El ministro de Hacienda, Elian Villegas, asegura que el proceso legal para la aprobación de créditos internacionales en el país es complejo y debería reformarse.
El país accedió a menos de $900 millones de endeudamiento externo a través de nuevos empréstitos de apoyo presupuestario con organismos multilaterales en 2021; es decir, se quedó más de $600 millones por debajo de la meta que se planteaba Hacienda para este año.
Incumplir la meta de financiamiento externo no tendría mayores efectos para el Gobierno en materia de liquidez; sin embargo, Villegas asegura que se pudieron obtener mayores ahorros, a través de tasas más bajas, y que los recursos de los créditos en dólares podrían haber ayudado a estabilizar con más fuerza el tipo de cambio.
En mayo usted me mencionaba que Hacienda se proponía acceder a un mínimo de $1.500 millones en crédito externo este 2021. Finalmente la cifra se quedó más de $600 millones por debajo de esa meta. ¿A qué atribuye esa situación?
— El procedimiento que tenemos para la aprobación de créditos internacionales es un procedimiento que está totalmente obsoleto. No puede un país como el nuestro tener que llevar cada crédito internacional que se negocia a una aprobación legislativa, con todo el desgaste que eso significa para el Poder Ejecutivo y para las entidades multilaterales que los ofrecen.
Imagínese que nosotros hemos realizado subastas (de deuda interna) en las que logramos colocaciones de $400 millones o $500 millones, sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa.
Para la deuda interna solo basta con la autorización de endeudamiento del presupuesto; sin embargo, para un crédito internacional de solo $80 millones, como el de vacunas con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), o cualquier otro, del monto que sea, tenemos que pasar por la Asamblea Legislativa. Todo eso implica un desgaste terrible desde el punto de vista político y pérdidas de tiempo importantes.
Si el procedimiento está obsoleto, ¿Cómo considera que debería ser en este momento?
— Es un procedimiento que debería ser modificado. Ya sé que está en la Constitución Política y que requiere de una modificación constitucional, pero no podemos estar trabajando en estrategias de endeudamiento que dependen ya no solo del Poder Ejecutivo, que es el que ejecuta la estrategia, sino de la voluntad y las negociaciones con cada Asamblea Legislativa.
Yo incluso diría que (la lentitud) no es culpa de la Asamblea Legislativa, sino del sistema jurídico que nosotros tenemos para la aprobación de empréstitos que está absolutamente desfasado, no responde a las necesidades de un Estado moderno y debería ser totalmente revisado y reformado.
Lo ideal sería que el Poder Ejecutivo, a partir de la autorización general de endeudamiento que le da la Asamblea Legislativa todos los años, pueda llevar adelante una labor de escogencia de las distintas fuentes de financiamiento, tomando en consideración el mejor costo para el erario público.
Para aprobar un crédito hoy necesitamos hasta tres aprobaciones del Congreso: una es la aprobación del presupuesto nacional, otra es la aprobación del crédito en sí mismo y la última es el presupuesto extraordinario para incorporarlo en el presupuesto de la República. Esto hace que el proceso sea absolutamente anacrónico.
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Hay dos créditos, uno por $174 millones con la Agencia Francesa de Desarrollo y otro por $300 millones con el Banco Mundial, que se habían presupuestado para este año; pero el Ejecutivo apenas los envió al Congreso ahora en diciembre. ¿Por qué?
— Apenas sacamos, de última hora, los créditos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (se aprobaron el 20 de diciembre). Esto lo digo porque nosotros también debemos estar atentos a la parte política y entender que la Asamblea Legislativa también tiene sus tiempos y su dinámica.
Nosotros no podemos llevar todos los créditos y dejarlos porque, tal como decía, cada crédito requiere una negociación, conversaciones con distintos actores y se vuelve excesivamente difícil. Por eso es que decidimos llevarlos de manera pausada.
Estos créditos del BID se presentaron desde agosto, lo que quiere decir que tardaron hasta cuatro meses para su conocimiento en la Asamblea.
Por eso precisamente es que se vuelve muy difícil llevar todos estos créditos a la Asamblea Legislativa, que no solo está aprobando créditos, sino sus propias leyes, la agenda del Fondo y hasta nueve presupuestos extraordinarios y uno ordinario que se tramitaron este año.
A fin de cuentas, realmente hay que trabajar con moderación a la hora de presentar los empréstitos, para que no se conviertan en un problema de dinámica legislativa.
¿Qué implicaciones podemos decir que tiene no haber alcanzado la meta de colocación externa de este 2021?
— Habría sido mucho más sencillo para el país si nosotros alcanzábamos esa meta. Nos habría permitido presionar menos el mercado interno y tomar menos recursos del mercado local. Eso habría generado más liquidez internamente y eso se traslada a empresas y personas que buscan crédito.
También habríamos podido bajar las tasas todavía más. Nosotros hemos venido haciendo un gran esfuerzo en reducción de tasas y las bajamos bastante, pero pudimos bajarlas aún más.
Los créditos también le habrían permitido al Banco Central tener más recursos frescos, más dólares que no están circulando en la economía, para mantener un tipo de cambio más acorde o más bajo.
Desde el punto de vista de flujo de caja, con las aprobaciones que se dieron en la Asamblea Legislativa este año, quedamos en una buena posición. Los créditos con el BID, por ejemplo, se utilizarán el próximo año.
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¿La ventaja sigue siendo amplia para negociar créditos externos?
— Las tasas del BID, por ejemplo, son incomparables. Uno tiene una tasa menor al 1% en un plazo de 20 años, con cinco años de gracia; el otro crédito con el BID paga una tasa de poco más del 2%, aunque a más corto plazo. Ambas tasas son imposibles de conseguir en el mercado interno, en donde estas están muy por encima.
Hablamos de créditos en los que se ganan montos muy importantes, porque cuando uno habla de $250 millones a 20 años y, uno se está ganando hasta un 6% o un 7% en intereses, estamos hablando de hasta $15 millones o $20 millones de ahorros anuales.
Las diferencias son grandísimas y al cabo de 20 años ese ahorro hace que el financiamiento salga prácticamente gratuito.