El presidente de la República, Carlos Alvarado, anunció oficialmente la noche de este viernes que tomó la decisión de vetar el proyecto de ley que pretendía otorgar una rebaja al marchamo de 2022, el cual se pondrá al cobro este 1.° de noviembre, como todos los años.
Con esta decisión, la iniciativa de ley que pretendía reducir las tarifas del Impuesto a la Propiedad de Vehículos (que representa alrededor de un 64% del derecho de circulación) quedará congelada y no podrá entrar en vigencia a tiempo.
La reducción implicaba diminuciones de entre ¢13.800 y ¢44.330 para los propietarios de vehículos con un valor de hasta ¢15 millones.
La iniciativa además quedará congelada porque el Gobierno tendrá en sus manos la agenda de la Asamblea Legislativa a partir de este 1.° de noviembre. Ese día inicia el nuevo período de sesiones extraordinarias y esto permitirá al Ejecutivo evitar la discusión de cualquier medida legislativa para reactivar la rebaja.
Los vetos pueden ser ignorados por los legisladores en el Congreso, si 38 diputados deciden resellar un proyecto vetado y mantenerlo vivo; sin embargo, en esta ocasión el Gobierno podrá evitar su discusión si no decide ponerlo en agenda
El veto por parte del presidente Alvarado era predecible. El mandatario y su ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguraron desde la discusión inicial del proyecto en Cuesta de Moras que consideraban la iniciativa como un gesto irresponsable debido a la delicada situación de las finanzas públicas.
En su anuncio, el presidente afirmó que “ninguna fiesta es gratis” y que “a primera vista la reducción del marchamo podría parecer que ayuda a la economía de las personas que tienen carro, pero no se hizo bien”.
“Lo hicieron (los diputados) sin compensar la pérdida de esos ingresos, lo cual causa un hueco presupuestario. Desde el Congreso se pudo haber bajado el marchamo a los carros de menor valor y subirlo a los carros de lujo, por ejemplo, pero ese no fue el camino que se tomó; y eso genera una pérdida de recursos que le país necesita urgentemente en este momento”, agregó.
Impacto fiscal
Estimaciones de las autoridades hacendarias indican que el proyecto de ley, tal como fue aprobado por los legisladores en primero y segundo debate, reduciría la recaudación tributaria del país en unos ¢30.000 millones (un 0,08% del PIB).
El presupuesto nacional de 2022 contempla gastos por ¢11,5 billones.
De ellos, ¢6 billones se financiarían con ingresos propios (incluidos ¢182.700 millones del impuesto sobre vehículos, aeronaves y embarcaciones) y el resto a través de nuevo endeudamiento.
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Este impacto, añadieron las autoridades, elevaría el riesgo de incumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidad con la cual el país acordó una línea de financiamiento, por $1.778 millones en tres años, aparejada a un ajuste fiscal de corto plazo.
Ese ajuste incluyó iniciativas de ley que pretenden más bien aumentar los ingresos estatales a través de reformas tributarias y aportes institucionales; sin embargo, su trámite no ha avanzado.
El presidente Alvarado comentó que permitir la rebaja enviaría un mensaje negativo a los mercados y “pondría en riesgo la estabilidad económica del país”.
La administración además subrayó, en semanas recientes, que la rebaja era regresiva. Es decir, que brindaría un beneficio fiscal a personas con mayores recursos y actuaría en detrimento de poblaciones más pobres.
Datos de la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) de 2018 determinaron que un 90% de los gastos en vehículos automóviles del país son realizados por hogares de los cuatro deciles de mayores recursos; mientras que hasta un 70% los realizan los incluidos en los dos deciles más altos.
Por último, el Gobierno también señaló que el proyecto igualmente había tenido un vicio de trámite, porque la Asamblea Legislativa no habría consultado el texto al Instituto Nacional de Seguros (INS) oportunamente.
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La rebaja
El proyecto de ley aprobado, y ahora vetado, planteaba rebajas de entre un 9% y un 50% al marchamo de aquellos vehículos con un valor fiscal inferior a los ¢15 millones.
Estos representaba reducciones máximas de ¢44.330 para los vehículos con un valor de ¢15 millones, y mínimas de ¢13.800 para aquellos cuyo valor fiscal estuviese por debajo de los ¢240.000.
La rebaja no logró el aval del Gobierno aún a pesar de que los diputados suavizaron la versión aprobada en 2020, ante los estragos de la pandemia de COVID-19. En aquel entonces, la reducción a 1,2 millones de propietarios de vehículos redujo la recaudación tributaria en unos ¢57.989 millones.
Esa cifra representa el doble de lo que Hacienda espera recaudar con su proyecto de reforma al Impuesto Solidario de Vivienda, conocido como el impuesto a las casas de lujo, por poner un ejemplo.
El veto se confirma solo horas después de que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) aprobó las tarifas del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), correspondientes al período 2022.
Este seguro es el segundo componente de más peso en el marchamo, en el caso de los vehículos, por detrás del impuesto a la propiedad.
La decisión presidencial generó la molestia de diputados propulsores en el Congreso. Franggi Nicolás, de Liberación Nacional (PLN), aseguró que se trata de una reacción “insensible” del mandatario.
“Hasta el último momento, el señor presidente se esperó para anunciarle a los costarricenses que, a pesar de esta dura crisis, no aceptará este justo rebajo. Y lo hizo así, hasta el último día, para no permitirle a los diputados ninguna alternativa para rescatar este proyecto”, escribió a través de sus redes sociales.
Pablo Abarca, jefe de Unidad Social Cristiana (PUSC), calificó la decisión como “un acto de cobardía para evitar que la Asamblea Legislativa pueda resellar”.