Por: Laura Ávila.   6 junio

En octubre del 2018 el fenómeno de El Niño impactó al país con un déficit de lluvias y, ante la amenaza, el Gobierno alistó ¢5.210 millones para mitigar su huella. Sin embargo, la sequía vino y afectó los campos, pero el dinero no llegó a tiempo.

El largo tiempo de sequía se reflejó en una caída en las exportaciones agrícolas, las cuales sufrieron una contracción del 14% al primer trimestre del año si se comparan con el mismo período del 2018. Foto: Rafael Pacheco
El largo tiempo de sequía se reflejó en una caída en las exportaciones agrícolas, las cuales sufrieron una contracción del 14% al primer trimestre del año si se comparan con el mismo período del 2018. Foto: Rafael Pacheco

El motivo reside en los complejos procesos burocráticos a los que se enfrentaron los fondos: en los primeros cinco meses del año, únicamente se han distribuido el 19% del total de los más de ¢5.000 millones que el Poder Ejecutivo destinó al sector agro. El 81% restante está en pausa.

La precaria distribución del dinero solo permitió iniciar la reparación de un canal de riego en Puntarenas; el resto de los proyectos apenas está en proceso de licitación.

Lo que sí llegó a tiempo fue el déficit de lluvias y las altas temperaturas que impactaron por casi un semestre al Caribe y la Zona Norte.

El largo tiempo de sequía se reflejó en una caída en las exportaciones agrícolas, las cuales mostraron una contracción del 14% al primer trimestre del año si se comparan con el mismo período del 2018.

Las fuentes consultadas por EF afirman que no sienten el apoyo del Gobierno y consideran que el país debe enfocarse en una política a largo plazo para fortalecer el sector. De lo contrario, estos intentos “serán como ponerle una curita a una llanta”.

¿Qué pasó?

En noviembre del 2018, Carlos Alvarado, presidente de la República, firmó una directriz para destinar ¢5.210 millones a diferentes instituciones a fin de combatir el impacto del fenómeno climático.

El presupuesto se asignó mediante el Fondo Nacional de Emergencias y del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

No obstante, la directriz presidencial parece más un símbolo, ya que una parte sustantiva de los ¢5.210 millones está atascada en una maraña de trámites interinstitucionales, lo que impidió realizar acciones contundentes en el largo período de sequía.

Los retrasos comenzaron cuando el MAG solicitó una modificación presupuestaria a la Dirección General de Presupuesto Nacional, lo que ocasionó que el dinero estuviera en pausa por varias semanas.

Posteriormente, la cartera de agricultura cambió de parecer y dejó sin efecto la petición mediante el oficio DM-MAG-320-2019, según José Luis Araya, subdirector general de Presupuesto Nacional.

El único desembolso hasta hoy es de ¢469 millones, que se destinó al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento (Senara). A mayo, aún estaba pendiente la entrega de los recursos restantes (¢1.407 millones) de esta entidad y de las demás.

Esto implicó que la institución más urgida de dinero para poder rehabilitar canales de riego y llevar agua a distintas zonas fuera la principal víctima de la burocracia.

¿Por qué si el país enfrentaba déficit de lluvia desde octubre, y después se dio un verano atípico, solo se asignó el 25% (¢469 millones) de los fondos?

“Podría ser que exista un déficit de recursos en Hacienda que no le ha permitido hacer el giro de recursos importantes para todos los sistemas de riego; por ahí podríamos encontrar la razón”, sugirió Marlon Monge, viceministro de Agricultura.

En la misma línea opinó Mauro Angulo, subgerente general del Senara.

El argumento fue refutado categóricamente por Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, quien aseguró que la cartera no tiene problemas de liquidez.

En medio del vaivén entre las instituciones, el Senara ya solicitó el monto faltante (¢1.407 millones) y está a la espera de una respuesta por parte de Hacienda, de acuerdo con Monge.

Los recursos para el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) tuvieron otra historia.

Estas entidades esperaron casi un semestre para obtener el levantamiento del tope presupuestario por parte de la Contraloría General de la República (CGR), requisito necesario para acceder al dinero.

Las instituciones recibieron el aval hace unas semanas, según el viceministro de Agricultura, por lo que deben hacer la solicitud para que se les gire el dinero.

Entretanto, el MAG planifica acciones para aplicar entre junio y agosto, cuando se podría repetir el déficit de lluvias.

¿Qué se ha hecho?

La respuesta es: casi nada. La mayoría de procesos están en etapa de licitación o contratación.

Como el Senara fue la única institución a la que se le transfirieron recursos, pudo comenzar las reparaciones del canal de riego San Rafael, en Puntarenas, según consta en un documento remitido a EF por la entidad.

Además, hay cuatro procesos de contratación para los canales de riego El Escobio, Guayabo, San Bernardo y Miravalles. La idea es reparar los sistemas que sufrieron daños con el Huracán Otto y la tormenta Nate.

Incopesca tampoco concretó ninguna acción durante la época de sequía. Sin embargo, en este caso la estrategia se enfoca en la recolección de datos.

Actualmente se hace la licitación para adquirir 1.000 balizas, un dispositivo de monitoreo que se colocará en embarcaciones de pesca artesanal para obtener datos tales como la ubicación de la nave o el calentamiento de las aguas.

La distribución de las pacas de heno que debía hacer el Senasa tampoco se consolidó y también está en proceso de licitación.

¿Qué opinan los productores?

Con el muy modesto récord de ejecución revelado por las instituciones públicas, los reclamos de las cámaras empresariales del sector por la falta de apoyo gubernamental difícilmente pueden ser una sorpresa.

Los ¢5.210 millones son “un parche en una llanta”, a criterio de Álvaro Sáenz, vocero de la a Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA), quien afirma que el sector necesita de una estrategia a largo plazo para seguir caminando.

Emitir un decreto de emergencia para mejorar las condiciones crediticias de los productores es una opción que valora Jorge Sauma, gerente general de Corbana. Esta es una figura que se ha utilizado en otros momentos de fenómenos climáticos extremos, como cuando se dio el huracán Otto.

Mientras los ¢4.741 millones de la directriz presidencial aún siguen guardados, el impacto de El Niño se contabiliza en cifras.

A marzo, el sector agropecuario mostró una contracción, por sexto mes consecutivo, según el Índice Mensual de Actividad Económica (Imae) del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

El efecto climático afectó mayoritariamente los cultivos de piña y banano, principales productos de exportación.

La contracción del sector también se reflejó en las ventas internacionales que, durante el primer trimestre del año, cayeron 14% con respecto al mismo período del 2018.

En menor medida, también sufrieron los sembradíos de cebolla, chayote y hortalizas.