenso para su aprobación en el Plenario legislativo–, enfrentan trabas ajenas a la discusión misma de los proyectos.
La Asamblea Legislativa actualmente se encuentra inmersa en una delicada situación por contagios de COVID-19 de varios diputados, así como por aislamientos de otros, que han obligado a suspensiones de labores.
Pese a ello, la intención del Gobierno es impulsar el acuerdo con el FMI tan pronto concluya el trámite regular de mociones de la reforma al empleo público, cuya aprobación fue uno de los principales compromisos hechos por el Gobierno en el marco de sus negociaciones con el Fondo Monetario.
El presidente interino del Congreso, Carlos Avendaño, aseguró a EF que la Asamblea Legislativa está anuente a avanzar con los créditos tan pronto como sea posible.
Avendaño actualmente ocupa la presidencia legislativa ante el diagnóstico positivo de COVID-19 de la legisladora Silvia Hernández.
La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) aseguró a este medio que la intención es someter el convenio con el FMI a primer debate en la semana del 17 al 20 de mayo, apenas concluya el trámite de la reforma al empleo público.
La liberacionista es una de las cuatro que comunicó su diagnóstico positivo por COVID-19 en las últimas dos semanas. Otros se encuentran aislados por nexos con casos de familiares o conocidos.
Por tratarse de mecanismos de endeudamiento externo, las autorizaciones de financiamiento requieren el visto bueno de al menos dos terceras partes del Congreso (38 diputados). Así lo establece el artículo 121 de la Constitución Política.
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