Mientras el Gobierno se esfuerza por generar iniciativas que le permitan a la ciudadanía tener acceso a información pública en formatos abiertos, la Sala Constitucional parece socavar esas buenas intenciones.
Los magistrados validaron el derecho de las instituciones del Estado a colocar claves en sus bases de datos con el fin de que esa información no sea “manipulada”.
El hecho de poner una contraseña que impida el procesamiento de la información en un programa de computadora es contrario a los principios de datos abiertos suscritos por Costa Rica en el 2012.
La traba apareció por una investigación periodística que pretendía generar conocimiento a partir del análisis de datos.
El tema podría ser más serio en el futuro cuando los datos solicitados por ciudadanos o periodistas sean “sensibles” para los intereses de una institución.
La Sala Constitucional habló
En agosto del 2015, el equipo periodístico de EF inició una investigación para analizar la conformación salarial de 19 instituciones públicas del país.
Los periodistas Alejandro Fernández y Cristina Fallas solicitaron datos sobre la composición salarial del Banco de Costa Rica (BCR). No se solicitaban los nombres de quienes recibían cada salario, pues el objetivo de la investigación era determinar la desigualdad salarial en cada institución calculando un índice de Gini para cada una.
El BCR remitió una base con más de 500.000 datos en respuesta a la solicitud de este semanario.
El documento de Excel tenía una clave que impedía el procesamiento de la información y limitaba la opción de generar una copia para trabajar sobre ella.
El caso se elevó a la Sala Constitucional y los magistrados dieron la razón al BCR, con el argumento de que se debe cuidar la información para evitar “alteraciones o modificaciones” con respecto a la base de datos original.
La Sala IV agregó que ni el BCR ni otras instituciones públicas están obligadas a entregar la información en un formato específico solicitado.
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El magistrado Fernando Cruz indicó que aunque el BCR puso una clave que impedía trabajar con los datos, el medio de comunicación puede contratar a un especialista o informático que quite esa traba.
Fernández, quien hoy se desempeña como periodista de datos de Univisión, considera que el hecho de obligar a un medio a transcribir 500.000 datos para poder procesarlos con programas de computadora puede inducir a un error o una alteración.
El periodista agregó que hay una contradicción en la argumentación del magistrado Cruz, quien primero afirma que la clave protege los datos, y después, asegura que esa contraseña puede ser eliminada por un técnico.
“Para don Fernando, el manejo de datos con computadoras es un privilegio de algunos, no de todos los ciudadanos. Implica una discriminación. Una violación al principio de igualdad. Esto es grave”, aseguró Fernández.
Direcciones opuestas
La decisión de la Sala, que limita el acceso a datos públicos en formatos abiertos, va en la dirección opuesta a los pasos que ha dado el país en la búsqueda de una mayor transparencia en el sector público.
Ignacio Alfaro, abogado de Abriendo Datos Costa Rica, dijo que la sentencia es “peligrosa” porque atenta contra los principios de acceso a la información que se buscan en la actualidad desde el Poder Ejecutivo y en el resto del mundo.
“La resolución valida que otras instituciones públicas pongan claves o trabas en el futuro para acceder a datos públicos”, aseveró Alfaro.
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Los magistrados indicaron que la clave sirve para proteger los datos y evitar que sean alterados en el proceso de análisis.
El Gobierno ha dado pasos en los últimos años para procurar que las personas tengan acceso a la información en formatos de datos abiertos.
Ana Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, dijo que en el Gobierno respetan el fallo y que lo toman como un elemento a considerar para desarrollar la política nacional en materia de datos abiertos.
El Gobierno trabaja un decreto que podría ser firmado a inicios del próximo año para promover los datos abiertos en las instituciones del país.
Ese decreto sería una normativa temporal mientras se aprueba un proyecto de ley que llegará en los próximos meses a la Asamblea Legislativa.
Zúñiga aseguró que el principal reto para avanzar poco a poco hacia los datos abiertos es cambiar la mentalidad de los funcionarios públicos.
El país forma parte de la iniciativa Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), desde el 2012.
Se trata de un acuerdo asociativo entre varios países que busca promover políticas de derecho de acceso a la información, transparencia, participación ciudadana y gobierno electrónico.
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El Poder Ejecutivo ha integrado una serie de esfuerzos para convertirse poco a poco en un gobierno abierto.
La idea es que poco a poco las instituciones públicas tengan datos abiertos en sus páginas web.
Esos datos deben presentarse en formatos abiertos que faciliten la investigación, el análisis y la generación de conocimiento.
Sala IV avaló poner clave a datos públicos del BCR
Resolución es contraria a los principios de datos abiertos del Gobierno.
Camino legal
G3 de agosto del 2015:
Periodistas de EF solicitan información sobre la composición salarial al Banco de Costa Rica (BCR) para un reportaje.
27 de agosto del 2015:
El BCR envía un documento con 500.000 datos a los periodistas de EF pero coloca una clave que impide hacer cálculos con ellos.
28 de febrero del 2016:
EF publica su reportaje titulado “Estas son las instituciones con lamayor inequidad salarial” sin los datos solicitados al BCR.
21 de abril del 2016:
Periodistas de EF presentan recurso de amparo ante la Sala Constitucional para pedir datos sin clave y poder trabajarlos en Excel.
6 de mayo del 2016:
Sala Constitucional rechaza recurso de amparo y asegura que los datos pueden tener clave para que no sean modificados.
17 de agosto del 2016:
El BCR comunica a EF que la entidad está dispuesta por decisión “voluntaria y soberana” a dar la clave para trabajar con los datos.
¿Qué resolvió la Sala Constitucional?
“El banco accionado no estaba obligado a brindar la información en un formato ‘desprotegido’ que permitiera a los recurrentes trabajar con los datos desde esa misma hoja”.
“Los accionantes pueden transcribir o imprimir la información si lo que buscan es analizarla desde diferentes aristas”.
“Los amparados alegan que la cantidad de información es mucha para ser procesada por un medio diferente al computarizado; sin embargo, cabe destacar que fueron ellos mismos quienes solicitaron esa cantidad de datos”.
¿Cuáles son los cuestionamientos a la decisión de la Sala IV?
La Comisión Nacional de Gobierno Abierto trabaja en una política nacional de datos abiertos que permitan a ciudadanos y periodistas tener acceso a información en formatos que se puedan trabajar. No con una clave.
Obligar a una persona o medio de comunicación a transcribir 500.000 datos para poder realizar cálculos en un programa computarizado, podría provocar que se den errores de transcripción en la información final.
La Sala IV concluyó que los periodistas pidieron muchos datos y eso les dificulta la transcripción, esta idea podría ser una barrera para los medios de comunicación a la hora de delimitar la información que necesitan.