Los diputados de la comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa dictaminaron y enviaron al Plenario legislativo una nueva versión del proyecto de ley que prohibiría la exploración y la explotación de petróleo en Costa Rica.
La nueva versión elimina las potestades que se pretendía brindar a la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), para su incursión en energías limpias; pero mantiene la prohibición general para la industria del carbón, el petróleo y el gas natural.
Los propulsores del proyecto esperan que las reformas realizadas sean las suficientes para su aprobación en el Congreso, que requeriría el respaldo de mayoría simple de los diputados (la mitad más uno de los presentes), según indicó a EF la presidenta de la comisión de Ambiente, Paola Vega (diputada independiente).
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Las matemáticas mejoran para el proyecto porque los cambios acercan el respaldo del Partido Liberación Nacional (PLN), que propuso la nueva redacción, de cara a una votación de la iniciativa.
El respaldo de la bancada más grande del Congreso se sumaría a la de los oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), y de algunos adicionales, independientes o de fracciones minoritarias, y esto sería suficiente para que el texto sume los votos que requiere.
Sin embargo, la discusión podría ser ajustada, porque legisladores del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Restauración Nacional (PRN) y del bloque Nueva República, entre otros, han mencionado que rechazarán cualquier versión de la iniciativa que cierre las puertas al gas natural.
¿Qué dice el proyecto?
El proyecto de Ley para Eliminar el Uso de Combustibles Fósiles en Costa Rica (20.641), con su nueva redacción, declara el territorio continental y marino del país “libre de exploración y explotación de combustibles fósiles” y prohíbe el otorgamiento de permisos, licencias o concesiones para la industria del carbón, el petróleo o el gas natural.
El texto también obliga al Estado a impulsar políticas públicas para la transición energética. Estas deberán “promover la producción y uso de biocombustibles, hidrógeno verde y combustibles alternativos provenientes de energías renovables en el país”.
Por otro lado, la iniciativa también asigna algunas nuevas funciones al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Entre ellas, la política de almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de combustibles, sean estos de procedencia fósil o alternativos.
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La nueva versión elimina también a la Dirección de Hidrocarburos del Minae, y la convierte en una Dirección de Transporte y Comercialización de Combustibles. La dirección actual se fundamenta en la Ley de Hidrocarburos (7.399), que ahora quedaría derogada, y puede gestionar “trámites y los procedimientos tendientes a formalizar y a ejecutar correctamente los contratos (...) para la exploración y explotación de los hidrocarburos”.
La dirección se quedaría únicamente con funciones ligadas a establecer los requisitos y procedimientos en materia de manejo de combustibles.
Otra reforma que plantea el proyecto tiene que ver con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A este se le habilitaría para “participar de la producción y comercialización, nacional o internacional, de energías limpias y combustibles alternativos (...) ya sea de manera independiente o por medio de alianzas público privadas”.
Según indicó la jefa del PLN, María José Corrales, a La Nación tiene más sentido que el ICE asuma estas funciones; en lugar de que se recarguen a Recope, como inicialmente se planteaba.
La normativa deberá reglamentarse, a través de las modificaciones que se consideren correspondientes, en un período de seis meses.
Discusión de cuatro años
La iniciativa de ley entró en corriente legislativa desde diciembre de 2017. Lo impulsó el Poder Ejecutivo, bajo la administración de Luis Guillermo Solís, y luego retomó su impulso el actual gobierno de Carlos Alvarado.
El Gobierno de la República incluso intentó apresurar su aprobación a mediados de año; sin embargo, el camino se complicó porque algunos artículos del texto permitían a Recope incursionar e invertir en energías alternativas.
Específicamente, se le encomendaba el objetivo de “investigar, producir, industrializar, almacenar, transportar y comercializar fuentes de energía alternativas, no convencionales, renovables y limpias”; con una inversión de hasta el 0,15% de sus ingresos presupuestarios.
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Esto fue objetado por diputados y agrupaciones empresariales, como una eventual amenaza para el costo de los combustibles de la única empresa que los distribuye en el país.
La disconformidad con esta y otras indicaciones detuvo el trámite de la iniciativa, que fue reenviada a Comisión de Ambiente para que recibiera reformas. El plan finalmente se modificó en las últimas semanas y ahora regresará a estudio para su discusión en el Plenario legislativo.
La transición energética es clave para la descarbonización de la economía, principalmente en cuanto al uso de energías fósiles. Según el Plan Nacional de Energía 2015-2030, solo el uso de hidrocarburos del sector transporte implica el 54% de las emisiones de dióxido de carbono del país.