Tras su destitución como gerente general por el Consejo Directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Hazel Cepeda Hodgson cuestionó la validez de la decisión y defendió su gestión, cuyos resultados la enfrentan con las actuales autoridades.
Cepeda argumentó que su destitución y otras decisiones que pueda tomar el Consejo Directivo del Instituto podrían carecer de validez, en tanto las está adoptando un órgano con una conformación temporal cuestionada por la destitución, en su criterio con errores de procedimiento y de forma, de tres directivas cuyo plazo seguía vigente.
“Es una situación muy grave” advirtió Cepeda. “La eventual ilegalidad de todas estas decisiones, las tomadas hasta la fecha y las que se puedan tomar en las próximas semanas, podrían traer severas consecuencias para la sostenibilidad de la institución”.
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Cepeda advirtió que las decisiones apresuradas sobre asuntos estratégicos para el país y la empresa continuarán, pues aseguró que “la consigna” es utilizar cualquier portillo para saltarse el diseño institucional establecido en el marco jurídico que previene que una autoridad tome decisiones en una institución autónoma sin consensos o sin considerar aspectos técnicos, financieros y jurídicos.
Agregó que su destitución, así como la eventual salida de otros cargos de relevancia de la empresa, ocurre por un tema político y no por desempeño.
Cepeda destacó que durante su gestión se adoptaron decisiones que optimizaron el desempeño financiero de la Institución, mejoras en los indicadores de electricidad y telecomunicaciones, y los beneficios de la reestructuración institucional (eliminación de 44 puestos de jefaturas y aumento de la cantidad de mujeres en espacios de dirección) con ahorros de más de ₡3.000 millones.
La exfuncionaria agregó que se realizaron más de 87 investigaciones sobre presuntas irregularidades y presuntos negocios ruinosos de la empresa a las cuales se dieron curso las cuales se encuentran en diferentes etapas y han sustentado 26 medidas cautelares abiertas a funcionarios del ICE.
En materia financiera, resaltó la aplicación al 100% de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF); los excedentes de operación logrados en 2020 y en 2021, pese a los efectos de la pandemia y la rebaja de la tarifa eléctrica establecida por la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep); y la reducción de la deuda institucional, en más de $225 millones, y del peso de los créditos en dólares de un 68% a un 58% del total.
Posible investigación contra Cepeda
El ICE, por su parte, emitió un comunicado a principios de la tarde de este 8 de junio en el que acusó que la reorganización promovida por Cepeda, cuando era gerente general, no habría contado con un estudio integral de costos y beneficios.
El Instituto indicó que, según el informe emitido por la Auditoría Interna AI/69/GESTIÓN/INFOR/A.6.1/2020, la reestructuración carece de un estudio integral costo-beneficio. El ICE indicó que así lo había advertido la Procuraduría General de la República en el dictamen C-180-2021 y que tal omisión fue ratificada por la Contraloría General de la República en la resolución DFOE-CIU-143.
El ICE sostuvo que, contrario a lo informado por la ex gerente general cuando sometió la reorganización a aprobación del Consejo Directivo, “recientes resoluciones suyas reconocen la procedencia de indemnizaciones al personal removido de sus cargos”.
El Instituto afirma, en el comunicado enviado, que según cálculos de la gerencia de operaciones y logística del ICE, estas indemnizaciones ascenderían a la suma de ₡1.200 millones, “cuando inicialmente se consideró que no habría ninguna”.
“La Administración del ICE valora todos los elementos para investigar y eventualmente verificar la existencia de responsabilidades en este tema”, comunicó el ICE.