El Ministerio de Hacienda confirmó desde el nueve de julio pasado que pretende arrancar con el trámite de la reforma fiscal en agosto próximo.
Sin embargo, el Poder Ejecutivo aún no comunica tal decisión a los diputados de oposición que dominan la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde llegarían para su debate preliminar los proyectos para hacer variaciones a los impuestos sobre la renta y sobre las ventas.
La presidenta de Asuntos Hacendarios, Rosibel Ramos, diputada de la Unidad Social Cristiana (PUSC), afirmó este viernes a EF que ni el Ministerio de Hacienda, ni Casa Presidencial, le han comunicado la decisión de iniciar el trámite de la reforma fiscal durante agosto, mes de sesiones extraordinarias en las que la Presidencia de la República controla la agenda de proyectos que discute el Congreso.
Por la naturaleza de los proyectos de reforma fiscal y ante la falta de diálogo previo, Ramos vaticina que las reformas al tributo sobre la renta y para transformar ventas en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tendrán un trámite complejo.
"Va a haber un análisis profundo de esos proyectos de ley en cada fracción que integra la comisión. El éxito del trámite depende mucho de que logremos un diálogo con Hacienda que nos permita ponernos de acuerdo en los detalles", sostuvo Ramos.
La diputada afirmó que el bloque de oposición comunicó desde hace varias semanas su intención de no acelerar el trámite de ningún proyecto que aumente la recaudación de impuestos hasta tanto no tenga certeza de que Hacienda enviará en setiembre un presupuesto para el 2016 con "una clara política de contención del gasto".
Doble urgencia
El déficit fiscal costarricense cerró el 2014 en un 5,7% del PIB. Las autoridades de Hacienda informaron de que el déficit financiero del Gobierno Central alcanzó a junio fue el equivalente a un 2,8% de la producción nacional.
Con las reformas a los tributos sobre la renta y sobre las ventas, Hacienda espera aumentar la recaudación anual de impuestos en un 2% del PIB, cerca de ¢600.000 millones más por año.
Pero no todo en la reforma fiscal gravita alrededor de disminuir el faltante de recursos que sufre el Gobierno Central para hacer frente a sus obligaciones.
Las modificaciones también tienen como objetivo enviar señales de responsabilidad fiscal a los organismos financieros internacionales y a las calificadoras de riesgo para que la deuda externa costarricense no sufra una nueva revisión a la baja de su calificación, lo cual complicaría los términos para que el país acuda a ese tipo de financiamiento.
El ministro de Hacienda, Helio Fallas, ha dicho que los organismos financieros multilaterales y las calificadoras de riesgo aplacarían sus preocupaciones por la situación fiscal costarricense con la eventual aprobación de la reforma que instauraría el IVA en Costa Rica.
Sin embargo, la oposición con representación legislativa considera ese argumento de Fallas como ardid para aumentar el flujo de recursos hacia el Gobierno, los cuales podrían usarse para aumentar más el gasto público, algo que los opositores desean frenar.
En medio de ese panorama adverso al debate sobre el aumento de la carga tributaria, el Gobierno del presidente Luis Guillermo Solís se inclinó por no enviar al Congreso un paquete de medidas fiscales, sino proyectos de ley por separado, a diferencia de las administraciones de los presidentes Abel Pacheco (2002-2006) y Laura Chinchilla (2010-2014). La lista de iniciativas de tipo fiscal llegaría a ocho de concretarse el envío de los planes relacionados con renta y ventas.
Al contrario que los citados gobiernos, el actual no ha dado señales de querer tramitar los proyectos para aumentar la recaudación fiscal a través de la vía rápida estipulada en el Reglamento Interno del Congreso.