Iniciar una construcción en Costa Rica no es tarea fácil. Los trámites previos son los que más complican y atrasan el banderazo de arranque de la obra, entre ellos destaca la obtención del permiso ambiental.
Un grupo de 30 profesionales –asesores y consultores– del sector construcción señaló que el trámite de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) es uno de los principales cuellos de botella en el complicado camino para terminar una edificación. Así se desprende de un estudio elaborado por la Academia de Centroamérica, por encargo de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC), y publicado en mayo del 2018.
La Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), creada en 1995 por medio de la Ley Orgánica del Ambiente (7554) tiene la función de garantizar que los proyectos productivos, como actividades industriales, constructivas o de servicios, se ejecuten bajo las reglas del país mediante planes claros que expliquen paso a paso cómo se mitigará o reparará el daño ambiental ocasionado.
Casi 24 años después de su creación, esta dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se convirtió en uno de los principales embudos para el desarrollo del país, atada por factores internos como su propia incapacidad para modernizarse, para ofrecer trámites digitales más expeditos y para atender con eficiencia la creciente cantidad de expedientes que recibe cada año.
El 17 de agosto del 2018, el Gobierno firmó un decreto para transformar la Secretaría en un proceso que se extendió por nueve meses y que culminará a finales de julio de este año con una propuesta que incluye varios cambios, como, por ejemplo, una reestructuración administrativa, la corrección y digitalización de trámites y la simplificación de procesos.
En medio de este nuevo intento por darle aires de modernidad y eficiencia a una institución sumida en el entrabamiento crónico, el Ejecutivo impulsará un cambio sustancial en el papel que juega la entidad.
“Pasará de ser revisora a convertirse en fiscalizadora”, explicó Cynthia Barzuna, secretaria técnica de Setena en entrevista con EF.
¿Qué cambiará?
Es cierto que desde afuera existe recelo del sector productivo sobre la promesa de transformar a la Secretaría. Las razones para sostener este nivel de incredulidad sobran. A inicios del 2018 la institución tenía 400 expedientes en fila y a la espera de recibir, de forma manual, una resolución.
Con un plan de emergencia, la Secretaría logró reducir esa presa a 96 casos en el primer semestre de este año y mejorar el porcentaje de atención a los diferentes proyectos.
El decreto firmado por el Gobierno permitió crear una comisión transformadora que a su vez nombró tres comités para que trabajaran en áreas específicas: uno para el sector agro, otro para la construcción y el último para el análisis normativo.
La primera tarea de este entramado de grupos era crear una propuesta para ejecutar una transformación administrativa que permitiera hacer más eficientes y cortos los procesos internos, utilizar mejor el tiempo de los empleados y facilitar las cosas para los proyectos que ingresan.
Fue así como la reestructuración se empezó a implementar con modificaciones al reglamento general que incluyen una nueva clasificación de actividades, protocolos, metodologías de trabajo y definiciones para delimitar mejor la responsabilidad compartida entre los consultores ambientales externos que son contratados para cada obra de construcción y los evaluadores de la entidad.
Luego vinieron una serie de cambios para digitalizar trámites que generarán un impacto en el flujo de trabajo de los funcionarios y, por ende, permitirán atender en menos tiempo los nuevos casos.
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El pasado 5 de julio se publicó en el diario oficial La Gaceta un decreto que permite registrar de forma digital y desde una computadora, cualquier proyecto de bajo impacto ambiental mediante el formulario D2.
Este cambio significa que el 54% de los expedientes que recibe Setena tendrán un permiso para arrancar con solo presentar una declaración jurada de compromisos ambientales y con el entendido de que se le harán revisiones posteriores.
Con esta modificación se le dará prioridad a los obras de alto impacto ambiental que se tramitan a través del formulario D1 y a los de inversión pública como escuelas, carreteras y otros, que ingresan con el formulario D3.
Antes todos los expedientes entraban en una sola corriente y las construcciones de bajo impacto –como una casa o un parqueo– atrasaban el otorgamiento de la viabilidad para desarrollar un aeropuerto, un colegio o un centro comercial.
La comisión transformadora también propondrá crear un sistema fiscalizador para que Setena deje de ser un receptor inicial de expedientes y se convierta en un fiscalizador más robusto de los proyectos en sus fases de construcción y conclusión.
Otro de los cambios vendrá con un sistema sancionador para aplicar multas o castigos administrativos, civiles o penales a los consultores ambientales externos que presenten mal los documentos y planes o que induzcan a error a los evaluadores que trabajan para la secretaría.
“Esto es algo que existe, pero nunca se ha aplicado, sobre todo a nivel de sanciones civiles o penales”, comentó Barzuna.
La reestructuración administrativa incluye la elaboración de un manual de puestos para definir mejor las tareas de los 93 empleados de la entidad. Además, aplicarán análisis con ingenieros industriales para acortar la cantidad de pasos y dependencias por las que debe pasar un expediente para recibir un aval ambiental, modificarse o archivarse.
La jerarca aceptó que también barajan la posibilidad de recomendar cambios para aclarar mejor las funciones de Setena que actualmente están establecidas en apenas ocho artículos de la Ley Orgánica del Ambiente. La comisión transformadora presentará a finales de julio una propuesta a Carlos Manuel Rodríguez, ministro de Ambiente y Energía, quien definirá la priorización y los cambios que se aplicarán.
Digitalización con poco dinero
La Setena tiene un presupuesto que ronda los ¢2.300 millones y apenas representa un 24% del total de dinero que recibe el Minae cada año. A pesar de eso, la propuesta de digitalizar más trámites continúa intacta.
La aspiración de Barzuna, quien asumió el cargo de jerarca apenas en mayo del 2019, es trasladar todos los trámites a la plataforma digital en el mediano plazo. Por ahora eso implica subir a la nube documentos que están en físico y aumentar la capacidad de almacenamiento.
Para este año los funcionarios utilizarán los servidores, discos duros externos y llaves maya como plataforma para guardar los expedientes digitales, aunque se ejecutarán modificaciones en partidas presupuestarias para invertir en la nube el próximo año.
El proceso de digitalización es complejo y lento, sobre todo en una entidad que arrastra años de rezago tecnológico con muy pocas inversiones en esa área y donde impera el trabajo de recepción de grandes documentos en papel que luego son procesados de manera tradicional.
Un atisbo de mejoría en esa dirección es el lanzamiento, a partir de agosto, de la Bitácora Ambiental Digital; se trata de una plataforma elaborada por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) que permitirá controlar cada una de las fases de los proyectos que ya recibieron permiso de Setena.
Esta plataforma, que también estará disponible como app para celulares, registrará cierres técnicos, anotaciones hechas por funcionarios en el campo, resultados de visitas de inspección a las obras, entre otros cambios.
El sistema se alimenta de varias bases de datos de diferentes instituciones relacionadas con procesos de construcción. La secretaria técnica de Setena aspira ampliar este sistema para permitir que toda la historia; antes, durante y después de cada obra; esté registrada en línea y se pueda fiscalizar con base en los datos disponibles.