El Instituto Costarricense de Electricidad anunció la "suspensión indefinida” del proyecto hidroeléctrico Diquís, además del cierre de dos plantas térmicas que se encuentran en deshuso y otras medidas para enfrentar los desafíos que el mercado le presenta a la institución.
La suspensión de El Diquís representa una baja particular para la institución. La megaobra, que se convertiría en la hidroeléctrica más grande de Centroamérica -832 megavatios de energía y un embalse de más de 12.000 hectáreas- se gestaba desde el 2006. Durante todos estos años la institución ha realizado inversiones relacionadas al proyecto, que ahora deberán de trasladar a gastos.
El megaproyecto no entra en los horizontes de los próximos 20 años, de acuerdo con la presidenta ejecutiva del ICE Irene Cañas. Esto se debe a que la matriz energética actual es suficiente para suplir la demanda de electricidad de la próxima década.
Siendo así, ni el estudio de factibilidad ni la consulta indígena que estaba en espera, resultan necesarios. El total de dinero que el ICE deberá trasladar a gastos por la suspensión del megaproyecto es de $146 millones. El ICE no trasladará ese monto a tarifas, de acuerdo con Cañas.
Además de este monto, las finanzas de la institución se vieron afectadas directamente por el aumento en el tipo de cambio que ha vivido el país en las últimas semanas. El ICE tiene la mayor parte de sus créditos en dólares. El monto aproximado que la institución deberá pagar de más por ese cambio en el costo de la divisa es de ¢140.000 millones, según proyecciones hechas por el ICE.
La suma del aumento en el dólar y los costos por el PH El Diquís -sumados a otras pérdidas- se traducen en un margen neto negativo de un -22% para diciembre del 2018. “El margen neto está en -22%. Ese margen ya incluye haber pasado por gastos esos millones que invertimos (en Diquís)”, declaró Cañas.
En total, esto significa que la pérdida neta del Grupo ICE para el 2018 es de ¢314.000 millones, según datos aportados por Jesús Orozco gerente financiero del ICE.
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Sumado a esto, el ICE cerrará a inicios del 2019 las platas térmicas de Barranca y San Antonio. Estas plantas representa gastos en conjunto de ¢3.000 al año. Tras el cierre, deberán ser reubicados poco menos de 40 personas.
Otra parte de los retos presentados por la institución se centran en maximizar del recurso humano.
Del 2014 al 2018 la institución redujo en 1.713 personas su planilla, a través de programas de movilidad voluntaria. A esto se le suma que desde junio del 2018, el ICE recibió 280 solicitudes de jubilación o retiros adelantados.
Parte de estos procesos, corresponden en gran parte según Irene Cañas, a personas que tenían sobresueldos. Es decir, personas que en algún momento fueron jefes, bajaron de puesto y que conservaban su salario.
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Además, la institución buscará mecanismos para enfrentarse al decrecimiento que la generación distribuida representa en la demanda de la institución.
La generación distribuida representó ¢470 millones menos en ingresos, correspondientes a 25 megawatts, según los datos para el 2017 que maneja la institución.
“Vamos a seguir reduciendo el gasto y vamos a diversificar la fuente de nuestros ingresos. Ese es el plan en el corto plazo”, aseguró la Presidenta Ejecutiva de la institución.