Por: Andrea Hidalgo.   21 enero

Gobierno excluyó de la negociación con el Fondo Monetario Internacional el plan de aplicar un impuesto del 7,5% a las rentas y ganancias de capital obtenidas por todos los trabajadores y pensionados que cotizan o han cotizado para los fondos de pensiones complementarios (ROPC) y el Fondo de Capitalización Laboral (FCL).

El impuesto afectaba la velocidad a la que crece el saldo administrado por las Operadoras de Pensiones Complementarias. Foto Shutterstock
El impuesto afectaba la velocidad a la que crece el saldo administrado por las Operadoras de Pensiones Complementarias. Foto Shutterstock

La oficina de comunicación de Casa Presidencial informó, a través de un comunicado de prensa este jueves 21 de enero, que debido a los múltiples argumentos y preocupaciones planteadas alrededor de la propuesta, se realizará una modificación a la iniciativa de ley mediante la presentación de una moción de fondo para eliminar del proyecto los artículos 2 y 3 relacionados con este tema.

“El Gobierno de la República no gravará los rendimientos de los fondos de pensiones, y excluye del proyecto de ley xxpediente 22.369 Reducción de Beneficios Fiscales y Ajuste de Tarifas en Rentas del Capital para Fortalecer el Sistema Fiscal, la reducción en un 50% de la exoneración de la cual hoy gozan los títulos valores que forman parte de las carteras del sistema de pensiones complementarias”, indica el comunicado de prensa.

El pasado 13 de enero Hermes Alvarado, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones (ACOP), compartió un comunicado en el que informó la afectación de los afiliados al ROPC con este gravamen.

Alvarado explicó que normalmente, los fondos de pensiones basados en la capitalización individual, por efecto del interés compuesto, al final de un periodo de acumulación de 35 a 40 años, quedan constituidos en el 20% por aportes y en el 80% por rendimientos.

Específicamente en el caso de Costa Rica, luego de 40 años, el ROPC de un trabajador habrá acumulado un monto que se compone en 82% de rentabilidades y 18% de aportes. Es decir, se convertiría en una especie de ‘impuesto hipoteca’ para las personas afiliadas.

“Hemos dado atenta escucha a los argumentos y preocupaciones planteadas alrededor de la propuesta. Comprendemos las consideraciones que han surgido y se han externado con respecto al ROP y a la seguridad social”, indica la nota enviada por parte de la ministra de la Presidencia y el ministro de Hacienda.

Por otra parte, el economista Douglas Montero aseveró que este gravamen afectaría las tasas de interés de manera negativa, es decir, que las tasas de interés deberán aumentar como resultado de un porcentaje (destinado al pago de tributos) que las operadoras no podrían reinvertir.

“Me parece que Hacienda se está disparando en su propio pie, porque el impuesto se traduciría en una menor capacidad de las operadoras de reinvertir, por lo tanto van a haber menos recursos disponibles para comprarle al Estado. Pero para hacer los bonos más atractivos es probable que Hacienda tenga que aumentar las tasas de interés para que las operadoras le compren los títulos”, agregó Montero.

Después de analizar los diferentes argumentos el Gobierno de la República procedió a conversar el tema con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para excluir del planteamiento la propuesta relativa a los títulos valores indicados.

Contexto e impacto

El Reglamento de Gestión de Activos (normativa que regula los límites de inversión de los fondos administrados por las operadoras de pensiones) establece como límite máximo para la inversión en el sector público local un 80% del valor del portafolio administrado.

Sin embargo, es importante indicar que este límite es para el sector público como un todo, no existe en esta regulación un límite específico para la inversión en bonos del Ministerio de Hacienda.

Al 31 de diciembre del 2020 las inversiones de las operadoras a través de títulos del Gobierno Central supera el 35% en la mayoría de los casos.

Por ejemplo, BN Vital cuenta con un activo neto administrado de ¢1,8 billones, de los cuales ¢1,1 billones están invertidon en el sector público local, lo que corresponde a un 74% de su capital.

Para el economista Melvin Garita aunque el impuesto afectaría solamente el rendimiento de la nueva deuda, no cabe duda que encarecería la demanda de recursos.