Economía y Política

Rodrigo Chaves pone a prueba su estilo de gobierno gerencial en el ICE, un “hueso duro de roer”

Chaves, que ofreció al electorado su capacidad gerencial como una herramienta para desatar nudos en la función pública, ya busca implantar cambios estructurales incómodos para un ICE con altos niveles de autonomía

Con sus primeras acciones como presidente, Rodrigo Chaves escogió al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) como una especie de ‘tubo de ensayo’ donde pondrá a prueba el modelo de liderazgo con el que prometió a los votantes desatar nudos en la administración pública.

El presidente anunció este 8 de mayo, en su primer día como jefe de Estado, que solicitaría una serie de reformas en el Instituto. De hecho, más que solicitudes afirmó que se trataba de órdenes presidenciales. Entre ellas, destacaron cambios en la política contable del Instituto y la eventual devolución al Estado de las frecuencias para la red móvil de quinta generación (5G), que la entidad mantiene ociosas.

Son acciones incómodas para el ICE. También fueron temas que Chaves repitió hasta el cansancio en sus diferentes críticas a la administración del ICE durante campaña electoral; aunque también cuestionó las compras de energía a distribuidores privados que realiza la entidad y la gestión que hace de sus deudas de casi ¢3 billones, entre otras cuestiones.

“El ICE fue una gran institución de desarrollo, la institución de José Manuel Dengo que llevó electricidad y telefonía a todo el país”, mencionó en una entrevista con EF, cuando apenas era candidato presidencial, en enero pasado. “Pero ese ICE ya no existe”.

No obstante, es una incógnita si las instrucciones de Chave tendrán algún efecto o no finalmente en el ICE, y si tan siquiera serán aplicadas por una entidad que goza de altos niveles de autonomía administrativa.

Territorio minado

Cuatro de las primeras siete instrucciones presidenciales que giró Rodrigo Chaves este 8 de mayo se dirigieron al ICE.

Las órdenes para la empresa pública fueron implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) de manera inmediata, así como reclasificar los arrendamientos operativos como arrendamientos financieros. Según señaló el nuevo presidente, esos movimientos impactarían a la baja el precio de la electricidad.

También le ordenó al ICE excluir los costos asociados a activos no estratégicos de las bases tarifarias; y definir, en conjunto con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), un mecanismo para trasladar las frecuencias 5G al Estado o ponerlas a disposición de los costarricenses en un máximo de seis meses.

Estas órdenes plantean el reto de impulsar un cambio de paradigma en el ICE. La entidad no ha querido desprenderse de las frecuencias 5G, aunque no ha podido implementar la tecnología por su cuenta; y defiende sus prácticas contables y tarifarias, en medio de sus altos niveles de endeudamiento.

En ese escenario, la situación se hace compleja para las intenciones de Chaves. El gobierno y su ficha en el Instituto, el nuevo presidente ejecutivo Marco Acuña, tendrán que usar su músculo político para negociar cada cambio en el Consejo Directivo, que se compone por otros seis funcionarios nombrados, en su mayoría, durante la administración anterior.

El territorio es minado y se convierte aún más complejo para el ánimo reformista de Chaves si se recuerda que el ICE ha sido históricamente resistente a los cambios que considera perjudiciales, que se trata de una institución cuyo monopolio en el sector eléctrico todavía goza de algún aprecio en cierta parte de la ciudadanía y que cuenta con representaciones sindicales sólidas, algunas de las cuales ya manifiestan algunos desencuentros con el nuevo gobierno.

“Esperemos que este nuevo gobierno esté abierto al diálogo y a la propuesta”, advirtió en entrevista con Radio Monumental César López, de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (Asdeice). “No es tan sencillo decir que va a quitar las frecuencias (de la red 5G) o que se va a hacer en cinco o seis meses”, agregó Sergio Olivares, de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Comunicaciones (Anttec).

Chaves, además, parte con un historial difícil en su relación con el ICE. El nuevo presidente ya se enfrentó a críticas de representaciones sindicales del ICE desde julio de 2020, apenas después de dejar la cartera de Hacienda y mucho antes de ser candidato presidencial.

En aquel entonces, la Asdeice le recriminó por manifestaciones sobre la posible venta de Kölbi, la marca de telecomunicaciones del Instituto. Esa es una idea que Chaves señaló como un movimiento lógico en medio de las presiones financieras del ICE en diversas entrevistas; pero que luego no propuso como candidato presidencial.

“¿Por qué ahogar al ICE cuando Kölbi podría venir a generar recursos?”, había dicho en una entrevista que brindó a través de redes sociales al analista financiero Daniel Suchar, en septiembre de 2020. “Yo creo que hay un tema ideológico de algunas personas que piensan que es un gran orgullo que el Estado costarricense, a través del ICE, posea una empresa de telefonía celular e Internet, puede ser”, agregó en aquella intervención.

“Tubo de ensayo”

En el ICE, Chaves tendrá un “tubo de ensayo” muy pesado para el estilo de gobierno corporativo que todavía propone. Si bien giró órdenes a la institución y a su nuevo jerarca, la maniobra de todas ellas implica conflictos con una entidad autónoma.

“Hablamos de que todo esto implica un gran riesgo político para el presidente. Él puso plazos para algunas de sus medidas, muy cortos, y podría no cumplir una promesa de campaña en el tiempo que dio”, observó Jesús Guzmán, politólogo de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El día de la presentación de Acuña como nuevo presidente del ICE, Chaves afirmó que lo designaba en el cargo por “su capacidad de ser disruptivo de manera creativa”. Además, reiteró su compromiso de bajar las tarifas eléctricas. Sin embargo, el mismo Acuña, minutos más tarde, dijo que “el objetivo es hacerlo, pero el cómo dependerá de cuál es el estado actual de todas las variables que componen la tarifa eléctrica”.

El economista José Luis Arce, docente universitario y director de la empresa FCS Capital, recordó que el papel del ICE es crucial para la población y el sector productivo porque todavía ostenta su “rol monopólico en la generación, distribución y transmisión de energía”. En esa línea, “todo lo bueno y todo lo malo que pase en el campo se determina como su culpa”, añadió.

Sin embargo, recordó que su autonomía podría tener más fuerza que los mandatos de cualquier presidente. “Si uno revisa históricamente las directrices dadas al ICE y otras instituciones estatales se va a encontrar con muchos documentos incumplidos (...) las juntas directivas tienen una responsabilidad institucional que no va a dejar de lado por una directriz necesariamente”. anotó.

A favor y en contra de las intenciones de Chaves, al mismo tiempo, está el clamor del empresariado y de una población por su promesa de menores tarifas en medio de una inflación boyante. La expectativa es alta y eso aumenta el respaldo a las órdenes de Chaves, pero también puede alentar un clima de decepción si no consigue sus objetivos.

Al Grupo ICE lo conforman el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) y la Compañía Radiográfica Internacional Costarricense, S.A. (Cricsa).

Finanzas comprometidas

El mensaje inicial del nuevo gobierno al ICE, sin embargo, está dado. Al menos el hambre de reforma es seguro, según manifiesta el presidente Chaves.

Su nuevo jerarca designado en el ICE ni siquiera quiso descartar que el nuevo gobierno vaya a impulsar la apertura del sector eléctrico, consultado por EF, en el momento de su designación. “Eso es algo que tenemos que evaluar en el gobierno, pero no tenemos definido”, dijo Acuña el pasado 29 de abril, tras su designación.

El ICE se ha mantenido bajo la lupa de la ciudadanía y de la clase política en los últimos años por el estado de sus finanzas, que no solo representan un riesgo para las arcas del Estado sino que además tienen impactos directos en el costo del suministro eléctrico.

La empresa estatal es una de las principales que tiene el país, por su tamaño y por su valor estratégico, y la dimensión de sus activos solo es comparable con la de los bancos Nacional y de Costa Rica. Según los estados financieros consolidados de 2021 auditados por la firma KPMG, los activos del ICE se estiman en ¢6,7 billones: ¢5,2 billones del sector Electricidad y ¢1,5 billones del sector de Telecomunicaciones.

Sin embargo, la deuda financiera de la entidad ronda los ¢3 billones y, para poner esa cifra en contexto, es un monto que supera el presupuesto aprobado para el Ministerio de Educación Pública (MEP).

El Instituto ha dicho en reiteradas ocasiones que trabaja en un proceso de reducción de ese rubro.

La entidad también encuentra dificultades en su balance de ingresos y gastos. En 2021, el ICE registró un resultado integral negativo de ¢73.509 millones; mientras que en 2020 había sido de ¢115.302 millones con la pandemia.

Según la empresa, el mayor efecto a la baja sobre sus estados financieros se desprende de discordancias con la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) y de las fluctuaciones en el tipo de cambio.

Sin embargo, el propio presidente saliente, Carlos Alvarado, recriminó al ICE negocios ruinosos de la CNFL que, según dijo en su tercer discurso de rendición de cuentas en 2021, fueron “mal planificados y ruinosos”, y ponen en riesgo la situación financiera del ICE como Balsa Inferior y Eólico Valle Central.

Según publicó el diario La Nación, Balsa Inferior pasó de un costo inicial estimado de $75 millones a uno real de $361 millones, mientras que el parque Eólico Valle Central de $21 millones a $54 millones.

Según el economista Arce, los términos de eficiencia podrían poner eventualmente el monopolio eléctrico del ICE bajo la lupa durante este nuevo gobierno, si se alinea con intereses reconocidos en grupos políticos.

“El monopolio sobre el sector eléctrico es un elemento que pesa mucho y que yo supongo se va a discutir en la Asamblea Legislativa eventualmente porque es algo que está en la agenda de algunos sectores de Liberación Nacional (la principal fuerza de oposición) y que podría coincidir con la agenda del presidente, además del tema de 5G y de costo de la energía en términos generales”, analizó.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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