El Gobierno de la República le explicó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que planea aplicar un esquema de feebates (aranceles y reembolsos), de modo que se cobren tasas a los carros con emisiones superiores al promedioy se promuevan incentivos para la transición a vehículos menos contaminantes.
Los recursos de los “tributos” sobre los carros contaminantes, indicó el Gobierno al Fondo, permitirían financiar una escala de descuentos para la compra o la importación de automóviles que generan menos emisiones, ya sean nuevos o usados, con hasta cinco años de antigüedad.
Según las autoridades, el diseño final del instrumento se realizaría de la mano del propio FMI y se presentaría como propuesta formal a la Asamblea Legislativa, a través de un proyecto de ley, hacia el cierre de septiembre de 2023.
La presentación del proyecto de ley se planteó como un requisito para que el país reciba uno de los desembolsos del nuevo crédito que Costa Rica recién alcanzó con el organismo internacional, por $725 millones,a través del nuevo programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) del FMI.
Sistemas usuales
Los sistemas de feebates son una de las recomendaciones que ha venido realizando el FMI, en relación con políticas fiscales ambientalmente responsables, a países que todavía no los aplican.
Estos sistemas buscan cobrar tasas sobre la contaminación y dar incentivos a las prácticas que la combaten.
De hecho, en un documento con recomendaciones para ayudar a los países miembros a abordar la emergencia provocada por la covid-19, el Departamento de Finanzas Públicas de la entidad multilateral catalogó los esquemas de feebates como una medida apropiada para propiciar una recuperación fiscal “verde” y promover “mejoras en la eficiencia de la energía”.
No obstante, el personal técnico del Fondo también señaló que este tipo de medidas se deben complementar con planes remediales para aquellos hogares, trabajadores o comunidades que puedan resultar afectadas “desproporcionadamente” por la medida. Los vehículos más contaminantes, por ejemplo, se suelen utilizar más en industrias claves para la economía o en hogares de bajos ingresos.
Las experiencias en la aplicación de este tipo de sistemas son variadas. Francia, por ejemplo, es pionera en este tipo de modelos y empezó a aplicar un sistema propio desde hace más de 14 años.
El sistema de aranceles y reembolsos francés ofrece bonificaciones de entre 1.000 y 6.000 euros (¢630.000 y ¢3,8 millones) para vehículos nuevos con emisiones de entre 0 y 50 gramos de dióxido de carbono por kilómetro; así como con castigos de entre 50 y 40.000 euros (¢32.000 y ¢15,3 millones) para los que carros en uso que emiten más de 128 g/km, según explicó la investigadora Sandra Wappelhorst, en un artículo publicado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT, por sus siglas en inglés).
Francia también aplica bonificaciones de 1.000 euros (¢630.000) a los compradores de carros eléctricos de batería y de aquellos que usan celdas de combustible, como los de hidrógeno.
Otros países como Alemania y Reino Unido también aplican aranceles sobre los vehículos más contaminantes, mientras que otros como Brasil realizan penalizaciones directamente a sus fabricantes, según otro estudio realizado en 2016 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), la Fundación Centro de Gestión Tecnológica e Informática (Cegesti) y el Centro Mario Molina Chile para el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) sobre el tema.
EF pidió una entrevista al Ministerio de Hacienda con el jerarca de la cartera, Nogui Acosta, para hablar sobre este y otros temas. Sin embargo, la fecha para la conversación no se logró concretar hasta el cierre de esta edición.
El FMI considera de gran importancia los planes de descarbonización costarricenses. De hecho, en su más reciente revisión sobre su Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) con el país –el mismo proceso en que se autorizó el nuevo crédito por $725 millones a través del SRS– la entidad recordó que el Plan Nacional de Descarbonización costarricense supondría ganancias por $41.000 millones; aunque se deben tener en cuenta efectos secundarios de la descarbonización, como una pérdida lógica en ingresos por los impuestos al combustible.
El Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) publicó en enero de este 2022 un nuevo Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, realizado con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con base en datos de 2017 recopilados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). En él, se determinó que el sector transporte aporta un 41,55% de las emisiones nacionales y que el aumento de su peso ha sido de 243% desde 1990, según informó la Dirección de Cambio Climático entonces.
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Crédito adicional
El proyecto de ley de feebates consta como una de las reformas estructurales que el Gobierno se comprometió a impulsar en el marco de su nuevo programa de financiamiento con el FMI, a través del programa SRS, por $725 millones en año y medio.
Dicho programa implicará la realización de tres revisiones de cumplimiento de diversas medidas, de las cuales dependerá que el país reciba o no los recursos acordados.
La presentación de la iniciativa al Congreso es un requisito para aprobar la segunda de tres revisiones, en octubre de 2023. Antes, la primera revisión se realizaría en marzo del próximo año, y la tercera quedaría hasta marzo de 2024.
En total, el Gobierno se comprometió a impulsar 12 medidas para integrar las cuestiones climáticas en la planificación fiscal y presupuestaria; mejorar la evaluación de proyectos y los planes reguladores urbanos, con el fin de fortalecer la inversión y la infraestructura pública; apoyar la descarbonización de la economía; y mejorar la información pública sobre cuestiones económicas que se relacionan con el medio ambiente y el clima.
La presentación de la iniciativa de feebates es parte del tercer bloque y tendría que producirse a más tardar en octubre de 2023. Después de la revisión que el Fondo haría en ese mes, el organismo internacional decidiría si otorga o no los recursos convenidos por medio del SRS para ese momento.
Los recursos del crédito, indicó el ministro Acosta a EF días atrás, podrían emplearse en dos vías. Como una forma de endeudamiento más barato del que se obtiene en el mercado local, que permita abrir espacio fiscal para impulsar las medidas climáticas propuestas o, bien, para financiar esas medidas directamente con los recursos que ingresan. En ese sentido, indicó el jerarca, se entiende que el dinero es de apoyo presupuestario.