Por: María Luisa Madrigal.   1 abril
La Ministra de Planificación y el Ministro de Hacienda presentan uno de los proyectos de ley para enfrentar el impacto del COVID-19. Foto cortesía de Presidencia de la República.

Apenas un mes después de que el Gobierno anunciara que recogería ¢227.101 millones en superávits de instituciones para pagar deuda pública, el panorama cambió.

Tras ser consultadas de forma directa por la Asamblea Legislativa, no todas las entidades en la lista se declararon en sintonía con la administración central y, en consecuencia, el dinero se redujo en 38%. Es decir, ¢86.357 millones menos.

El Proyecto de Ley Pagar (21.794) presentado por el Ejecutivo el 19 de marzo, tomaría el dinero de 11 instituciones autónomas, fondos y dependencias para reducir el peso de la deuda del Gobierno. Sin embargo, con el estallido de la pandemia del nuevo coronavirus el texto se incluyó dentro del Plan Proteger que pretende aumentar la liquidez del Gobierno para hacerle frente a la emergencia sanitaria y al congelamiento de la actividad económica.

Sin capital para “Pagar”

Los más de ¢200.000 millones solicitados inicialmente por el Gobierno representan un 0,62% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, tal y como lo recoge la justificación presentada por ellos.

Como parte del trámite en el Congreso, la comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, solicitó a todas las instituciones expresas en el proyecto de ley una carta donde la junta directiva de cada institución, dejara claro el apoyo a la solicitud del Gobierno. Es decir, si aceptan o no dar el dinero de los superávits.

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Con ¢86.000 millones menos sobre la mesa, el proyecto está en pausa en la corriente legislativa.

“Actualmente se encuentra en análisis en la mesa de jefes de fracción y directorio. Lógicamente, revisando las cartas hay algunas instituciones que dicen que no estarían dispuestos a entregar los rubros. Como no existe un acuerdo en relación con ese tema, por eso es por lo que se mantiene todavía en la mesa de jefes de fracción y presidencia de la Asamblea”, explicó la diputada de Liberación Nacional (PLN) y presidenta de la comisión de Asuntos Hacendarios, Ana Lucía Delgado.

¿Por qué no?

EF consultó a la Sutel, Fonatel y la JPS para detallar las razones por las que no están de acuerdo con la deducción de los montos de superávit detallados por el Gobierno en el proyecto de ley. Al cierre solo las dos primeras contestaron. Sin embargo, en las cartas formales enviadas a la Asamblea Legislativa, todas las instituciones exponen sus motivos.

En el caso de la JPS, la junta directiva detalló que por el estado de emergencia causado por el COVID-19, se tuvo suspender los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular. Esta suspensión implica, según datos de la Junta, que dejen de percibir cerca de ¢3.500 millones.

“Lo anterior obliga a la JPS a disponer de al menos de ¢5.000 millones para mitigar el impacto de la suspensión de sorteos en lo que respecta a la distribución de utilidades a sectores vulnerables que su nutren de éstos para su operación y en estudiar posibilidades de apoyo económico a las personas vendedoras de lotería”, ahonda el documento.

Según la junta, la posibilidad de que se pueda extender la medida de suspensión, hace necesario que la institución tenga a mano “más recursos financieros para hacer frente a su impacto”

La JPS también justificó trasladar solo una parte de los recursos al proyecto “Pagar” en que el edificio donde están las oficinas centrales tiene “graves fallas estructurales”. En consecuencia, deben tomar acciones para salvaguardar la integridad de las personas que lo visitan.

Sutel, también rector de Fonatel, señaló que no fueron consultados sobre el proyecto antes de que se presentará en la Asamblea Legislativa. Según la institución, para la elaboración del texto el Gobierno no tomó en cuenta “la información de ejecución, compromisos contractuales y flujo financiero” para generar el “análisis integral de las necesidades y compromisos existentes” que expone el proyecto de ley.

En respuesta a EF, Federico Chacón, presidente del Consejo de Sutel detalló que fue hasta que el proyecto estuvo en el Legislativo que se percataron de que la información utilizada del superávit no es la correcta.

Al 31 de diciembre del 2019 el superávit específico acumulado fue de poco más de ¢5.669 millones, de ellos; ¢2.679 millones están siendo ejecutados en el presupuesto 2020 según Chacón y ¢2.989 millones, “son para financiar compromisos contractuales y proyectos estratégicos definidos en el Plan Operativo Institucional”.

Ese es solo uno de los puntos por los que la superintendencia se opone a la entrega del superávit, tanto propio como de Fonatel. Además, señalan que el proyecto de ley incide directamente en el cumplimiento de las funciones de ambas instituciones y en el caso del fondo, obligaría a recortar el alcance de los proyectos en ejecución.

Sutel detalló que solicitaron audiencias con distintos ministros de Gobierno para expresar estos puntos. Aunque fueron atendidos por el rector de comunicaciones y por la Ministra de Comercio Exterior, tanto la Ministra de Planificación, Pilar Garrido, como la de Educación, Giselle Cruz cancelaron las audiencias. Además, según detallan en el texto enviado a los diputados, no obtuvieron respuesta del ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves.

Otra en presentar argumentos distintos a lo expuesto en el proyecto de ley es Recope, aunque no declaran estar en oposición al giro de dinero.

La junta directiva de la refinadora indicó que tienen “dudas” porque la liquidación de Soresco –de donde saldría el dinero– se encuentra en proceso suspendido por la emergencia nacional. Es decir, no hay certeza de la fecha en la que se termine ni de cuánto dinero va a resultar de la liquidación.

Por este motivo, según Recope “indicar una suma determinada, tal y como se consigna, podría originar situaciones en las que no se ajuste a la literalidad de lo propuesto”

Por su parte el ICT solicitó ser excluido del proyecto de ley por el impacto que ha tenido el COVID-19 en el sector turístico del país.

Aunque el Estado es el “patrono” de estas instituciones, el superávit funciona distinto dependiendo del tipo de presupuesto de cada ente.

Por ejemplo, en los ministerios no se maneja como dinero depositado sino más bien como una aprobación presupuestaria que vence cada año y por ende no se puede acumular. Otras instituciones como Acueductos y Alcantarillados (AyA) o Recope funcionan con precios regulados, por lo que no acumulan ganancias y deben justificar el dinero acumulado ante la Contraloría General de la República.

Por su parte, en las llamadas empresas del Estado, como los bancos, el Instituto Nacional de Seguros (INS) o el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su rama de telecomunicaciones –Kolbi– el “superávit” es más bien considerado como utilidades o ganancias de sus operaciones.

Por esos motivos, el Poder Ejecutivo debe ampararse en una ley para pedir los recursos.

¿Para qué se usará el dinero?

El texto establece que el Ministerio de Hacienda está obligado a utilizar los recursos generados “para el pago del servicio de la deuda del Estado, entendiéndose esta última como el pago tanto de intereses, como de amortización de la deuda”.

La elección de las instituciones derivó de un análisis realizado por el Poder Ejecutivo para localizar superávit en el sector descentralizado institucional y diversos órganos desconcentrados que puedan ser utilizados para el pago del servicio de la deuda, “sin generar afectaciones en los fines públicos asignados de manera específica a cada una de las dependencias”, tal y como señaló el Gobierno en la comunicación oficial sobre el proyecto.