Por: Eugenia Soto Morales.   18 marzo
En febrero Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, presentó a la Asamblea Legislativa el proyecto para usar fondos de los superávits de once entidades para disminuir el peso de la deuda en las finanzas públicas. Foto de Jorge Castillo

El Ministerio de Hacienda cuenta con la aprobación de préstamos con organismos multilaterales y la transferencia de superávits de instituciones públicas a sus propias arcas para hacerle frente a los meses en que recaudará menos, después de la aprobación del proyecto Ley de Alivio Fiscal ante el COVID-19 (21845).

El texto recibió el apoyo unánime de 47 diputados la noche del martes 17 de marzo en primera instancia y deberá votarse en segundo debate el jueves 19 de marzo.

La entrada en vigencia de la ley le permitirá a ciertos contribuyentes postergar el pago de varios impuestos a pagar entre abril y junio hasta el 31 de diciembre del 2020.

De esta manera, el Poder Ejecutivo pretende ayudar a que las empresas mantengan la liquidez necesaria para mantener sus planillas en medio del bajón de la actividad económica por la propagación del nuevo coronavirus.

Esos fondos le harán falta al Gobierno para enfrentar sus propios gastos. En promedio Hacienda ha registrado egresos mensuales promedio por más de ¢703.329 millones entre agosto de 2019 y enero de 2020.

En declaraciones al programa televisivo 7 Días, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda, estimó que con la implementación de la moratoria se aplazaría el pago de ¢342.000 millones en impuestos.

En camino

El proyecto para aprovechar superávits de ciertas entidades públicas llegó a la Asamblea Legislativa el 10 de febrero, cuando Chaves expuso ante los legisladores una hoja de ruta para reducir el peso de la deuda sobre las finanzas públicas.

Sin embargo, ahora el principal objetivo del Ejecutivo es paliar el golpe económico de la COVID-19 y los cerca de ¢226.000 millones en superávits de once entidades públicas se utilizarían para financiar los gastos del Gobierno durante los meses de la moratoria.

“El proyecto Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos Públicos (21.794) representa un 0,6% del Producto Interno Bruto, según estimaciones que ha comunicado el ministro de Hacienda. Eso nos ayudará a compensar el faltante”, aseguró a EF Pilar Garrido, ministra de Planificación y cabeza del equipo económico del Gobierno.

El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) es la principal fuente de dinero, pues el proyecto echa mano a ¢40.000 millones de este fondo creado con el dinero producto de la concesión de parte del espectro radioeléctrico a las empresas Claro y Telefónica.

El proyecto también prevé obtener ¢34.000 millones de la Junta de Protección Social (JPS), ¢33.000 millones del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y ¢25.804 millones del Instituto Costarricense de Turismo, entre otros.

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Hasta el inicio de la emergencia nacional, el texto experimentaba un trámite normal por los pasillo de la Asamblea Legislativa. Actualmente se encuentra en debate en la Comisión de Hacendarios aunque existe la posibilidad de que sea dispensado de trámite para que se debate en el plenario.

“Tenemos hoy una sesión de trabajo para revisar las notas de las instituciones que están autorizando los traslados, y para verificar alguna duda puntual en la comisión. Existe una alta probabilidad que el proyecto pueda ser trasladado al plenario y avanzar ahí en su discusión”, explicó Ana Lucía Delgado, diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la Comisión de Hacendarios.

Multilaterales

El otro as bajo la manga del Ejecutivo es el financiamiento con organismos multilaterales.

Al menos uno ya está en la corriente legislativa, a donde llegó como parte de las acciones para reperfilar la deuda pública: el préstamo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones.

Este empréstito llegó a la Asamblea Legislativa en junio del 2019 y su tránsito por Cuesta de Moras ha sido lento. Para empezar el país debía convertirse en accionista de la CAF y capitalizar a la entidad con $100 millones.

Este paso se concretó el 3 de enero del 2020, sin embargo los diputados lucían poco inclinados a aprobar más deuda para el Ejecutivo después de que el déficit fiscal cerrara el 2019 en un récord de casi 7% de la producción.

Prueba de esto fue la renuncia del propio Ejecutivo a la idea de emitir bonos de deuda externa este año.

Ahora, este empréstito se usaría para enfrentar la emergencia, una misión en la que los legisladores han cerrado filas con el Ejecutivo, como lo prueba la aprobación relámpago de la moratoria tributaria.

“Hemos pedido apoyo a la Asamblea Legislativa para apoyar este préstamo con la CAF así como un crédito de apoyo presupuestario con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que estaremos presentando a los diputados para reperfilar nuestra deuda y no presionar al alza las tasas de interés locales”, comentó Garrido.

El Gobierno también solicitó al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) un crédito de cooperación no reembolsable por $1 millón. Este dinero se destinará de manera exclusiva a alimentar el Fondo Nacional de Emergencias.

La moratoria

El aplazamiento en el pago de impuestos aprobado por los diputados comprende al impuesto de valor agregado (IVA), el tributo sobre las utilidades, los aranceles a la importación de mercadería y el impuesto selectivo de consumo que pesa sobre bienes como los automóviles.

Los contribuyentes responsables de girar estos dineros a Hacienda podrán dejarse el dinero hasta el 31 de diciembre de este año.

Sin bien la medida busca aliviar la presión sobre el flujo de caja de las empresas, la Unión de Cámaras (Uccaep) han cuestionado la efectividad de la medida.

“Si no vendo nada, no tengo utilidades y no tengo que pagar renta. Esas son medidas de muy poco impacto”, aseguró Álvaro Sáenz, presidente de la organización.