Costa Rica y la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) firmaron este viernes un acuerdo técnico de ajuste fiscal ligado a un crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones.
Este documento preliminar ahora deberá ser revisado y avalada por el Directorio del organismo multilateral para posteriormente llegar a la Asamblea Legislativa en marzo.
El programa de ajuste fiscal rondaría el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), explicó Manuela Goretti, jefa de la misión del Fondo en conferencia de prensa virtual la tarde de este viernes.
La economista puntualizó que esa cifra está sujeta a cambios de acuerdo con la gestión del presupuesto nacional y otros elementos de la economía costarricense. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica (BCCR), agregó que la estimación se hizo con los nuevos datos de la producción nacional que toman como año de referencia el 2017.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, señaló que se pretende lograr un superávit primario del 1% del PIB para el 2023 y bajar la deuda pública al 50% del PIB en 2035.
Estas son las medidas del programa negociado con el Fondo.
Aumento de ingresos
➨Renta global dual: el proyecto de ley fue enviado al Congreso la tarde de este viernes y se tramita bajo el expediente 22.383. Se trata de una medida que cambiaria el actual tributo sobre las utilidades que se cobra de forma territorial y cedular, por uno en el cual se suman todas las fuentes de ganancias.
El proyecto plantea que quienes ganan menos de ¢8,2 millones al año (de cualquier fuente de ganancias) estarán exentos, lo que dejaría al 70% de los asalariados fuera del gravamen.
La tarifa de renta para las personas físicas y jurídicas se establecería en 27,5%, como se acordó en la mesa de diálogo nacional.
➨ Impuesto a casas de lujo: otro expediente que ingresó a la corriente legislativa este viernes es el nuevo impuesto del 0,5% a las casas de lujo con valor superior a los ¢150 millones. Este tributo sustituiría al actual solidario que se estaba dirigido originalmente a financiar proyectos de vivienda social.
Con la nueva iniciativa el pago del impuesto para una casa con valor de ¢150 millones crecería de ¢375.000 a ¢750.000. En la actualidad se gravan las viviendas con valores superiores a los ¢133 millones, este monto se define cada año.
➨ Dividendos de empresas estatales: entró al Congreso este viernes bajo el expediente 22.384 y propone que 14 empresas del Estado destinen hasta el 30% de sus utilidades al pago de deuda pública del Gobierno Central por cuatro años.
Los aportes para cada entidad serán calculados por el Ministerio de Hacienda y publicados en un decreto, el monto total debe sumar 0,20% del PIB. Entre las entidades que tendrán que aportar destacan los bancos públicos y sus subsidiarias, el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Correos de Costa Rica, entre otras.
Estas tres medidas nuevas se suman a las que ya había presentado previamente el Ejecutivo antes de iniciar las negociaciones con el FMI.
➨ Premios de lotería: El proyecto fue enviado a la Asamblea el 9 de diciembre y convocado a sesiones extraordinarias. De aprobarse, gravaría con impuesto de renta del 25% todos aquellos premios de lotería que superen medio salario base (¢225.100) y produciría 0,09% del PIB por año.
➨ Ley de exoneraciones: la iniciativa de ley fue remitida a Cuesta de Moras el pasado 17 de diciembre y cuenta con la venia del diálogo multisectorial.
Eliminaría la exoneración de renta del salario escolar, homologa al 15% el gravamen a las rentas de capital y aumenta por dos años la tarifa al 16,5%, y promueve un incremento de cinco puntos porcentuales en el impuesto sobre las remesas que tiene tasas diferentes para cada producto o servicio.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, esta iniciativa generaría 0,58% del producto nacional que equivale a ¢209.407 millones.
La eliminación del 50% de la exención de renta a los rendimientos de los fondos de pensiones complementarias contemplada en la propuesta original fue desechada por el Ejecutivo.
➨ Reforma a la Ley de Aduanas: se trata de una iniciativa presentada el 17 de diciembre ante el Congreso para fortalecer la lucha contra la defraudación y el contrabando. Nació en el diálogo nacional con el fin de facilitar el comercio y reforzar los mecanismos de gestión por riesgo aduanero.
La normativa fijaría nuevas sanciones por incumplimiento de obligaciones aduaneras y redefine el concepto de contrabando con el objetivo de incrementar las importaciones formales y mejorar la recaudación.
En resumen, incorpora elementos tecnológicos al proceso aduanero, como, por ejemplo, la obligatoriedad de utilizar el Registro Único Tributario (RUT) para importadores y exportadores.
Recorte al gasto
➨ Empleo público: es una de las acciones “estrella” del Gobierno para convencer al FMI de que se puede bajar en gasto, el principal disparador después de los intereses de la deuda pública: las remuneraciones.
El controvertido proyecto de ley que ingresó a la corriente legislativa el 19 de abril del 2019, fue devuelto por los diputados y ahora avanza despacio pero con mejor perspectiva −tras su tercera versión presentada en mayo del 2020−. Justamente el 11 de noviembre, la Comisión de Gobierno y Administración dictaminó el texto que se encuentra en el plenario.
En diciembre la Procuraduría General de la República (PGR) concluyó que es viable y posible aplicar salario global y otros ajustes a todos los empleados del Estado, es decir, los actuales y los que se contraten a futuro.
➨ Reducción al gasto: el pasado 11 de enero, el Ejecutivo emitió un decreto para recortar el gasto público con medidas como limitar el crecimiento de transferencias corrientes a un máximo de 0,51% anual por el siguiente lustro.
La normativa recorta el crecimiento del gasto y reduce la ejecución de partidas como compras de bienes y servicios, servicios especiales y remuneraciones eventuales para los presupuestos del 2021 al 2025.
El recorte total al gasto público con esta medida se estimó en 3,45% del PIB, en el plan negociado con el FMI.
➨ Deuda política: el 3 de diciembre el plenario aprobó la ley para recortar el gasto en deuda política destinado a los procesos electorales del 2022 (nacionales) y 2024 (municipales).
La reducción es del 55% y generará un ahorro de ¢36.000 millones.
Fuera del acuerdo
Aunque inicialmente se conversó de la venta de activos como la cartera de crédito de crédito de la Comisión Nacional de Préstamos para la Educación (Conape) por parte del Banco Popular o la comercialización del Banco Internacional de Costa Rica (Bicsa); sólo se incorporó en el plan la primera opción.
La venta de la cartera de crédito de Conape fue acordada en la mesa de diálogo multisectorial antes de las conversaciones con el FMI, y la perspectiva para comercializar un banco en medio de la crisis ocasionada por la pandemia no hacen viable esta segunda alternativa.
Villegas recalcó que se excluyeron también los temas como aumentos al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el gravamen a las transferencias bancarias y el impuesto a los rendimientos de los fondos de pensiones que habrían reducido los montos de las jubilaciones futuras y del Fondo de Capitalización Laboral (FCL).
La jefa de misión del Fondo calificó el programa propuesto por Costa Rica como “progresivo” y en línea para fomentar el “crecimiento económico en el futuro”.
“Además de respaldar la recuperación de la pandemia, el programa local respaldado por el FMI tiene como objetivo asegurar la estabilidad macroeconómica y promover una agenda de reformas que ayudaría a asegurar un crecimiento fuerte, sostenible e inclusivo en Costa Rica”, indicó la jerarca en un comunicado.
Goretti destaca tres características del plan:
1- Implementa reformas fiscales equitativas para asegurar la sostenibilidad de la deuda, mientras se protege a los pobres y más vulnerables.
2- Mantiene la estabilidad monetaria y financiera al mismo tiempo que se fortalece la autonomía y gobernanza del Banco Central y se abordan la vulnerabilidades financieras estructurales.
3- Avanza en reformas estructurales para apoyar la inclusión, mejorar la productividad laboral y reafirma el compromiso del Gobierno para combatir el cambio climático.
Ahora el acuerdo deberá ser evaluado por el Directorio del FMI para luego ser enviado al Congreso donde tendrá que se aprobado con 38 votos.