La torre de 21 pisos de altura que albergará al Congreso de la República tendrá en su techo 169 paneles solares, con los que se generará 65 kilowatts (kW) y se abastecerá el 49% de la demanda que se producirá tras el traslado de los diputados al nuevo recinto.
El sistema de paneles, considerado de última tecnología, es capaz de generar la energía equivalente al consumo promedio de 456 casas. El proyecto se podrá en marcha en aproximadamente un mes.
A nivel financiero el sistema fotovoltaico proyecta una recuperación de su inversión en menos de cinco años, mientras que su vida útil está proyectada para superar los 25 años, de acuerdo con la empresa Sunshine, encargada de la instalación.
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Producir parte de la energía para consumo propio, se traduce en una factura eléctrica más barata.
Sumado a los beneficios ambientales de crear electricidad a través de medios limpios, la generación distribuida, en la que un mismo usuario produce parte de la electricidad que va a consumir, cada vez consigue más adeptos en el país por el ahorro considerable que significa para el consumidor.
“Al ser un edificio nuevo no contamos con un consumo previo eléctrico”, declaró Eduardo Kopper, presidente de Sunshine. “Es un sistema de sólo 65 kW debido a que la regulación establece un límite de autoconsumo. Actualmente, el proyecto está en construcción y estará listo en menos de un mes”.
La electricidad que se producirá en el nuevo recinto compensará cerca de cuatro toneladas de carbono, lo que se traduce en más de 27.000 kilómetros (kms) recorridos por un vehículo.
Sunshine se encargará del monitoreo, la operación y el mantenimiento las 24 horas del día de los paneles solares y la energía producida.
La empresa Novatecnia es la encargada de la unidad administradora del proyecto del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa bajo un fideicomiso con el Banco de Costa Rica (BCR).
La fecha prevista para la finalización de la construcción del edificio es agosto del 2020 y el costo final del proyecto está estimado en ¢85.000 millones. Incluye el acondicionamiento del inmueble y el traslado de las oficinas de los diputados.
Menos de la mitad
A pesar de las ventajas del proyecto, los paneles solares instalados no podrán abastecer el total de la energía requerida en el edificio.
Un 51% de la electricidad que se necesite en la nueva Asamblea Legislativa deberá ser consumida directamente de la empresa de distribución, en este caso la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), según lo que dispone el reglamento actual de generación distribuida del país.
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Justo en esa línea los diputados estudian un nuevo proyecto denominado Ley para la Promoción y Regulación de Recursos Energéticos Distribuidos a partir de Fuentes Renovables (expediente 22.009), el cual permitiría ampliar el margen de maniobra que hasta hoy tiene la generación distribuida.
En un primer escenario un generador particular puede almacenar su energía o inyectar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) su producción sobrante, pero no recibe un pago por ella.
La electricidad puede ser producida por un generador—consumidor para la utilización propia de forma inmediata o su almacenamiento por medio de algún tipo de tecnología, por ejemplo, baterías.
El proyecto de ley también plantea un segundo escenario cuando el generador acumula el excedente mensual de energía producida y vende a la empresa distribuidora el saldo final de ese sobrante, tras un acuerdo y con una tarifa previamente regulada.
Un nuevo reglamento que ya superó la consulta pública, y que se encuentra en la oficina de mejoras regulatorias del Ministerio de Economía Industria y Comercio (MEIC), también propone cambios en esta línea.
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El nuevo reglamento elimina el tope que tienen los generadores—consumidores y que los obliga a enviar al SEN el 49% de la energía que producen (y que no necesitan utilizar inmediatamente).
El usuario podría inyectar el 100% de la energía que genere con el fin de utilizarla cuando la necesite.
“Costa Rica es el país más atrasado de Centroamérica en energía solar. Este será un proyecto más que surge como ejemplo a seguir para el país. Es un complemento al actual reglamento”, declaró Kooper.