Por: Manuel Avendaño Arce.   25 septiembre
La fracción del PLN lanzó críticas al plan del Gobierno para negociar con el FMI, por el desbalance hacia los impuestos. Fotografía: Asamblea Legislativa.

El panorama cambió por completo. El controvertido plan de ajuste fiscal que el Gobierno pretende negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se resquebraja ante la férrea oposición legislativa que rechaza la idea de crear nuevos impuestos y exige mayor recorte al gasto público.

Ante este clima político tan adverso, atizado por el descontento social que generó la propuesta, el Ejecutivo se ve obligado a replantear la estrategia, pero esta vez con la incorporación de criterios y aportes de las mismas bancadas del Congreso y otros sectores.

La ruta se encamina justamente en esa línea, pero no hay tanta claridad sobre el paso a paso. Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico, comentó que ahora se abrirán procesos de diálogo con cada una de las fracciones legislativas para conocer sus observaciones y recibir propuestas.

Estas reuniones, en las que también se tomará en cuenta el criterio de cámaras empresariales y otros sectores, se desarrollarán en las próximas semanas.

La convulsa agenda obligó a postergar el arranque de la negociación con el FMI que inicialmente estaba pactada para el 28 de setiembre, luego se movió para el 5 de octubre y ahora se prolongará para mediados de ese mismo mes, si finalmente se logra construir una propuesta con viabilidad política.

Oposición y propuestas

De las nueve agrupaciones que convergen en el Congreso, solamente la fracción del oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) respalda la propuesta del plan con el FMI que presentó el Gobierno.

Enrique Sánchez, jefe de esta bancada, aseguró que acompañarán el trabajo del Ejecutivo para nutrir el plan, pero no se cierran a la posibilidad de hacer ajustes y mejoras que permitan aprobarlo con solidez en el futuro cercano.

“Los cambios que se le hagan al proyecto deben tener rendimientos que permitan alcanzar la meta planteada del 6% del Producto Interno Bruto (PIB) anual. Si las nuevas iniciativas o modificaciones que se le incorporen al texto no cumplen con este requisito, entonces no sería un acuerdo válido para el FMI”, advirtió el líder oficialista.

Mientras que Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) −agrupación con más diputados en el Congreso−, fue enfático en que no apoyarán ningún aumento de impuestos o la creación de nuevos tributos, tal y como lo plantea el Ejecutivo.

“Liberación Nacional considera que esta propuesta es absolutamente desbalanceada y que recarga el 80% de su rendimiento en nuevos impuestos al pueblo. Hablar de más tributos en este momento no es de recibo”, indicó.

Sobre la posibilidad de plantear nuevas ideas o aportes al programa con el FMI, Chacón aseguró que de momento se enfocan en el análisis del texto.

Añadió que uno de los principales vacíos en el planteamiento son medidas contundentes para reactivar la economía en momentos donde el desempleo y la pobreza afectan a las personas, por lo que se deben incorporar acciones en este tema.

En las filas del Partido Unidad Social Cristiana tampoco cayó bien el borrador presentado por el equipo económico el pasado 17 de setiembre. Esta bancada también rechazó la creación y el aumento de impuestos.

La congresista María Inés Solís coincidió en que la propuesta “no es de recibo”, pero se debe avanzar en la eliminación de exoneraciones a las grandes cooperativas que han tenido un nuevo giro en sus negocios ajeno al objetivo social de su creación.

Justamente este fue un tema que se incorporó en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9.635), y que luego se separó por medio de un proyecto de ley independiente para que fuera discutido en el plenario. Sin embargo, pese al compromiso de los diputados de aprobarlo, el fuerte lobby cooperativista terminó por llevar la iniciativa a un punto muerto en Cuesta de Moras.

El PUSC defiende que durante los últimos años sus legisladores presentaron una serie de proyectos de ley encaminados hacia la reactivación económica que se pueden sumar al plan para negociar con el Fondo, entre ellos, la reducción del costo de la electricidad, las rebajas en cargas sociales para pymes, el otorgamiento de incentivos a las inversiones en zonas de menor desarrollo, la explotación controlada del oro y la generación distribuida, entre otros.

Xiomara Rodríguez, jefa de la bancada del Partido Restauración Nacional (PRN), aseveró que no le darán el respaldo a esta versión del programa de ajuste fiscal porque está recargado en impuestos, en tiempos donde las personas y empresas atraviesan una compleja coyuntura.

“No podemos exprimir más a quién no está produciendo, no estamos de acuerdo con las cargas que se pretenden imponer, creemos que hay mucho más que debería hacer el Ejecutivo antes de buscar impuestos”, apuntó Rodríguez.

La legisladora recordó que “es una obligación del Gobierno” plantear un mayor recorte al gasto público que hasta ahora no se percibe.

“Los cambios al plan deben comenzar por el recorte al gasto, por eso es que no podemos en estos momentos de crisis económica, venir a imponer tributos”, zanjó.

En las tiendas del bloque de diputados independientes afines al Partido Nueva República (PNR), apuestan por mayor recorte al gasto y por una reducción en impuestos existentes para incentivar la reactivación económica.

Jonathan Prendas, vocero de este grupo, detalló que todavía no reciben la invitación del Gobierno para conversar sobre el programa con el Fondo.

El bloque de Nueva República propondrá un proyecto para rebajar el gasto público en ¢1 billón en el próximo presupuesto nacional, una reducción de $1.600 en renegociación de deuda pública y amortizaciones, una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) −del 13% al 9%− y la compra de escáneres para luchar contra la evasión y el contrabando.

También plantearán la creación de una ventanilla única para la apertura de empresas en el país, la entrega de bonos de ¢3 millones por tres meses a pymes y la renegociación de alquileres en los ministerios que generarían ahorros, según Prendas, por ¢32.000 millones al año.

¿Qué sigue?
El equipo económico del Gobierno se reunirá con las fracciones legislativas para modificar el plan que pretenden negociar con el FMI. Fotografía: José Cordero.

El Gobierno abrirá espacios de diálogo con las diferentes fracciones del Congreso y con otros grupos para replantear la propuesta del plan y buscar otras alternativas que permitan conseguir el rendimiento esperado.

El 24 de setiembre, Gerry Rice, director de comunicaciones del Fondo, confirmó que están en las “etapas iniciales” de negociación con Costa Rica para concretar el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones que se suma al préstamo rápido por $504 millones, aprobado el 27 de agosto.

Las bancadas están a la expectativa de conversar con el equipo económico para poner sobre la mesa proyectos que antes se discutieron en el marco de la reactivación económica y que ahora ayudarían a superar la crisis del coronavirus.

Elian Villegas, ministro de Hacienda, entiende la oposición de las fuerzas políticas en el Congreso y considera que es “esperable” el rechazo a los impuestos.

El jerarca aceptó, en el programa Malas Compañías de Teletica Radio, que revisarán las propuestas de crear el tributo a las transacciones bancarias y de aumentar la tasa del Impuesto a los Bienes Inmuebles (IBI).

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En este punto de la discusión el único consenso político que existe gira sobre la necesidad de acudir al FMI para buscar recursos frente a la complicada situación fiscal del país agravada por la pandemia.

Sin embargo, las acciones específicas para reducir la deuda pública, recortar el gasto gubernamental, corregir el desbalance financiero y mantener la estabilidad macroeconómica, son el verdadero punto de conflicto sobre el cual deberá construirse un acuerdo para lograr una viabilidad similar a la que concretó en 2018, con la reforma fiscal.