El Gobierno presentó la tarde de este sábado un paquete inicial de cinco medidas para mitigar el impacto económico provocado por la propagación del nuevo coronavirus que provoca COVID-19.
El Ejecutivo presentará un proyecto de ley para pedir una moratoria de tres meses que permita posponer el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el tributo de renta y los aranceles de aduanas.
Las medidas también incluyen ajustes en los formatos de aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), nuevos productos de seguros, regulación de precios a cinco productos de higiene y recortes en las tasas de interés para los créditos en colones junto con mayor flexibilidad para pagar los préstamos bancarios.
“El objetivo es minimizar el cierre de empresas y la pérdida de empleos”, indicó Carlos Alvarado, presidente de la República, en conferencia de prensa la tarde de este sábado.
1- Moratoria en impuestos: Alvarado explicó que por la desaceleración económica que dificulta el pago de tributos a las empresas y pymes, por esa razón el Ministerio de Hacienda presentará un proyecto de ley para establecer una moratoria temporal al pago de impuestos.
Esta posposición en el pago de los tributos aplicaría inicialmente por un periodo de tres mes con la posibilidad de prorrogarlo por un mes más.
Los contribuyentes tendrán que cancelar los montos correspondientes a estos impuestos antes del 31 de diciembre del 2020, pero no se les aplicará intereses ni multas.
Rodrigo Chaves, ministro de hacienda, indicó que la medida tiene un costo implícito para el Gobierno que oscila entre los ¢10.000 y ¢12.000 millones por el financiamiento extraordinario que tendrán que buscar durante los tres o cuatro meses de la moratoria para mitigar la caída en el ingreso por impuestos y aranceles.
El Gobierno se reunirá este lunes con los diputados para explicar los alcances de la moratoria y promover una serie de proyectos de ley que están en la corriente legislativa y que podrían complementar las medidas anunciadas este sábado.
2- Cambio en aseguramiento y cargas sociales: El mandatario pidió a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) implementar medidas temporales y necesarias para mitigar el impacto económico en el empleo.
Alvarado se reunirá este lunes con la Junta Directiva de la CCSS para discutir la posibilidad de que las cargas sociales se aporten de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado por cada trabajador, también se implementar el pago diferido de estos aportes.
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En caso de ser aprobadas, las dos medidas aplicarían para empresas que mantengan su planilla sin movimientos (despidos) con el objetivo de proteger los puestos laborales que existen en la actualidad.
“Convoqué a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para evaluar las medidas que se van a implementar”, agregó el presidente.
3- Aliviar las condiciones crediticias y las tasas de interés: El fin de este grupo de medidas es bajar el costo del crédito para las personas y empresas en tiempos adversos por el coronavirus.
Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), detalló que la institución valorará en su próxima reunión de política monetaria (el martes 16 de marzo) la posibilidad de aplicar una nueva rebaja a la Tasa de Política Monetaria (TPM) para darle un estímulo adicional a la baja a los tipos de interés de los bancos comerciales.
Mientras que en el seno del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) se considerará aplicar ajustes temporales a la normativa para que los deudores puedan readecuar sus préstamos y los bancos tengan margen para reducir las cuotas de sus clientes.
También del lado de Conassif se considerará una reducción temporal de las provisiones contracíclicas, lo que permitiría destinar más recursos para la colocación de crédito.
El Gobierno emitirá una directriz para instruir a los bancos estatales a que implementen estrategias que permitan la readecuación de deudas con medidas como una posible moratoria de tres meses en el pago del saldo principal y los intereses para los sectores más afectados en la economía nacional.
4- Cambios en seguros: Las soluciones en esta línea serán propuestas por Elian Villegas, presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS) y por la Junta Directiva de la misma institución.
Las propuestas son crear una tarifa preferencial para los seguros de riesgo del trabajo aplicable a empresas con menos de 30 trabajadores. La idea es ajustar el pago, como proporción de la prima completa, para que se pueda cancelar en tractos: 40% en el primer año, 60% en el segundo año y 75% a partir del tercer año.
En este grupo de soluciones se incluirá una nueva definición de siniestralidad por riesgos del trabajo para que pueda incluirse el COVID-19 y no se impute a las empresas de forma individual, sino que se considere toda la línea.
“Debido al COVID-19 puede ser que se aumente la siniestralidad en algunas empresas y, si bien el virus puede ser un riesgo laboral en algunos casos, hay situaciones que son muy difíciles de controlar por las compañías. Por ejemplo, a la CCSS le va a ser muy difícil controlar que sus trabajadores no tengan la enfermedad, entonces la decisión es no sumar eso a cada empresa de forma individual, sino que lo sumamos al final de toda la línea”, aclaró Villegas, tras consultas de EF.
También se crearía un nuevo producto, llamado seguro de cuarentena, para que el sector turístico pueda enfrentar los impactos ocasionados por el COVID-19 con cobertura para los viajeros que vengan al país.
5- Regulación de precios a productos de higiene: El próximo martes el Consejo de Gobierno emitirá una directriz para que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) pueda regular los precios de cinco productos relacionados con la higiene y la salud.
Victoria Hernández, ministra de economía, explicó se los productos a los que se les fijará el precio son jabón antibacterial (líquido y en barra), alcohol en gel, alcohol líquido, toallitas húmedas para limpieza y desinfectantes líquidos.
Iniciativas en el Congreso
El presidente aseguró que utilizará lo que queda del actual periodo de sesiones extraordinarias para negociar y convocar proyectos de ley clave que pueden ayudar en este contexto.
El pasado jueves 12 de marzo, María Inés Solís, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), presentó una iniciativa para crear un plan de salvamento orientado a las empresas afectadas por la pandemia.
La propuesta propone una moratoria de tres meses en el pago del IVA para las pymes o microempresas agrícolas.
La segunda acción es que los aportes patronales ante la CCSS se calculen y cancelen sobre el salario consignado en la planilla, ese sueldo puede corresponder a fracciones menores al de una jornada laboral completa, si así lo acuerdan las partes, durante un periodo que se determinará por reglamento.
El último eje de este proyecto es una autorización para que los bancos públicos apliquen un plan de readecuación de deudas con instrumentos como una baja en las tasas de interés activas, capitalización de gastos por intereses, ampliación de plazos de operación del préstamo o una combinación de estos elementos.
Las medidas aplicarían para pymes inscritas ante el MEIC y microempresas agrícolas registradas ante el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
María José Corrales, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó dos proyectos de ley, el pasado viernes 13 de marzo, dirigidos a regular los precios de productos de primera necesidad en caso de emergencia nacional y, el segundo, pretende reducir y condonar el pago de impuestos municipales para empresas de los sectores comercio y servicios.
El primer texto, que se tramita bajo el expediente 21.843, facultaría al MEIC a intervenir en casos de emergencia para congelar y fijar precios de los productos de primera necesidad. Mientras que se podrían aplicar reducciones del hasta un 30% en la tarifa del IVA para cada uno de estos artículos.
También le permitiría al Ejecutivo definir una cantidad máxima de bienes que las personas podrían comprar durante la crisis o emergencia.
La segunda iniciativa, que se tramita bajo el expediente 21.842, busca autorizar a las municipalidades para apliquen reducciones de hasta 50% en los tributos, tasas, servicios y demás cargos para empresas de comercio y servicios.
Los ayuntamientos también podrían condonar total o parcialmente, los recargos, intereses, multas o sanciones que adeuden los titulares de patentes durante los dos primeros trimestres del 2020.
El congresista vedriblanco Roberto Thompson pedirá al Ejecutivo convocar el proyecto de Ley para promover la reactivación económica y la simplificación de trámites desde lo local (21.839).
Se trata de una propuesta que busca crear zonas económicas especiales entre varios municipios, establece un régimen de incentivos fiscales y permite el otorgamiento de patentes provisionales para abrir negocios.
Último corte: 27 casos
Costa Rica tiene 27 casos confirmados de COVID-19 que de distribuyen en 22 adultos, tres adultos mayores y dos menores de edad.
El Ministerio de Salud reportó, la tarde de este sábado, que se registran casos en San José, Alajuela, Heredia, Cartago y Guanacaste. La institución confirmó que hay 415 casos descartados.
Daniel Salas, ministro de salud, recordó a los negocios como bares, restaurantes, cines y teatro que deben operar a un 50% de su capacidad instalada como medida para prevenir la propagación del coronavirus en el país.
El jerarca explicó que recibieron reportes de bares, discotecas y restaurantes que incumplieron la medida impuesta por las autoridades el pasado jueves 12 de marzo.
“No vamos a tolerar y si tenemos que cerrar esas actividades lo haremos. Si no se cumple con el límite del 50% de capacidad cerramos esas actividades”, sentenció el ministro en conferencia de prensa, este sábado.
Salas invitó a la ciudadanía a denunciar los incumplimientos de los diferentes negocios al correo dac.denuncia@misalud.go.cr
El Ministerio de Salud recibió más de diez denuncias por casos de incumplimiento y fortalecerá las inspecciones a establecimientos en los próximos días.