Las ayudas estatales a la agricultura en todo el mundo deberían reorientarse hacia la innovación y los servicios con "impacto social", como el clima, el medioambiente o la lucha contra el despilfarro, considera la OCDE en un informe publicado este lunes.
Siempre muy crítica con el impacto de los subsidios directos a la producción, a los que señala como fuente de distorsión de los mercados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda en su último informe "reorientar el apoyo hacia las mejoras en los servicios públicos que benefician a los productores, consumidores y a la sociedad en general".
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En los 53 países analizados, un total de $445.000 millones (unos 392.000 millones de euros) se abonan cada año a los agricultores en forma directa, según este informe de 500 páginas titulado “Políticas agrícolas: seguimiento y evaluación 2019”.
"La gran mayoría de estas ayudas van directamente a la producción, pero no afectan a las decisiones que se toman", señaló a la AFP Ken Ash, director de comercio y agricultura de la OCDE.
Evocando "el clima, el uso de las tierras agrícolas o los recursos acuíferos", Ash destacó que "menos del 20% de la ayuda agrícola es destinado a estos problemas sociales más amplios".
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La OCDE además recomienda "sopesar todos los instrumentos económicos posibles para alcanzar los objetivos en el dominio del medioambiente, la atenuación del cambio climático y la adaptación a éste".
“En muchos países, el desempeño medioambiental de la agricultura progresa con menor rapidez e, incluso, retrocede desde mediados de la década de 2000. Los países deberían invertir para colmar sus déficits de conocimiento y apoyarse en las tecnologías digitales para lograrlo”, recomienda el organismo.