Por: Laura Ávila.   7 julio, 2020
Los créditos con multilaterales son un salvavidas para un gobierno que hasta el momento ha dado muy pocas señales de querer recortar el gasto público y que tiene el reto de darle continuidad a un estado con las finanzas maltrechas. Foto: Alonso Tenorio
Los créditos con multilaterales son un salvavidas para un gobierno que hasta el momento ha dado muy pocas señales de querer recortar el gasto público y que tiene el reto de darle continuidad a un estado con las finanzas maltrechas. Foto: Alonso Tenorio

Durante el 2020 Costa Rica tuvo que disparar su gasto para atender las necesidades sociales y sanitarias producto de la COVID-19. Por esta razón, en el primer semestre del año el Poder Ejecutivo barajó diez créditos con organismos multilaterales, endeudamiento que representa el 5,18% del Producto Interno Bruto (PIB).

El país podría acceder a una suma total de $3.109 millones si la Asamblea Legislativa aprueba todos los financiamientos. Los datos se desprenden de un documento que facilitó el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) a solicitud de EF.

De los diez préstamos con multilaterales que se negociaron —o que se están negociando— hasta el momento solo dos han sido aprobados en el Congreso.

Se trata del financiamiento por $500 millones que brindó la Corporación Andina de Fomento (CAF), y el préstamo por $380 millones que el país suscribió con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD).

Cuatro se encuentran en negociación, uno ya se presentó ante la Asamblea Legislativa y tres más van camino a Cuestamoras.

El Gobierno pretende utilizar los recursos para diferentes objetivos como el pago de la deuda, dar continuidad a la prestación de bienes y servicios, pagar a los proveedores y otorgar recursos a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

Los créditos
  • Corporación Andina de Fomento

El país solicitó tres créditos a la CAF. El primero de ellos fue por por $500 millones (0,83% del PIB) y recibió luz verde de la Asamblea Legislativa el pasado 24 de marzo.

En principio el instrumento estaba destinado a fortalecer las finanzas públicas mediante el impulso de reformas políticas públicas y la elaboración de instrumentos para lograr la eficiencia fiscal. Sin embargo, ese objetivo dio un giro y se destinó para atender la emergencia sanitaria producida por la COVID-19.

La ahora Ley Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Suscrito con la Corporación Andina de Fomento (N° 9.833), se contempla como un crédito de libre disponibilidad.

Adicionalmente el país negocia dos financiamientos por un total de $430 millones. Se trata del CAF II Neto por $380 millones (0,63% del PIB) y el CAF COVID-19 por $50 millones (0,08% del PIB).

Ambos se encuentran en etapa de estructuración, lo que significa que el Ministerio de Hacienda está en conversaciones previas para analizar qué debe incluir la operación crediticia.

  • BID-AFD

El préstamo por $380 millones (0,63% del PIB) con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), ya recibió el aval de la Asamblea Legislativa. Aunque los recursos de la Ley N° 9.846 ya fueron desembolsados, todavía no existe autorización legal para utilizarlos hasta que se apruebe el nuevo presupuesto extraordinario.

El pasado 11 de junio 39 diputados votaron negativamente el presupuesto extraordinario al considerar que el Gobierno no hizo recortes en el gasto. El crédito BID-AFD iba a proporcionar recursos para amortizar la deuda pública y destinar $60 millones a la CCSS.

Actualmente el Poder Ejecutivo trabaja en un nuevo plan de gastos que pretende un recorte de ¢355.000 millones, según anunció el diario La Nación el 30 de junio.

  • Banco Mundial

El Poder Ejecutivo gestiona dos préstamos con el Banco Mundial que suman $500 millones (0,83% de la producción). El primero de ellos será por $300 millones y el segundo por $200 millones, este último se encuentra en estructuración en el Ministerio de Hacienda.

El viernes 26 de junio el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó la línea de financiamiento por $300 millones, estos recursos se utilizarán para proteger los ingresos y los puestos de trabajo que se vieron impactados por el COVID-19; favorecer a las pequeñas y medianas empresas, y reafirmar la sostenibilidad fiscal. De acuerdo al comunicado de prensa que envió el Banco Mundial a través del Ministerio de Hacienda.

Esto significa que el próximo paso de esta línea de financiamiento será la discusión legislativa.

  • Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE)

El país aspira obtener $300 millones (0,50% del PIB) con el BCIE, este préstamo forma parte del programa de apoyo presupuestario mediante un préstamo para políticas públicas de desarrollo (DPL). Actualmente se encuentra en etapa de negociación.

  • FMI-RFI

El Poder Ejecutivo presentó el 3 de junio ante la Asamblea Legislativa un crédito por $504 millones (0,84% del PIB) provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) que forma parte de un programa de apoyo presupuestario.

“Los fondos son oportunos para respaldar los gastos esenciales de salud y las medidas de alivio dirigido a población vulnerable, y para atender la urgente necesidad de balanza de pagos derivada de la pandemia”, indicó el FMI semanas atrás mediante un comunicado de prensa.

Esta línea de crédito rápido cuenta con una tasa de interés anual del 1,55% y un plazo de cinco años.

Los recursos provenientes del FMI dieron la oportunidad para que el país recibiera un crédito proveniente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este Instrumento de Financiamiento Rápido se considera como una llave para que el país pueda acceder a un segundo crédito —Stand By Arrangement— con el FMI, según María del Pilar Garrido, ministra de Planificación Nacional y Política Económica.

“En términos de tiempo, por formalidad, tenemos que esperar a que la Asamblea Legislativa apruebe este acuerdo primero por los $508 millones. Luego habrá que entablar un proceso de conversaciones con el Fondo Monetario en torno a un acuerdo de más largo plazo, de dos o tres años plazo en el marco de un SBA”, manifestó Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR) el 3 de junio a EF.

Es importante aclarar que en un inicio se anunció que este crédito era por $508 millones, sin embargo, la cifra que ahora maneja Mideplan es de $504 millones.

Esto se debe a que el crédito con el FMI se asocia con los Derechos Especiales de Giro y al hacer la conversión a dólares la cifra puede modificarse, según indicó una nota de Mideplan dirigida a este medio. Por esta razón al hacer la conversión semanas atrás el monto anunciado fue de $508 millones.

  • BID-SLD

El Poder Ejecutivo planea presentar ante la Asamblea Legislativa un crédito por $250 millones (0,42% del PIB), el cual forma parte del Programa de Emergencia para la Sostenibilidad Macroeconómica. Este financiamiento se deriva del Instrumento de Financiamiento Rápido del FMI.

Semanas atrás se anunció que el financiamiento con el FMI abriría espacio para un préstamo con el BID por $292 millones. Sin embargo, el país solo logró negociar $250 millones.

Está por presentarse ante la Asamblea Legislativa.

  • BID-COVID Proteger

Es un crédito por $245 millones (0,41% del PIB) que se presentará ante la Asamblea Legislativa como parte del Programa Proteger.

A inicios de junio la jerarca de Mideplan cometó a EF que la cartera trabajaba en un esquema de financiamiento dirigido a proteger las empresas.

“Vamos hacer un programa donde se les va a otorgar recursos a 1.300 mipymes turísticas de manera directa con la condición de que mantengan su planilla para proteger cerca de 45.000 empleos y así ayudarles a seguir aliviando el flujo de caja. Está enfocado a las empresas del sector turismo porque ese fue el diseño del instrumento financiero. Son $25 millones de un crédito BID-COVID por concepto de $245 millones”, comentó Garrido semanas atrás a EF.

Esta línea de financiamiento está por presentarse ante la corriente legislativa.