Economía y Política

Rebaja a marchamo 2022 logra aprobación legislativa pero se mantiene a la sombra del veto presidencial

La rebaja al marchamo se discute al filo del inicio de su cobro del gravamen y con la amenaza de un eventual veto por parte del Poder Ejecutivo

La Asamblea Legislativa aprobó en primer debate el proyecto de ley para reducir el Impuesto a la Propiedad de Vehículos, con un valor inferior a los ¢15 millones. La iniciativa recibió el visto bueno de toda la oposición y solo la votó en contra la fracción de Gobierno.

El texto ahora deberá discutirse y votarse en segundo debate; y luego tendrá que pasar a manos del presidente, Carlos Alvarado. El mandatario deberá decidir entonces si firma o si veta la iniciativa, con la que ha dicho estar en desacuerdo.

La versión del proyecto de Ley para el Alivio en el Pago de Marchamo (22.519) es menos ambiciosa que la de 2020.

En esta ocasión, busca reducir el gravamen a través de una disminución en los porcentajes de la escala con la que se calcula el impuesto.

La fórmula aprobada por los diputados reduciría el gravamen en un 50% hasta los primeros ¢240.000 del valor de cada vehículo; en un 33,3% hasta los ¢940.000; en un 20% hasta los ¢1,9 millones; en un 10% hasta los ¢2,8 millones; en un 4% hasta ¢3,5 millones; en un 3,3% hasta los ¢4,2 millones; y hasta en un 5,7% a partir de ese monto.

Esto implica que si su vehículo tiene un valor fiscal de ¢7 millones, entonces tendría que pagar un total de ¢177.000 por impuesto a la propiedad de vehículos, en lugar de los ¢205.000 que tendría que pagar regularmente.

El año pasado, la reducción fue mucho más amplia. Se aplicó un 50% al impuesto general (no en los tramos de su escala) para el impuesto a los vehículos de hasta ¢7 millones; de un 25% para aquellos con un valor de entre ¢7 millones y ¢10 millones; y de un 10% para aquellos de entre ¢10 millones y ¢15 millones.

La rebaja al impuesto a la propiedad de vehículos sería de un 45% para vehículos de ¢1 millón; de 30% para aquellos de ¢3 millones; de un 18% para los de ¢5 millones y de menos de un ¢15% a partir de los ¢6 millones.

Los porcentajes serían menores como proporción de marchamo, que también incluye otros cobros por timbres y seguros.

El impuesto a la propiedad de vehículos, que es el monto rebajado por esta reforma, apenas representa cerca de un 65% del total.

Trámite complejo

Pese a la aprobación del proyecto en primer debate y su eventual votación en segundo debate, esta misma semana, la iniciativa aún tiene un trámite complejo por delante y su panorama es incierto.

El impuesto se pone el cobro a partir del primer día de noviembre, por lo que la reforma legal debería estar aprobada de manera definitiva antes de esa fecha en el Congreso. También debería quedar firmada por el presidente Alvarado y publicada en el diario oficial La Gaceta antes de ese momento.

Sin embargo, el presidente Alvarado tendrá 10 días hábiles a partir de que reciba el proyecto de ley aprobado para vetarlo total o parcialmente.

En caso de un veto general, el texto regresaría al Congreso y este solo podría aprobar la iniciativa con el respaldo de al menos 38 de los 57 legisladores. En caso de un veto parcial, el Gobierno propondría una reforma al texto y esta tendría que ser analizada en el Congreso, previo a una decisión final.

Todo esto supone pausas que podrían ser letales para el proyecto y que son plausibles, si se toma en cuenta que el Poder Ejecutivo ha anunciado su total oposición a la iniciativa.

Según estimaciones de Hacienda, la rebaja tendría un efecto limitado para los contribuyentes, no beneficiaría a las personas más pobres del país (que en su mayoría carecen de vehículos) y reduciría la recaudación tributaria del país en unos ¢30.000 millones (0,08% del PIB), en tiempos en que más bien se busca un ajuste fiscal en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El rechazo oficialista se mantiene a pesar de que los diputados de oposición desistieron de aplicar una rebaja tan amplia como la que se hizo en 2020. Esa le habría reducido los ingresos al Estado en unos ¢30.000 millones adicionales.

El presidente Alvarado ha evitado confirmar que vetaría la iniciativa si se aprueba, para “no adelantarse”. Sin embargo, dejó entrever que lo haría ante consultas de la prensa, a inicios de mes. “Ustedes ya saben qué es lo que yo haría frente a una situación de esas”, avisó.

Josué Alfaro

Josué Alfaro

Periodista de la sección de Economía y Política de El Financiero. Graduado de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.