El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció a través de una cadena nacional este domingo 12 de julio la ruta económica para hacerle frente a la pandemia. 

Se trata de un recorte del gasto público de ₡355.000 millones, el acceso a créditos con organismos multilaterales y una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo financiero. 

El Ministerio de Hacienda le propondrá este lunes 13 de julio a la Asamblea Legislativa una serie de medidas para recortar el gasto público equivalente al 1% del Producto Interno Bruto (PIB), según señaló Alvarado. 

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“Esta acción bajará la presión de la deuda del país. Se recortará en todas las materias, pero sin tocar los programas sociales y preservando las grandes inversiones”, dijo el presidente.

El Gobierno también ha gestionado créditos con organismos multilaterales para disminuir la presión de la deuda sobre las finanzas públicas. 

Durante el primer semestre del año el Poder Ejecutivo barajó diez créditos con organismos multilaterales que representan el 5,18% del PIB.

El país podría acceder a una suma de $3.109 millones si la Asamblea Legislativa aprueba todos los financiamientos.

De los diez préstamos con multilaterales que se negocian, hasta el momento solo dos han sido aprobados en el Congreso.

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Se trata del financiamiento por $500 millones que brindó la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el préstamo por $380 millones que el país suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Cuatro se encuentran en negociación, uno ya se presentó ante la Asamblea Legislativa y tres más van en camino.

Con estas acciones el mandatario considera que el panorama económico estaría resuelto para el financiamiento del Estado para lo que resta de este 2020.

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Salvavidas

De cara a resolver las necesidades del 2021 en adelante, Alvarado señaló que otra medida es entablar negociaciones con el FMI. 

En la Asamblea Legislativa ya está un crédito rápido con el FMI. Una vez aprobado este empréstito, lo cual debería suceder en julio, se abrirá la negociación con el Fondo Monetario para contar con un acuerdo financiero, conocido como Stand-By Arrangement (SBA).

La situación extrema que ha generado el Covid-19 hace indispensable este acuerdo con el Fondo para mantener la estabilidad económica del país en los próximos años, dijo Alvarado.

El FMI proyecta que la economía del mundo caerá un 4,9% y específicamente el de América Latina sería de 9,4%.  

La situación es delicada para una economía costarricense que se ahoga en deuda. 

El 2019 el país cerró con un déficit del 7%, pero debido a los estragos de la pandemia, el hueco financiero se hace mayor. 

En mayo de este año los ingresos fiscales cayeron un 30% con respecto al mismo mes del año anterior. 

Mientras tanto, la recaudación acumulada de los primeros cinco meses del año cayó 6,10% con respecto al mismo periodo del 2019, debido a la moratoria tributaria de tres meses y la reducción de la actividad económica. 

Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, los ingresos totales del Gobierno Central caerían al menos 21% (cerca de $2.026 millones o 3,3% del PIB) respecto al Presupuesto 2020, mientras que el gasto disminuiría apenas 4,5% ($660 millones o 1,1% del PIB). 

Esta combinación de cifras da como resultado una proyección de un déficit financiero de 9,7% y un nivel de deuda del 68,8% del PIB. 

“Buscaremos al máximo evitar nuevos impuestos o mayores cargas, sobre todo para la gente más humilde. Y si la situación causada por la pandemia nos obligase a avanzar en esa dirección, se haría repartiendo cargas entre los grupos que tienen mayor riqueza, desde una visión solidaria, y procurando, a la vez, no afectar el aparato productivo”, afirmó el mandatario.

El esfuerzo económico también debe ayudar a mejorar la creación de empleo. Por eso, Alvarado aseguró que deben completar reformas como la modernización del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup). 

Así como una reforma al empleo público para hacer la contratación administrativa más rápida y transparente.