El Gobierno de la República redactó al Fondo Monetario Internacional (FMI) una nueva actualización de su Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, en el marco del programa de Servicio Ampliado de Financiamiento (SAF) por $1.778 millones que el país tiene en marcha con la entidad.
En ese documento –que establece las políticas económicas y las reformas estructurales que el Gobierno propone para lograr los objetivos del programa de financiamiento–, las autoridades describieron varias reformas y medidas en materia de impuestos que pretende aplicar para lograr sus objeticos fiscales de mediano y largo plazo,
Se incluyeron reformas al Impuesto sobre la Renta, eliminaciones de exoneraciones y hasta un nuevo sistema de cargas para impulsar la transición energética en el transporte privado.
Hasta ahora, el Gobierno ha recibido dos tractos por un total de $540 millones por parte del Fondo como parte del SAF en marcha. Además, recibió la autorización para un nuevo desembolso de $270 millones antes de finalizar el año y quedan por concretarse otras tres transacciones más en el próximo año y medio. Estas únicamente se concretarán si el Fondo evalúa que el país cumple con sus objetivos fiscales y de política económica.
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Impuesto sobre la renta
El Gobierno redactó al FMI que presentará, a finales de diciembre, un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para reformar el Impuesto sobre la Renta. Específicamente, dijo que perseguirá un plan “para aumentar la equidad horizontal y vertical al gravar los ingresos de los trabajadores por cuenta ajena, pensionados y trabajadores por cuenta propia bajo una única tasa”.
En otras palabras, el Gobierno confirmó su intención de proponer un nuevo sistema de renta global
Los sistemas de renta global obligan a los contribuyentes a pagar su Impuesto sobre la Renta de todas las ganancias que perciben en un solo procedimiento (y bajo una sola escala de tarifas). Actualmente, en Costa Rica, las personas pagan el gravamen por separado, dependiendo del origen de sus ganancias (por ejemplo, su trabajo asalariado y su trabajo independiente, si realiza ambos).
El Gobierno también afirmó al Fondo que su plan de reforma “armonizaría completamente” la tasa para las rentas y ganancias de capital. Además, indicó que se “ampliaría la base imponible” del gravamen, “incluyendo los dividendos distribuidos por las empresas en las zonas francas y eliminando el sistema progresivo dentro del Impuesto sobre la Renta para personas jurídicas, manteniendo el régimen existente para las pequeñas y medianas empresas”.
La reforma al impuesto de renta, indicó el Poder Ejecutivo, también incluiría dentro de sus cambios el cobro del tributo sobre “las rentas de capital obtenidas en el extranjero por residentes costarricenses”.
Según el Poder Ejecutivo, la intención es que el proyecto de ley con todos estos planteamientos se apruebe a finales de septiembre de 2023 y que su rendimiento sea de al menos un 0,1% del Producto Interno Bruto (PIB).
Todos estos cambios, afirmó la administración, fueron plantados tras una “revisión detallada” con la asistencia técnica del propio FMI.
Dicha revisión la había avisado en julio pasado, durante una entrevista con EF, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta. En aquella ocasión, el jerarca afirmó que no podía dar detalles sobre las nuevas tarifas del gravamen y estas todavía no fueron especificadas por el Gobierno.
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Exoneraciones
Las autoridades costarricenses también aseguraron al FMI que el país asumirá el mandatos que, por ley, le fue encomendado en 2022 de “evaluar periódicamente los gastos tributarios (exoneraciones ) y eliminar aquellos que ya no sirven para el propósito previsto”.
En ese sentido, el Gobierno adelantó al Fondo que promoverá la eliminación del trato diferenciado del IVA para las tarifas aéreas, así como la exención de impuestos sobre el alquiler de automóviles.
Los boletos aéreos actualmente pagan una tarifa reducida del 4% del IVA cuando su origen o su destino es el territorio nacional; y el impuesto se cobra sobre la base del 10% de su valor cuando se trata de transporte aéreo internacional.
El proyecto de ley para reformar ambas cuestiones, dijo el Gobierno, se presentaría a la Asamblea Legislativa a fines de noviembre de 2022.
El Gobierno señaló que es su intención continuar eliminando los gastos fiscales con un costo social mayor a su beneficio.
“Continuaremos con la eliminación gradual programada de las tasas reducidas de IVA para el sector turístico y los servicios de construcción”, señaló al Fondo. “Se espera que esto, junto con los rendimientos adicionales del Impuesto sobre la Renta que no se realizaron antes debido a la aplicación de las reglas de capitalización, genere un rendimiento del 0,1% del PIB”.
Sistema ambiental
Por último, el Gobierno indicó al FMI que introducirá un esquema de feebates que permita incentivar el reemplazo de vehículos privados altamente contaminantes y promover los planes nacionales de descarbonización.
Algunos programas de feebates implican la imposición de tarifas por la compra de vehículos emisores de dióxido de carbono y el uso de esos recursos para incentivarla compra de otros con menores emisiones; sin embargo, el Gobierno no describió al Fondo su propuesta en detalle.
Programa y nuevos recursos
El programa de SAF que Costa Rica mantiene en marcha con el Fondo Monetario Internacional camina a buen ritmo. El país cumplió las metas las metas fiscales hasta junio pasado y ahora recibirá un tercer desembolso del organismo por $270 millones antes del cierre de 2022.
Entre otras cuestiones, el Gobierno Central alcanzó hasta junio un superávit primario (ingresos menos gastos sin contar el pago de intereses) de ¢576.970 millones (un 1,3% del PIB), lo cual cuadruplicó la meta que había trazado el Fondo, de ¢144.000 millones.
El país también cumplió metas relacionadas con el acumulado de deuda pública y el acumulado de reservas internacionales netas, entre otras.
La próxima revisión del Fondo se realizaría en marzo del 2023, con base en lo alcanzado por el país hasta fin de año. El Fondo espera que Costa Rica alcance un superávit primario de ¢287.000 millones, que sus reservas netas sean de al menos $3.830 millones y que su acumulado de deuda pública no supere los ¢29,6 billones.
Además de los recursos del programa SAF, por un aproximado de $1.778 millones, el Poder Ejecutivo también consiguió la aprobación de un nuevo crédito por $725 millones a través del programa de Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS),recién lanzado este año para respaldar a los países pobres o vulnerables frente a las dificultades a largo plazo causadas por el cambio climático.
Dichos recursos se desembolsarían en tres tractos al país entre 2023 y 2024 y, según indicó el ministro Acosta a EF, los recursos podrán usarse para reemplazar deuda interna y generar ahorros que permitan impulsar agendas fiscales, o bien financiar las propias acciones en sí mismas.
